#FraudeElectoral2026. ¿Aprobación del Pacto Histórico o jugada política del CNE? El pulso jurídico y electoral que definirá a Petro en 2026
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Redacción Política y Justicia
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reconocer la fusión de movimientos que dieron origen al Pacto Histórico, pero con un carácter condicionado y dejando en suspenso la participación de otros partidos aliados, ha abierto un nuevo capítulo en la tensión política que marcará la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026.
La medida, anunciada con efectos jurídicos limitados hasta tanto se resuelvan las investigaciones abiertas por el organismo, impacta directamente a Colombia Humana, movimiento liderado por el presidente Gustavo Petro, y reconfigura de manera abrupta el tablero político del oficialismo.
Según la resolución, la solicitud de fusión fue presentada el 13 de junio de 2025, pero su aprobación definitiva quedará condicionada a la culminación de trámites y revisiones jurídicas. Mientras tanto, el Pacto Histórico se reconoce formalmente como partido único, pero Colombia Humana y otros sectores afines quedan sin capacidad de actuar de manera autónoma en consultas internas o en la definición de listas.
El golpe a Colombia Humana
El efecto más inmediato de la decisión del CNE es la exclusión de Colombia Humana de la consulta interna prevista para el 26 de octubre de 2025**, donde el bloque de gobierno esperaba definir su candidato presidencial y seleccionar las listas al Senado y Cámara de Representantes.
“Es una decisión que desarticula nuestra estrategia electoral, pero no nos derrota. La lucha política es mucho más grande que una resolución administrativa”, declaró la senadora María José Pizarro, una de las voces visibles del Pacto.
El gobierno ha interpretado la jugada como un intento de la oposición de reducir el margen de maniobra del petrismo, obligándolo a competir con una sola estructura partidaria y limitando la posibilidad de alianzas flexibles.
Desde la Casa de Nariño, el ministro del Interior, Armando Benedetti , aseguró que “la decisión del CNE responde más a presiones políticas que a un análisis jurídico transparente. No es casualidad que se dé en un contexto en el que se prepara el terreno para justificar un eventual fraude electoral”.
La oposición celebra
Del otro lado, la oposición ha recibido la noticia como un triunfo de la institucionalidad.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló en redes sociales que “la democracia se fortalece cuando las reglas se cumplen. El Pacto Histórico debe demostrar que puede actuar dentro de la legalidad, sin privilegios ni ventajas irregulares”.
Por su parte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sostuvo que el CNE “simplemente aplica la ley electoral. No se trata de persecución ni de conspiración, sino de ordenar el sistema de partidos para que no se convierta en un caos de movimientos sin control”.
Ambos sectores —uribismo y vargasllerismo— se perfilan como los polos de la contienda presidencial, en un escenario en el que Petro buscaría asegurar la continuidad de su proyecto a través de un sucesor o candidata afín, frente a una oposición con narrativa de “restauración institucional”.
El trasfondo jurídico
Varios expertos en derecho constitucional advierten que el caso no es solo un pulso político, sino una discusión de fondo sobre los límites de la institucionalidad electoral.
Para el constitucionalista Rodrigo Uprimny, la medida “deja dudas sobre la igualdad de condiciones. Reconocer parcialmente un partido, condicionando su existencia y al mismo tiempo restando participación a otros sectores del mismo bloque, puede interpretarse como una afectación al derecho de asociación política”.
La profesora Catalina Botero, exdecana de Derecho de la Universidad de los Andes, añade que “el reconocimiento condicionado es una figura excepcional y genera inseguridad jurídica. La pregunta es si el CNE actúa como garante de la democracia o como árbitro parcializado”.
Otros analistas, como el jurista Hernando Herrera, ven la decisión en otro sentido: “Lo que hace el CNE es evitar un uso abusivo de la figura de fusión de partidos. Si no hay claridad en los informes financieros y en la transparencia de la solicitud, es legítimo que se impongan condiciones antes de otorgar un reconocimiento pleno”.
¿Jugada desde las altas cortes?
El escenario ha encendido las alarmas dentro del petrismo, que teme una coordinación entre sectores del CNE y de las altas cortes para limitar la participación del gobierno en 2026.
