Redacción MUNDO POLITICO
BRUSELAS — En una decisión histórica, la Unión Europea acordó la inmovilización indefinida de aproximadamente €210.000 millones en activos vinculados al Banco Central de Rusia y otras reservas rusas depositadas en instituciones europeas. La medida, diseñada para impedir su uso por Moscú en el corto plazo, abre además la puerta a una controvertida propuesta: utilizar ese colosal stock de activos congelados como garantía o base para préstamos destinados a la reconstrucción y apoyo a Ucrania.
La iniciativa, que pone fin a los periodos de renovación semestral de la congelación de fondos, responde a la preocupación de que vetos internos y presiones diplomáticas dejaran en riesgo la continuidad de las sanciones. Al hacer la inmovilización indefinida, la UE busca una posición más firme y menos vulnerable a cambios tácticos de miembros con simpatías prorruso. Pero el paso no está exento de obstáculos legales, económicos y diplomáticos.
¿Cómo se usarían esos fondos?
Bruselas explora modelos en los que los activos congelados funcionarían como colateral para un préstamo a gran escala, cuyo destino sería sostener el esfuerzo militar y humanitario de Ucrania, y financiar la reconstrucción. En la práctica, la UE y algunos socios contemplan emitir deuda respaldada por los activos, anticipando que, en el futuro, cuando haya resoluciones internacionales o sentencias que obliguen a Rusia a pagar reparaciones, esos préstamos puedan ser reembolsados. El argumento financiero es que se convierte en un anticipo sobre potenciales futuras compensaciones.
Pero el plan genera inquietudes: riesgos legales (demanda del banco central ruso contra Euroclear y posibles litigios), riesgos reputacionales (usar fondos congelados sin resolución judicial definitiva) y riesgos prácticos (qué ocurre si los tribunales fallan contra la UE o si terceros países ejecutan contrademandas). Bélgica, por ejemplo, ha expresado reservas por posibles responsabilidades desproporcionadas y exige garantías para no cargar con riesgos que pudieran recaer sobre su sistema financiero.
El litigio y la presión rusa
Moscú ya ha respondido con medidas legales: demandas y acciones contra entidades custodias, como Euroclear, que gestionan la custodia de muchos de esos activos. Las autoridades rusas sostienen que la congelación es ilegal y han iniciado múltiples reclamaciones que podrían derivar en largos pleitos internacionales. Es precisamente este escenario el que alimenta la cautela de países que, aunque favorables a la presión sobre Rusia, temen exponerse a responsabilidades financieras si las decisiones legales no resultan favorables.
Balance político: unidad vs fragmentación
La medida refleja un equilibrio delicado entre unidad política —la necesidad de mostrar una postura coordinada frente a la agresión rusa— y fragmentación interna por divergencias sobre la mejor forma de proceder. Países como Alemania y algunos miembros del G7 han mostrado apoyo a emplear activos congelados para sostener a Ucrania, mientras que otros exigen más garantías legales o prefieren mecanismos presupuestarios convencionales. La indefinición podría prolongarse hasta cumbres sucesivas, con negociaciones intensas sobre garantías, seguros y cláusulas que limiten la exposición de países más reticentes.
Efectos económicos y financieros
Desde el punto de vista macro, la inmovilización de €210.000 millones no supone una expropiación inmediata: los activos permanecen bloqueados en custodias europeas, donde no pueden transferirse a Rusia. La propuesta de usarlos como soporte de préstamos aumenta la presión sobre Moscú y envía una señal al mercado sobre la durabilidad de las sanciones. No obstante, analistas advierten que actos legales exitosos por parte de Rusia podrían desencadenar reclamaciones que afecten a instituciones financieras y a la percepción de riesgo en los mercados europeos.
¿Qué significa para Ucrania?
Para Kiev, la decisión es un avance que materializa el compromiso occidental —no solo declarativo— con la asistencia a largo plazo. Si la UE logra instrumentar un préstamo respaldado por activos congelados, Ucrania podría recibir fondos críticos para sostener su economía y comenzar a planear la reconstrucción de infraestructuras devastadas por el conflicto. Sin embargo, la efectividad dependerá de la rapidez con que se solucionen las dudas legales y se definan mecanismos de gestión y supervisión.
Conclusión
La inmovilización indefinida de los activos rusos y la idea de emplearlos como base financiera para la ayuda a Ucrania representan un punto de inflexión geoeconómico: subrayan la voluntad europea de apalancar la presión económica para objetivos estratégicos, pero también exponen a la UE a complejos retos jurídicos y financieros. La historia que se escribe ahora combinará diplomacia, litigios en tribunales internacionales y decisiones técnicas que definirán si esa riqueza congelada será finalmente un instrumento de justicia y reconstrucción, o un activo envuelto en años de pleitos y disputas.