Grave crisis en el Cauca: el secuestro de 57 soldados revela el poder de las disidencias armadas y la fragilidad del control estatal en Colombia
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Por Redacción Orden Publico
El secuestro masivo de 57 soldados colombianos en el conflictivo Cañón del Micay, departamento del Cauca, ha encendido las alarmas sobre el creciente control territorial y social que mantienen las disidencias de las FARC en esta región estratégica para el narcotráfico. El episodio, que comenzó el pasado sábado durante una operación militar, pone de relieve una vez más la capacidad de estas estructuras armadas para instrumentalizar a la población civil, socavar la autoridad del Estado e imponer su dominio en zonas rurales.
El hecho se desencadenó cuando tropas del Ejército Nacional capturaron a un presunto miembro de la estructura ‘Carlos Patiño’ —brazo armado vinculado a las disidencias de ‘Iván Mordisco’— en el sector de Pambilal, cerca del caserío de La Hacienda. Al intentar evacuar al detenido por vía aérea, más de un centenar de civiles rodearon a los militares e impidieron la operación.
Según el general Erick Rodríguez, comandante encargado del Ejército, la situación se agravó cuando una segunda unidad militar fue interceptada por otro grupo aún mayor de personas, elevando a 57 el número total de soldados retenidos. “Actualmente, todos los militares se encuentran juntos y en buen estado. Sin embargo, no se ha establecido interlocución formal con organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo o la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA”, indicó el oficial.
Un escenario de poder armado paralelo
El episodio ha dejado en evidencia cómo las disidencias, con apoyo de economías ilegales ligadas a los cultivos de coca, logran movilizar a comunidades rurales en contra de la presencia militar, en un escenario que mezcla miedo, dependencia económica y control armado.
Más del 90% de la población local depende directamente del cultivo de hoja de coca, y las operaciones militares son percibidas por muchos campesinos como una amenaza a su única fuente de ingresos. Según fuentes castrenses, las estructuras insurgentes “continúan ejerciendo una fuerte influencia social”, utilizando ese poder para resistir el avance militar.
La respuesta de las autoridades
El secuestro colectivo ha provocado una rápida respuesta por parte del gobierno. Altas autoridades, incluyendo el ministro de Defensa y el ministro del Interior, participaron en reuniones de coordinación con el mando militar en un intento de encontrar una solución negociada.
“Estamos en un proceso de diálogo para la liberación de los soldados”, afirmó el general Rodríguez, quien también señaló que la reciente ofensiva militar ha permitido recuperar más de 27 kilómetros de control territorial en la zona. No obstante, reconoció que las disidencias siguen contando con una estructura fuerte y con la capacidad de movilizar a la población.
El presidente Gustavo Petro aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque su administración ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de reformular la estrategia de seguridad en regiones como el Cauca, donde el abandono estatal, la ausencia de desarrollo alternativo y el dominio de las economías ilegales alimentan el conflicto.
Implicaciones políticas y humanitarias
Este secuestro masivo pone de nuevo en jaque los esfuerzos de pacificación en el suroccidente de Colombia y plantea serias preguntas sobre la efectividad de la política de “paz total” impulsada por el actual gobierno.
Además, revela los límites de la capacidad estatal para recuperar el control en territorios donde la economía ilícita es la base de la vida cotidiana, y donde las comunidades —por coacción o por necesidad— terminan actuando como escudos humanos para proteger los intereses de las organizaciones armadas.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los riesgos que estas dinámicas suponen para la población civil, atrapada entre la violencia de los actores ilegales y la respuesta militar del Estado. El secuestro de los 57 soldados en el Cauca es mucho más que un incidente aislado. Es un síntoma de un conflicto que permanece enquistado en las regiones periféricas de Colombia y un recordatorio de que sin soluciones integrales —que combinen seguridad, desarrollo rural, y alternativas reales para la población— la paz seguirá siendo una promesa incumplida.
