Juan Carlos Wills o La patética defensa de la ilegitimidad como arma contra el estado.  Fallo de tutela le dio la razón a Armando Benedetti

Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue concebida como un pilar de control institucional. En teoría, un espacio donde la ley se impone sobre los intereses y donde la responsabilidad pública no admite padrinos. En la práctica, sin embargo, su funcionamiento reciente vuelve a encender una sospecha persistente en la democracia colombiana: cuando el poder político se convierte en escudo, la justicia deja de ser ciega y empieza a obedecer.

El papel de Juan Carlos Wills como presidente de esa comisión plantea interrogantes que no pueden despacharse como simples diferencias políticas. No se trata solo de decisiones controvertidas, sino de un patrón reiterado de actuaciones que, según señalan sus críticos, apuntan a un uso instrumental de la institucionalidad para bloquear investigaciones incómodas y proteger a figuras afines al establecimiento.

El caso de la magistrada Cristina Lombana es ilustrativo. Diversas solicitudes formales del ministro competente para reactivar y desarchivar procesos en su contra —relacionados con presuntas actuaciones ilegales y abusos de poder— han sido sistemáticamente ignoradas. No una vez, sino varias. En un Estado de derecho, la reiteración no es un detalle menor: es un síntoma.

Que un funcionario con capacidad decisoria desoiga de forma persistente requerimientos institucionales plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos ante un ejercicio discrecional del poder o ante una obstrucción deliberada del control judicial? Más aún cuando estas decisiones cuentan con el respaldo tácito —o al menos la inacción— de órganos como la Procuraduría y sectores del Congreso, llamados precisamente a garantizar el equilibrio entre poderes.

La defensa cerrada de Lombana desde la Comisión de Acusación no solo despierta dudas jurídicas, sino que deja una estela política difícil de ignorar. El mensaje implícito parece ser que la investidura protege, incluso cuando se usa para atropellar derechos fundamentales de otros funcionarios del Estado. Cuando la toga se convierte en arma y no en garantía, la legitimidad se resquebraja.

Las consecuencias trascienden el caso puntual. Una comisión manejada por figuras cuya imparcialidad es cuestionada termina debilitando su propia autoridad. ¿Con qué legitimidad puede investigar procesos tan sensibles como los relacionados con la elección del presidente Gustavo Petro, si al mismo tiempo demuestra selectividad, lentitud calculada o franca resistencia a investigar a ciertos actores? La sospecha de ilegalidad no surge del desacuerdo político, sino de la incoherencia institucional.

En este contexto, no sorprende que muchos vean en Juan Carlos Wills algo más que un actor individual. Sus detractores lo señalan como un operador político alineado con Efraín Cepeda, reconocido opositor del actual gobierno. No es una acusación judicial, pero sí una lectura política que cobra fuerza cuando las decisiones parecen favorecer sistemáticamente a un mismo bloque de poder. En democracia, las percepciones importan, sobre todo cuando se alimentan de hechos repetidos.

¿Qué sanciones merece un funcionario que, desde una posición clave, ignora solicitudes formales y contribuye a la parálisis de procesos sensibles? La respuesta no es solo jurídica, sino ética y política. Desde investigaciones disciplinarias hasta la revisión de su idoneidad para ocupar cargos de control, el debate no puede seguir aplazándose. La impunidad administrativa también erosiona la confianza pública.

Colombia no puede normalizar que los órganos de control funcionen como trincheras partidistas. Cada archivo injustificado, cada proceso congelado, cada silencio estratégico, debilita la democracia un poco más. La justicia no pierde credibilidad de golpe: se desgasta por acumulación.

Si la Comisión de Acusación continúa siendo percibida como un refugio para aliados y un arma contra adversarios, el daño será profundo y duradero. La ley no puede depender del apellido, la cercanía política o la conveniencia del momento. Cuando eso ocurre, no solo fallan los funcionarios: falla el Estado.

Y cuando la justicia falla, la democracia deja de ser una promesa para convertirse en una simulación.