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Polémica política y jurídica por decreto que retira competencia al Consejo de Estado en tutelas contra el Presidente.
Redacción Política
El reciente decreto emitido por el Gobierno Nacional, que modifica la competencia judicial para conocer en primera instancia las tutelas contra el Presidente de la República, ha encendido una nueva tormenta política y jurídica en el país. La medida elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado para tramitar estas acciones, permitiendo que cualquier juez del circuito pueda conocerlas.
La decisión, que según el Ministerio de Justicia responde al principio de “desconcentración funcional”, busca redistribuir la carga procesal y evitar la centralización de competencias en una sola jurisdicción. Sin embargo, ha sido fuertemente cuestionada por diversos sectores políticos y académicos, que advierten riesgos para el equilibrio de poderes y la seguridad jurídica del país.
¿Qué dice el nuevo decreto?
El decreto establece que, a partir de su entrada en vigor, las acciones de tutela presentadas contra autoridades nacionales, incluido el Presidente de la República, serán repartidas a los jueces del circuito o con igual categoría, en lugar de ser asumidas en exclusiva por el Consejo de Estado, como lo ordenaba una norma de 2021.
El texto incluye explícitamente que esto aplica también a tutelas relacionadas con seguridad nacional y estrategias como la erradicación de cultivos ilícitos, asuntos tradicionalmente considerados de alta sensibilidad y competencia especializada.
¿Es legal esta modificación?
Expertos en derecho constitucional han señalado que, si bien el Gobierno puede regular ciertos aspectos procesales mediante decreto, existe un debate sobre si una norma de este tipo puede modificar el fuero judicial del Presidente sin pasar por el Congreso.
Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, la medida “puede resultar inconstitucional si altera de facto un fuero especial establecido en función del cargo presidencial. La Corte Constitucional ya ha advertido que no toda modificación de competencia judicial puede hacerse vía decreto”. Otros expertos insisten en que el principio de desconcentración debe aplicarse con cautela cuando se trata de controles frente al poder Ejecutivo.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la Constitución no establece una competencia exclusiva del Consejo de Estado para tutelas contra el presidente, y que el decreto busca evitar una interpretación restrictiva del acceso a la justicia, ampliando las garantías a la ciudadanía en cualquier parte del país.
Reacciones políticas: entre acusaciones de ilegalidad y advertencias de regresión institucional
Desde la oposición, las críticas fueron inmediatas. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) calificó la medida como un intento del Ejecutivo de evadir el control judicial:
“Este gobierno odia el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho democrático. El Consejo de Estado ha fallado contra varias decisiones del gobierno, y ahora el Ministerio de Justicia pretende quitarle la competencia para revisar tutelas. Es ilegal y antidemocrático”.
Incluso sectores independientes expresaron preocupación por las implicaciones de esta medida en términos de seguridad jurídica, recordando que los jueces de circuito podrían no tener la capacidad técnica o experiencia institucional para abordar temas de alta complejidad constitucional y política.
¿Qué puede pasar con las tutelas en curso y futuras demandas contra el Presidente?
La entrada en vigencia del decreto abre interrogantes sobre el futuro de las tutelas actualmente en trámite contra decisiones del presidente Petro, así como sobre la consistencia y uniformidad en los fallos que puedan emitirse desde los juzgados locales.
Algunos juristas prevén una avalancha de demandas solicitando nulidad del decreto, lo que obligaría a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre su legalidad en las próximas semanas. Si la Corte encuentra que el decreto vulnera principios constitucionales como el equilibrio de poderes o el debido proceso, podría dejarlo sin efecto.
Además, si un juez de circuito llegase a fallar en contra del Presidente, los recursos de revisión seguirán en instancias superiores, lo que genera incertidumbre sobre la coherencia en la interpretación de derechos fundamentales frente al Ejecutivo.
El decreto que elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer tutelas contra el Presidente modifica de forma significativa el sistema de control judicial en Colombia. Mientras el Gobierno lo defiende como una medida de descentralización judicial, sectores políticos y constitucionalistas advierten que podría debilitar el sistema de pesos y contrapesos, habilitando un escenario más fragmentado y vulnerable para la vigilancia legal sobre el Ejecutivo.
En un momento en el que el presidente Gustavo Petro enfrenta múltiples cuestionamientos judiciales, este giro normativo abre una nueva batalla en el frente político y constitucional.
