El Gobierno Petro pierde la Comisión Séptima del Senado y se tambalea la reforma a la salud: ¿contrarreforma en marcha?
GMTV Productora Internacional 
Redacción POLITICA
Bogotá – La sorpresiva elección del senador liberal Miguel Ángel Pinto como nuevo presidente de la Comisión Séptima del Senado marca un duro revés político para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El movimiento, impulsado por un bloque multipartidista que ha venido erosionando la agenda legislativa del Ejecutivo, representa más que una derrota simbólica: es el retorno de una oposición articulada que podría construir una contrarreforma a la ya debilitada iniciativa de salud del gobierno.
La presidencia de esta comisión, encargada de los temas sociales más sensibles —entre ellos salud, trabajo y pensiones— debía recaer, según los acuerdos previos, en el partido Comunes. Sin embargo, con 8 votos, una mayoría conformada por liberales, conservadores y otros sectores disidentes impuso a Pinto, reconocido contradictor de las reformas sociales del Gobierno. Su elección dejó al margen a Omar Restrepo, del partido Comunes, quien apenas obtuvo seis votos y debió conformarse con la vicepresidencia.
La ruptura de acuerdos y el resurgimiento de un bloque anti-reformas
La votación evidencia la fractura de las alianzas que Petro tejió con las fuerzas del llamado “Pacto Histórico ampliado” en el Congreso. En particular, pone de relieve la persistencia de un bloque que ya había logrado bloquear, en el pasado reciente, la primera versión de la reforma a la salud y la reforma laboral. Con la elección de Pinto, ese bloque vuelve a posicionarse en un lugar estratégico para detener o modificar sustancialmente los proyectos del Ejecutivo.
Fuentes legislativas señalaron que los nuevos integrantes de la Comisión Séptima estarían considerando presentar una ponencia alternativa —es decir, una contrarreforma— al texto que fue aprobado en la Cámara de Representantes. La intención sería renegociar el articulado con “líneas rojas” y ajustes sustantivos, especialmente en lo que respecta a mecanismos de control, auditoría y vigilancia del gasto en salud.
“Lo que no compartimos es que el proyecto venga sin ningún tipo de control, sin auditorías”, afirmó el senador Pinto tras su elección. “Eso abre la puerta a la corrupción. Hay que garantizar que realmente se pague por los servicios que se prestan en cada IPS”.
El Gobierno se anticipa con decreto: ¿una jugada legal o una salida desesperada?
Mientras el panorama legislativo se complica, el Gobierno optó por tomar un atajo normativo. El 30 de julio, el Ministerio de Salud expidió el Decreto 0858 de 2025, mediante el cual adopta oficialmente el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el espíritu de la reforma original.
El decreto modifica de fondo el actual marco normativo (sustituye la parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016) y establece como política pública nacional un nuevo modelo basado en prevención, atención primaria y enfoque territorial. Con ello, el Gobierno intenta avanzar en la implementación de su visión de sistema de salud, incluso sin respaldo legislativo.
No obstante, la constitucionalidad de este mecanismo ya empieza a ser cuestionada por sectores de oposición y analistas jurídicos, quienes advierten que, si bien el Ejecutivo puede reglamentar aspectos del sistema de salud, los cambios estructurales requieren mandato legal expreso del Congreso. Esto podría desembocar en una nueva controversia ante la Corte Constitucional.
¿Qué implica este reacomodo político?
La pérdida de la presidencia de la Comisión Séptima representa más que un revés coyuntural para el Gobierno. Refleja un desgaste progresivo de la coalición de gobierno en el Senado y la consolidación de un bloque legislativo que no solo puede frenar, sino también rediseñar el rumbo de las reformas sociales en Colombia.
La figura de Miguel Ángel Pinto, un liberal cercano a sectores tradicionales, indica que incluso partidos nominalmente aliados del Gobierno están tomando distancia del proyecto petrista. Esto puede anticipar un escenario en el que, más allá de las reformas sociales, el Congreso se convierta en un contrapoder efectivo frente a un Ejecutivo que ha optado por avanzar a punta de decretos y decisiones unilaterales.
En este contexto, el equilibrio institucional se pone a prueba: la apuesta gubernamental por la vía normativa podría enfrentarse pronto a demandas de inconstitucionalidad, mientras en el Senado se gesta una nueva versión del modelo de salud, con sello opositor y potencial apoyo mayoritario.
Conclusión
La presidencia de la Comisión Séptima ya no está en manos del Gobierno. La reforma a la salud, como fue planteada, pende de un hilo. Y en el Congreso —una vez más— se libra el pulso que definirá el legado social del presidente Petro. La gobernabilidad, lejos de consolidarse, enfrenta un nuevo obstáculo: la política del “centro con dientes”. Al final quedo claro que , lo único que salva el legado de este gobierno en las reformas, es la elección de un congreso de verdaderas mayorías oficialistas.
