#HoraCeroParaUribe. Fiscalía pide condena y sus salidas legales se desvanecen
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Por Redacción Justicia y Verdad
BOGOTÁ — La Fiscalía General de la Nación pidió por primera vez en la historia reciente una condena penal contra un expresidente colombiano. Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más influyentes del país en las últimas dos décadas, enfrenta una solicitud formal de condena por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Durante más de una jornada, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, presentó ante la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, los alegatos finales que sustentarían la responsabilidad penal del exmandatario. De acuerdo con la acusación, Uribe habría montado una estrategia deliberada para manipular testigos, presentar pruebas falsas y desviar decisiones judiciales a su favor.
Estos son los siete ejes argumentativos que presentó la Fiscalía y que, de ser acogidos por la jueza, podrían marcar un hito judicial sin precedentes en la historia política colombiana.
1. Uribe fue el determinador de una operación para manipular testigos
Según la fiscal Orjuela, Álvaro Uribe no fue un espectador pasivo de las gestiones realizadas por su abogado Diego Cadena, sino el autor intelectual de una maniobra judicial con implicaciones penales. La evidencia incluye interceptaciones, testimonios y reuniones documentadas que probarían que el expresidente conocía, dirigía e incluso redactaba cartas mediante terceros para inculpar falsamente al senador Iván Cepeda, su principal contradictor político en este proceso.
2. Cadena intentó sobornar a un testigo con autorización de Uribe
El caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave contra Uribe, es central en la acusación. Según la Fiscalía, Cadena visitó varias veces a Monsalve en la cárcel La Picota para ofrecerle beneficios jurídicos y carcelarios a cambio de retractarse de sus declaraciones. Estas ofertas habrían contado con el aval del exmandatario.
3. Las cartas de los internos de Cómbita fueron fabricadas
Tres cartas redactadas por exparamilitares detenidos en la prisión de Cómbita fueron presentadas como prueba exculpatoria a favor de Uribe. La Fiscalía asegura que no fueron espontáneas ni voluntarias, sino manipuladas por los abogados del expresidente. Estas misivas, según la Corte Suprema, pretendían tergiversar hechos ocurridos años atrás.
4. Diego Cadena no actuó por cuenta propia
Las pruebas presentadas, especialmente interceptaciones telefónicas, indicarían que Cadena informaba regularmente a Uribe de sus gestiones, confirmando que actuaba bajo instrucciones directas y no de manera autónoma.
5. Contradicciones en los testigos fortalecen la acusación
Giovanny Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo José Mármol ofrecieron versiones contradictorias sobre cómo se elaboraron las cartas desde prisión. Para la Fiscalía, estas inconsistencias no hacen parte de la confusión natural del proceso, sino que reflejan presiones indebidas para favorecer a Uribe.
6. Uribe nunca se desmarcó de Cadena
Lejos de rechazar las acciones irregulares de su abogado, el exmandatario las respaldó y facilitó, afirmó la fiscal Orjuela. Esto constituiría dolo, es decir, la voluntad consciente de cometer un acto ilícito.
7. Una estrategia sistemática, no hechos aislados
La acusación concluye que no se trató de gestiones informales o errores puntuales, sino de una estrategia concertada y planificada para alterar el curso de la justicia. De probarse esta teoría, Uribe sería condenado como determinador de fraude procesal y soborno en actuación penal.
¿Qué opciones le quedan a Álvaro Uribe para evitar la cárcel?
Si bien el fallo de la jueza Sandra Heredia se conocerá el próximo 28 de julio, y en caso de condena el proceso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, Uribe aún dispone de varias herramientas legales para buscar su absolución o, al menos, evitar una pena privativa de la libertad en firme.
Recurso de apelación:
Una eventual condena en primera instancia no es definitiva. Uribe podrá apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tendría hasta el 16 de octubre para emitir un fallo en segunda instancia. El equipo jurídico del exmandatario ha anticipado que agotará todas las vías legales posibles.
Eventual revisión constitucional:
En caso de confirmarse la sentencia condenatoria en segunda instancia, la defensa podría acudir a la Corte Constitucional, argumentando posibles violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa o a la presunción de inocencia. Aunque este recurso no suspende automáticamente la ejecución de la pena, sí abre un nuevo escenario de litigio.
Beneficios judiciales o sustitución de pena:
En última instancia, Uribe podría optar por buscar beneficios como la prisión domiciliaria o la sustitución de la pena por mecanismos alternativos, si se cumplen los requisitos previstos en la ley penal para personas mayores de 65 años o con condiciones médicas especiales.
Prescripción y dilaciones procesales:
Dado que la investigación se inició en 2018, uno de los riesgos es que el proceso prescriba si no se emite una sentencia ejecutoriada antes de los plazos legales. De ahí la presión actual sobre jueces y magistrados para resolver en los tiempos estipulados.
El caso Uribe se ha convertido en un punto de inflexión para la justicia colombiana. Más allá del desenlace judicial, lo que está en juego es la legitimidad del sistema penal frente a las élites del poder. El país asiste al desenlace de un juicio que, gane quien gane, dejará una marca imborrable en la historia contemporánea de Colombia.
