Fiscalía acusa a 14 exmiembros de la Policía Nacional por desaparición forzada en el caso ‘Colectivo 82’
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Redacción Justicia y Paz
La Fiscalía General de la Nación ha formulado resolución de acusación contra 14 exintegrantes de la Policía Nacional, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 14 personas entre marzo y septiembre de 1982 en Bogotá y Gachalá, Cundinamarca. Este caso ha vuelto a la luz después de más de 40 años.
Los acusados, entre ellos el brigadier general (r) Nacin Yanine Díaz, así como otros oficiales, suboficiales y agentes retirados, han sido cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se hará efectiva en sus lugares de residencia.
Este caso, conocido como ‘Colectivo 82’, involucra a oficiales, suboficiales y agentes de la antigua División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (Dipec). El brigadier general (r) Nacin Yanine Díaz, junto con otros exfuncionarios enfrentará juicio por la privación ilegal de libertad y la desaparición de civiles, entre ellos siete estudiantes universitarios.
Contexto histórico y las acusaciones
La investigación señala que En 1982, los procesados, miembros de la antigua División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (Dipec), habrían actuado en alianza con el grupo paramilitar ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS) , conformado por actores estatales y civiles, en una operación para rescatar a tres menores secuestrados. En ese contexto, miembros de la Policía habrían detenido arbitrariamente a 14 personas, quienes fueron trasladadas sin órdenes judiciales y posteriormente desaparecidas. A pesar de décadas de investigaciones, el paradero de la mayoría de las víctimas sigue siendo desconocido, lo que refuerza el carácter permanente del delito.
Proceso judicial y medidas cautelares
Debido a la gravedad del caso, la Fiscalía ha impuesto medidas de aseguramiento de detención preventiva en los domicilios de los acusados. Dado que el paradero de la mayoría de las víctimas sigue siendo desconocido 42 años después, la Fiscalía ha considerado que este es un delito de ejecución permanente, lo que justifica la detención preventiva de los implicados.
Este avance judicial busca esclarecer uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos ligados a instituciones del Estado y poner fin a más de cuatro décadas de incertidumbre para las familias afectadas.
