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Redacción economía y Gobierno
En Colombia, el debate sobre el salario mínimo ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política. El presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un nuevo decreto transitorio para mantener el llamado “salario vital”, luego de que el Consejo de Estado suspendiera la normativa anterior. Lo que a primera vista parece un ajuste técnico es, en realidad, un nuevo episodio en el pulso entre el Ejecutivo y las altas cortes.
El salario mínimo en Colombia no es solo una cifra económica; es un símbolo político. Petro, cuyo proyecto se ha construido sobre la promesa de reducir desigualdades históricas, ha defendido la necesidad de que el ingreso básico refleje el costo real de vida. Sus críticos, sin embargo, advierten sobre presiones inflacionarias, impactos en el empleo formal y riesgos para la estabilidad fiscal.
La suspensión judicial reabre preguntas sobre los límites del poder presidencial en materia económica. ¿Puede el Ejecutivo redefinir unilateralmente los parámetros salariales cuando no hay consenso tripartito entre empresarios, trabajadores y gobierno? La respuesta no es solo jurídica; es profundamente política.
En un contexto de crecimiento moderado y persistente informalidad laboral, el nuevo decreto podría convertirse en un termómetro de gobernabilidad. Petro ha convocado nuevamente a sindicatos y empresarios al diálogo, buscando blindar la medida con legitimidad política.
Más allá del resultado inmediato, el episodio revela una tensión estructural: la dificultad de traducir un mandato de cambio social en políticas sostenibles dentro de marcos institucionales complejos. El salario mínimo, en 2026, no es solo una discusión económica. Es una disputa sobre el rumbo del modelo social colombiano.
