Foto entregada por el sitio web oficial de la oficina del líder supremo iraní ayatolá Alí Jamenei, que muestra al líder rezando en la tumba del fallecido líder de la Revolución Islámica ayatolá Jomeini, en las afueras de Teherán, el 31 de enero del 2026. (Oficina del Líder Supremo Iraní via AP)
Teherán — Las autoridades iraníes han intensificado en los últimos días la detención de destacados políticos reformistas, en lo que analistas y organizaciones de derechos humanos describen como una nueva fase de la represión estatal destinada a sofocar cualquier forma de disidencia organizada tras meses de protestas y creciente descontento social.
Entre los arrestados se encuentra Azar Mansouri, líder del Frente Reformista de Irán y una de las voces más visibles del sector político que aboga por cambios graduales dentro del sistema de la República Islámica. Junto a ella, al menos otros dos o tres políticos reformistas —algunos exfuncionarios y asesores parlamentarios— han sido detenidos en operaciones separadas en Teherán y otras ciudades, según informaron medios estatales y fuentes cercanas a las familias.
Las autoridades han acusado a los detenidos de “actuar contra la unidad nacional” y de mantener vínculos con “redes de propaganda extranjera”, una fórmula habitual utilizada por el poder judicial iraní para justificar arrestos de opositores, activistas y periodistas. No se han presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones, y los abogados de los detenidos afirman que no han tenido acceso pleno a sus clientes.
Los arrestos se producen en un contexto de endurecimiento del control político tras las protestas masivas que sacudieron Irán en los últimos meses, alimentadas por el deterioro económico, el aumento del costo de vida, las restricciones sociales y el rechazo generalizado a la falta de canales efectivos de participación política. Aunque las manifestaciones han disminuido en intensidad, el Estado parece decidido a neutralizar cualquier intento de reorganización política desde dentro del sistema.
Reformistas bajo presión
El movimiento reformista iraní, que tuvo su momento de mayor influencia a finales de los años noventa y principios de los 2000, ha sido progresivamente marginado de las instituciones del poder. Consejos electorales dominados por sectores conservadores han vetado sistemáticamente a candidatos reformistas, reduciendo su presencia en el Parlamento y en cargos ejecutivos.
Aun así, figuras como Mansouri han mantenido un discurso crítico, aunque cuidadoso, defendiendo reformas legales, mayor apertura social y el respeto a los derechos civiles, siempre dentro del marco constitucional. Para sectores más duros del régimen, incluso esta postura moderada representa una amenaza, especialmente en un momento de fragilidad interna.
“Lo que estamos viendo es el cierre definitivo del espacio político reformista”, señaló un analista iraní radicado en Europa. “El mensaje es claro: incluso la crítica leal al sistema ya no es tolerada”.
Un patrón conocido
Las detenciones siguen un patrón recurrente en la política iraní. Tras episodios de movilización social, las autoridades suelen lanzar campañas selectivas contra líderes políticos, sindicales o culturales que puedan servir como punto de referencia para el descontento popular. En muchos casos, los arrestos se producen de madrugada y van acompañados de confiscación de dispositivos electrónicos y documentos personales.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido que estas prácticas vulneran garantías básicas como el debido proceso y la libertad de expresión. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado en repetidas ocasiones el uso de cargos vagos relacionados con la seguridad nacional para silenciar voces críticas.
Reacciones limitadas y clima de temor
Hasta ahora, las reacciones públicas dentro de Irán han sido contenidas, reflejo del clima de temor que domina el debate político. Algunos exdirigentes reformistas han expresado su “profunda preocupación” en comunicados breves, mientras que usuarios en redes sociales —muchos desde el exilio— han denunciado los arrestos como un intento de “decapitar” cualquier alternativa política pacífica.
Desde el gobierno, portavoces judiciales han defendido las detenciones como “acciones legales necesarias para proteger la estabilidad del país”, insistiendo en que Irán enfrenta una “guerra híbrida” impulsada por actores extranjeros. Esta narrativa ha sido utilizada de forma recurrente para justificar restricciones a las libertades civiles.
Implicaciones a largo plazo
La represión contra los reformistas plantea interrogantes sobre el futuro político de Irán. Con los sectores moderados y reformistas cada vez más debilitados, el riesgo de una mayor polarización aumenta, dejando a muchos ciudadanos sin representación política efectiva.
“Eliminar a los reformistas no elimina el descontento”, advirtió un sociólogo iraní. “Solo cierra las vías pacíficas para canalizarlo”.
En el plano internacional, las detenciones podrían complicar aún más las ya tensas relaciones de Irán con Occidente, en un momento en que Teherán busca aliviar presiones económicas y diplomáticas. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado sanciones adicionales ni medidas concretas en respuesta a los arrestos.
Para muchos observadores, la señal es inequívoca: el liderazgo iraní parece apostar por el control absoluto frente al riesgo del cambio, aun a costa de profundizar el aislamiento interno y externo del país.