#Elecciones2026. Reforma política sacude el tablero electoral: partidos eliminados, políticos huérfanos y un 2026 incierto para Petro
GMTV Productora Internacional 
Redacción Política y Justicia
En un giro inesperado que reconfigura el mapa político colombiano, el Congreso aprobó este miércoles la controvertida reforma política impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa, presentada por el representante Alirio Uribe Muñoz del Pacto Histórico, redefine las reglas de juego para el reconocimiento de partidos, la financiación de campañas y la participación electoral, dejando fuera del sistema a decenas de movimientos políticos que no alcanzan los nuevos umbrales de representación.
La reforma, que se fundamenta en las recomendaciones del Acuerdo de Paz de 2016 y la Misión Especial Electoral, fue defendida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como “una apuesta por la transparencia, la equidad y la modernización democrática”. Pero para muchos actores políticos, la medida representa una purga institucional que amenaza con desdibujar la pluralidad y dejar sin partido a figuras clave del Congreso.
El nuevo orden político
Entre los cambios más significativos está la modificación de los requisitos para conservar la personería jurídica. Los partidos que no logren representación significativa en el Congreso perderán su estatus legal, lo que implica la pérdida de financiación estatal, acceso a medios, y posibilidad de presentar listas propias. Esta medida afecta directamente a movimientos como Colombia Justa Libres, Fuerza Ciudadana, Verde Oxígeno, y sectores del MAIS, entre otros.
“Esto es una limpieza política disfrazada de reforma”, declaró la senadora Aída Avella, quien advirtió que la medida “concentra el poder en los partidos grandes y elimina voces alternativas”. Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, quien ha hecho carrera como independiente, calificó la reforma como “una jugada para blindar al Pacto Histórico y a sus aliados rumbo al 2026”.
Políticos sin partido
La decisión deja en el limbo a decenas de congresistas que llegaron al Capitolio bajo el paraguas de partidos ahora deslegitimados. Figuras como Miguel Polo Polo, Catherine Juvinao, y David Luna enfrentan la posibilidad de quedarse sin aval para las próximas elecciones, a menos que logren incorporarse a nuevas colectividades o crear movimientos que cumplan con los nuevos requisitos.
Polo Polo, quien recientemente renunció al consejo comunitario que lo avaló, acusó al gobierno de “querer silenciar a quienes no se arrodillan ante Petro”. Juvinao, por su parte, expresó su preocupación por el impacto en la representación regional: “Muchos líderes locales quedarán sin herramientas para competir. Esto no fortalece la democracia, la reduce”.
La defensa del gobierno
Desde el Palacio de Nariño, el presidente Petro celebró la aprobación como “un paso hacia la verdadera democratización del país”. En su cuenta oficial, escribió: “La política no puede seguir siendo un negocio privado. Esta reforma devuelve el poder al pueblo y elimina la influencia corrupta del dinero en las campañas”.
El ministro Cristo, en declaraciones a medios, insistió en que “la ciudadanía está expectante con que el Congreso tome decisiones valientes. Esta reforma garantiza que las campañas sean financiadas exclusivamente por el Estado, que las listas sean paritarias y que el voto obligatorio fortalezca la legitimidad electoral”.
Consecuencias para el 2026
La reforma llega en un momento crítico, cuando los partidos comienzan a definir sus estrategias para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Con la eliminación de varias colectividades, el abanico de alianzas se reduce, y el Pacto Histórico emerge como el principal beneficiario.
Sin embargo, la medida también genera tensiones internas. Algunos sectores del Pacto, como el ala liderada por María José Pizarro, han expresado reservas sobre el impacto de las listas cerradas y la concentración de poder en la cúpula partidista. “La democracia no se fortalece con exclusión”, dijo Pizarro en una entrevista reciente.
Para Petro, la reforma representa una oportunidad de consolidar apoyos, pero también un riesgo. Si los partidos excluidos logran articular una narrativa de persecución política, podrían movilizar a votantes desencantados y generar una ola de rechazo que afecte la candidatura oficialista.
¿Voto obligatorio, solución o problema?
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la instauración del voto obligatorio. Aunque se contempla la objeción de conciencia, la medida ha sido criticada por expertos en derechos civiles. “Obligar a votar no garantiza participación consciente. Puede generar apatía y votos vacíos”, señaló la politóloga Sandra Borda.
El gobierno defiende la medida como una forma de aumentar la legitimidad de los procesos electorales. “La abstención ha sido utilizada como herramienta de manipulación. Con el voto obligatorio, todos los ciudadanos tendrán voz”, afirmó Cristo.
¿Financiación estatal, fin del clientelismo?
La reforma también prohíbe las donaciones privadas a campañas, buscando eliminar la influencia de intereses económicos en la política. Esta medida ha sido celebrada por organizaciones como Transparencia por Colombia, pero criticada por partidos que dependen de aportes ciudadanos para operar.
“Nos están dejando sin oxígeno”, dijo el representante del Partido Verde, Inti Asprilla. “La financiación estatal es insuficiente y no llega a tiempo. Esto favorece a quienes ya tienen estructura, no a quienes luchan por abrir espacio”.
¿Un sistema más justo o más cerrado?
La implementación de listas cerradas y paritarias busca fortalecer la cohesión interna de los partidos y garantizar representación de género. Pero críticos advierten que puede consolidar el poder de las élites partidistas y reducir la capacidad de los votantes para elegir candidatos específicos.
“Las listas cerradas son útiles si hay democracia interna. Pero en muchos partidos, las decisiones se toman en una oficina, no en una asamblea”, dijo el analista político Ariel Ávila.
¿Y ahora qué?
Con la reforma aprobada, el país entra en una nueva etapa política. Los partidos eliminados deberán decidir si se fusionan, se reinventan o desaparecen. Los políticos sin partido buscarán nuevos avales, y los votantes enfrentarán un sistema más regulado, pero también más cerrado.
Para el presidente Petro, el reto será mantener la narrativa de transformación sin caer en el autoritarismo. Para la oposición, el desafío será sobrevivir en un terreno cada vez más estrecho. Y para la democracia colombiana, la pregunta sigue abierta: ¿es esta reforma el inicio de una nueva era o el cierre de muchas puertas?
