Indagación disciplinaria contra Carlos Fernando Galán profundiza críticas a su gestión en Bogotá
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Bogotá, Colombia | Análisis Político
La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por una presunta omisión en el nombramiento del alcalde local de Usme. El caso, que puede parecer menor en apariencia administrativa, se suma a una creciente lista de cuestionamientos sobre el liderazgo del mandatario capitalino y su eficacia en la ejecución de políticas públicas en la ciudad.
Según el ente de control, Galán habría incumplido la norma que exige al alcalde mayor realizar el nombramiento de un alcalde local dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la terna enviada por la Junta Administradora Local (JAL). En este caso, la terna fue entregada el 1 de noviembre de 2023, y a corte del 18 de marzo de 2024, aún no se había efectuado el nombramiento.
“Las presuntas irregularidades narradas por el quejoso se concretan en la posible omisión del alcalde mayor de Bogotá […] por lo que amerita ordenar la apertura de indagación previa”, señala la Procuraduría.
La Alcaldía deberá responder formalmente si el nombramiento se ha realizado y, de no ser así, deberá justificar las razones de la demora.
¿Símbolo de desidia administrativa o síntoma de una gestión en crisis?
Aunque el caso Usme puede parecer un detalle técnico, revela una falla estructural en la gobernanza distrital. Bogotá, bajo el mandato de Galán, ha sido blanco constante de críticas por lentitud en la toma de decisiones, falta de ejecución presupuestal y escasa presencia institucional en las localidades más vulnerables.
La falta de alcalde local en Usme —una de las localidades con mayores retos sociales y territoriales de la capital— agrava la desconexión entre el gobierno central y las comunidades periféricas, debilitando las estrategias de seguridad, inversión social y participación ciudadana.
Una gestión marcada por el estancamiento y la frustración ciudadana
Desde que asumió el cargo en enero de 2024, Carlos Fernando Galán ha enfrentado una serie de escándalos y crisis de opinión que han deteriorado su imagen como figura tecnocrática y renovadora de la política bogotana. Entre los principales focos de descontento destacan:
Demoras en la ejecución de grandes obras: A pesar de las promesas de eficiencia, en el primer semestre de gobierno ya se registran bajos niveles de ejecución presupuestal en sectores clave como infraestructura vial, movilidad y educación.
Falta de liderazgo en seguridad: En medio de un incremento de delitos como el hurto, el homicidio y la extorsión, Galán ha sido criticado por su inacción y su reticencia a implementar estrategias contundentes, incluso tras recibir informes de inteligencia sobre presencia de estructuras criminales en varias zonas de Bogotá.
Crisis ambiental y de movilidad: Durante los recientes episodios de emergencia ambiental por contaminación, y el caos por el deterioro del sistema TransMilenio, la administración distrital ha sido percibida como incapaz de responder de forma coordinada y efectiva.
Descontento con los alcaldes locales: Esta no es la primera queja relacionada con las designaciones locales. A lo largo de 2024 se han presentado retrasos, impugnaciones y tensiones con las Juntas Administradoras Locales, lo que ha impedido una gestión territorial fluida.
El desafío de gobernar una ciudad desconfiada
La indagación de la Procuraduría ocurre en un contexto donde la gobernabilidad de Galán parece estar erosionándose antes de tiempo. A pesar de llegar al Palacio Liévano con un discurso de unidad y técnica, su administración ha sido criticada por mantener un estilo centralista, distante y poco receptivo a las demandas populares.
Analistas advierten que este tipo de investigaciones, sumadas al creciente malestar ciudadano, podrían acelerar una ruptura política con el Concejo de Bogotá, donde Galán aún conserva cierta mayoría aliada, y podrían convertirse en una amenaza real a su capacidad de gobernar con estabilidad durante el resto del mandato.
¿Crisis pasajera o punto de quiebre?
La indagación abierta por la Procuraduría aún no es una sanción, pero sí es una señal de alerta. Y en política, los símbolos importan. Para un alcalde que llegó prometiendo eficiencia, transparencia y renovación, ser investigado por omisión administrativa no es menor.
Más allá del desenlace jurídico, lo que está en juego es la credibilidad de un proyecto político que aspiraba a transformar la capital, pero que hoy enfrenta su prueba más difícil: recuperar la confianza de una ciudadanía cansada del caos, el abandono y la falta de resultados.