“El país ha visto cómo se instrumentaliza la justicia para perseguir proyectos alternativos. No sería raro que esta exclusión parcial de partidos aliados sea parte de un libreto más amplio para dejar el camino libre a la oposición”, dijo el senador Iván Cepeda.
Sectores independientes también se preguntan si, al igual que ocurrió en pasados procesos electorales en Colombia y en la región, las instancias judiciales puedan convertirse en actores políticos decisivos que inclinen la balanza bajo el argumento de “salvaguardar la legalidad”.
La fecha clave: 13 de junio de 2025
El carácter condicionado del reconocimiento tiene un plazo concreto: se mantendrá hasta que concluyan los procedimientos e investigaciones relacionados con la solicitud de fusión, presentada el 13 de junio de 2025.
El propio CNE aclaró en su comunicado que la decisión no prejuzga, pero tampoco garantiza que el Pacto Histórico mantenga su estatus más allá de ese término.
“Estamos en un limbo jurídico que puede durar meses y que afecta la planeación de las campañas”, explica Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). “Esto abre la puerta a litigios y a incertidumbre sobre la legalidad de las candidaturas que se inscriban bajo esta figura”.
Riesgo de polarización extrema
El trasfondo político es claro: con un solo partido habilitado, Petro entra en desventaja para proyectar la amplitud de su movimiento, mientras la oposición se agrupa alrededor de figuras de peso como Uribe y Vargas Lleras.
La narrativa de fraude empieza a instalarse en el discurso oficialista, mientras la oposición se blinda en la legalidad formal.
“Estamos viendo el germen de un escenario muy riesgoso: una elección presidencial en la que, antes de contar los votos, ya se ha sembrado la desconfianza en el árbitro electoral. Eso aumenta la posibilidad de que cualquier resultado sea cuestionado y de que la polarización se transforme en crisis institucional”, analiza la politóloga Sandra Borda.
¿Fraude o legalidad?
La pregunta que hoy domina el debate es si esta jugada del CNE responde a una aplicación estricta de la norma o si es un ensayo de exclusión política que busca allanar el terreno para un desenlace electoral previsible en 2026.
Para el gobierno, se trata de una amenaza contra la democracia participativa. Para la oposición, un acto de coherencia institucional. Y para los expertos, un terreno resbaladizo en el que las fronteras entre lo jurídico y lo político parecen difuminarse cada vez más.
Lo cierto es que la decisión marca un punto de quiebre. El reconocimiento condicionado del Pacto Histórico podría convertirse en una anécdota administrativa más o en la chispa de una confrontación mayor sobre la legitimidad del próximo proceso electoral.
Mientras tanto, los ciudadanos observan con desconfianza cómo los hilos de la institucionalidad se tensan en un escenario donde el fantasma del fraude y la erosión democrática ya no son simples advertencias, sino riesgos palpables.
¿Una Asamblea Constituyente como salida a la crisis?
Ante la controversia por la decisión del CNE y la creciente percepción de que las altas cortes y los organismos de control actúan bajo criterios políticos más que jurídicos, sectores cercanos al gobierno y analistas independientes han comenzado a plantear la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente como única vía para frenar un eventual escenario de fraude electoral en 2026.
El argumento central es que la institucionalidad actual se encuentra cooptada por intereses de la oposición, lo que erosiona la confianza ciudadana y convierte al árbitro electoral en un actor político más. En este contexto, la Constituyente no solo sería un mecanismo de defensa del derecho a la participación política, sino también un camino para redefinir las reglas de juego y devolver legitimidad al sistema democrático.
“Colombia enfrenta un dilema histórico: aceptar que los órganos de control electoral y judicial actúen como garantes de un bloque político tradicional, o abrir un proceso constituyente que garantice la independencia real de estas instancias”, sostiene un constitucionalista consultado.
Los promotores de la idea insisten en que no se trata de “refundar” el país, sino de blindar la democracia frente a maniobras de exclusión que podrían alterar el equilibrio electoral. Para la oposición, sin embargo, hablar de Constituyente es un intento de perpetuación en el poder.
En cualquier caso, la propuesta refleja que el conflicto ya no se limita a una resolución del CNE: ha escalado a un debate sobre el propio modelo de democracia que Colombia necesita para evitar que las elecciones de 2026 se conviertan en un plebiscito sobre la legitimidad del Estado.
