Internacional: EE.UU. reduce detenciones en la frontera sur a mínimos históricos: ¿eficacia o endurecimiento extremo de la política migratoria?
GMTV Productora Internacional 
Redacción GMTV Productora Internacional – Análisis migratorio
Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo en años, marcando un giro radical en la política migratoria bajo la actual administración del presidente Donald Trump. Según datos oficiales divulgados esta semana, durante el mes de julio se registraron 4.399 aprehensiones, una cifra que representa un nuevo mínimo histórico y consolida una tendencia a la baja durante tres meses consecutivos.
El promedio diario fue de apenas 141 detenciones, muy por debajo de los niveles observados durante el mandato de Joe Biden, cuando en diciembre de 2023 se contabilizaron más de 10.000 cruces irregulares por día, con un total mensual de casi 250.000 personas. En ese entonces, la mayoría de los migrantes eran liberados en el país mientras tramitaban sus solicitudes de asilo.
Hoy, ese escenario ha cambiado drásticamente. La administración Trump, en su segundo periodo, ha implementado una serie de medidas que han transformado el enfoque migratorio: desde el despliegue militar en la frontera hasta la eliminación de la aplicación CBP One —sustituida por el sistema CBP Home, diseñado para fomentar la autodeportación—. El nuevo programa incluye incentivos económicos: US $1.000 y transporte gratuito para quienes decidan abandonar el país voluntariamente y no cuenten con antecedentes penales.
Estas acciones forman parte de un paquete legislativo conocido como la One Big Beautiful Bill Act, recientemente aprobado por el Congreso, que destina miles de millones de dólares a reforzar el muro fronterizo, aumentar la vigilancia aérea y terrestre, y contratar a más de 15.000 nuevos agentes de inmigración.
Las autoridades argumentan que el descenso de detenciones es prueba del éxito de una política migratoria “firme y clara”. “Políticas fuertes equivalen a fronteras tranquilas. La frontera vuelve a ser segura, como debe ser”, afirmó el congresista republicano Morgan Luttrell a través de la red social X (antes Twitter).
¿Una victoria política o una crisis de derechos humanos silenciosa?
Pero el debate va mucho más allá de las cifras. Diversos analistas y defensores de derechos humanos advierten que esta caída en los cruces irregulares también es resultado de un endurecimiento que ha limitado severamente el acceso a procesos legales de asilo y ha incrementado los riesgos para quienes buscan protección humanitaria.
“El sistema actual premia la salida voluntaria, pero penaliza el intento de solicitar asilo, incluso para quienes huyen de contextos de violencia extrema o persecución política. Es una puerta que se cierra sin diferenciar casos”, señala la politóloga Andrea Rodríguez, experta en migración y seguridad hemisférica.
En paralelo, se han intensificado las redadas y deportaciones, particularmente en las denominadas “ciudades santuario”, donde gobiernos locales han intentado resistir las políticas federales de control migratorio. Esto ha generado fricciones entre la Casa Blanca y alcaldes o gobernadores demócratas que denuncian la criminalización de los migrantes y el uso político de la seguridad fronteriza.
En ciudades como Chicago, Nueva York y San Francisco, los alcaldes han solicitado apoyo federal para atender a migrantes sin hogar que, tras ser liberados o deportados, quedan en condiciones de vulnerabilidad. Desde organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, se ha advertido sobre un creciente número de denuncias de detenciones arbitrarias, separación de familias y dificultades para acceder a representación legal.
El impacto regional: ¿una presión disuasiva o una crisis desbordada en el sur?
Mientras en Estados Unidos se aplaude desde algunos sectores la caída en los cruces ilegales, países del Triángulo Norte de Centroamérica y México enfrentan una realidad distinta: albergues desbordados, rutas migratorias más peligrosas y una creciente sensación de desesperanza entre quienes no encuentran vías legales para migrar.
“El efecto disuasivo puede estar funcionando en términos estadísticos, pero no resuelve las causas estructurales de la migración: violencia, pobreza, corrupción y cambio climático”, explica la investigadora mexicana Teresa Ruiz, del Instituto de Política Migratoria. A medida que avanza el segundo mandato de Trump, la política migratoria de Estados Unidos parece consolidarse como uno de los pilares de su plataforma política. Pero el precio humano de este enfoque aún está por medirse, tanto para quienes intentan cruzar como para los países que deben gestionar las consecuencias.
