
Redacción Orden Publico y Regiones
El secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años en Jamundí, Valle del Cauca, ha generado una ola de indignación y movilización social en Colombia. Según la Policía Metropolitana de Cali, el rapto habría sido un secuestro extorsivo, inicialmente dirigido contra el padrastro del menor.
El niño fue retenido el 3 de mayo en su vivienda en el corregimiento de Potrerito, por hombres armados que irrumpieron en la casa y lo sacaron por la fuerza. Las autoridades atribuyen el hecho a integrantes de las disidencias de las FARC, específicamente del frente Jaime Martínez.
Marchas y movilización social
Desde entonces, la comunidad de Jamundí ha realizado marchas y vigilias exigiendo la liberación del menor. La denominada “Marcha por la paz, el cuidado y la libertad”, convocada por el Comité de Libertad Religioso y diversas entidades públicas, recorrió las principales calles del municipio con pancartas y camisetas blancas como símbolo de unión y resistencia.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, expresó su rechazo al secuestro y confirmó que se están adelantando negociaciones con la iglesia para lograr la liberación del menor. “Oramos para que pueda regresar al seno de su hogar y que esté en buen estado”, declaró.
Declaraciones de las disidencias
Las disidencias habrían admitido que el secuestro fue “un error, y han manifestado su intención de liberar al niño. Según representantes religiosos que participan en las negociaciones, los captores aseguraron que Lyan se encuentra en buenas condiciones de salud y que están dispuestos a entregarlo.
Mientras tanto, las autoridades continúan los operativos en la zona alta de Jamundí para localizarlo. La Gobernación del Valle mantiene activa una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del menor.
El caso sigue generando presión social y política, con llamados urgentes a garantizar la seguridad de los niños en Colombia y reforzar las estrategias contra el secuestro.