
Por: Unidad Investigativa
En un escándalo que ha conmocionado al país, Fredi Alexander Díaz Quijano, acusado de apropiación ilegal de recursos públicos, continúa prófugo de la justicia, mientras las autoridades colombianas enfrentan fuertes críticas por su inacción.
El proceso penal contra Díaz Quijano, que cursa en la Fiscalía 46 delegada, está relacionado con la apropiación ilegal de recursos públicos. Según informes, el acusado firmó un contrato por 18.000 millones de pesos con el gobernador de La Guajira para reducir la incidencia del dengue en el departamento. Sin embargo, se descubrió que la entidad utilizada para este contrato, la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (OLFIS), era ficticia y carecía de experiencia y capacidad técnica. El contrato resultó en un desfalco significativo, ya que los fondos fueron desviados para beneficiar a familiares y allegados de Díaz Quijano.
Paradero conocido, pero sin acción
En cuanto a quién lo protege, las críticas apuntan a la Fiscalía colombiana. Expertos y analistas han señalado negligencia institucional y posibles complicidades dentro del sistema judicial como las causas principales de esta inacción y negligencia en el caso. Desde 2017, el paradero de Díaz Quijano es conocido por las autoridades colombianas, pero la Fiscalía no ha tomado acciones efectivas para capturarlo. Esta inacción ha generado sospechas de complicidad, ya sea por omisión o por acción, en el sistema judicial.
Aunque se emitió una orden de captura y medida de aseguramiento intramuros, Díaz Quijano sigue prófugo de la justicia y actualmente se encuentra en Brasil, donde trabaja como profesor en la Universidad de São Paulo. La falta de activación de mecanismos internacionales, como la solicitud de extradición a Brasil o el uso de Interpol, ha permitido que Díaz Quijano permanezca fuera del alcance de la justicia colombiana.
Díaz Quijano es un médico epidemiólogo colombiano, egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Fue el creador de una entidad ficticia llamada Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (OLFIS), utilizada para firmar el contrato fraudulento de 18.000 millones de pesos con el gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, para combatir el dengue en el departamento.
¿Qué medidas podrían implementarse?
De querer hacer justicia, la fiscalía podría utilizar diversas instancias para avanzar en el proceso judicial contra Díaz Quijano:
– Emitir una circular roja a través de Interpol para facilitar su captura internacional.
– Solicitar formalmente la extradición a Brasil.
– Involucrar a entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar esfuerzos diplomáticos.
– Promover mayor cobertura mediática para ejercer presión pública sobre las autoridades competentes.
El caso de Fredi Alexander Díaz Quijano no solo representa un desfalco millonario, sino también un desafío para el sistema de justicia colombiano. Mientras el exgobernador de La Guajira, también implicado en el desfalco, ya ha sido condenado, Díaz Quijano sigue evadiendo las consecuencias legales. La exigencia por justicia no solo debe ser un compromiso gubernamental, sino también un clamor de la sociedad colombiana en su conjunto.