
Redacción Política y Justicia
En el marco del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevas pruebas que han generado un intenso debate en la opinión pública. Las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena han sido el eje central de la audiencia, revelando conversaciones que, según el ente acusador, evidencian intentos de influir en testimonios clave, como el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
En una de las grabaciones, Uribe solicita a Cadena que Monsalve “diga la verdad”, mientras que en otra conversación agradece al abogado por su apoyo en un asunto “muy delicado”. Estas pruebas han sido interpretadas por la Fiscalía como intentos de manipulación de testigos, un delito que ha mantenido al expresidente en el centro de la controversia judicial.
Por otro lado, la defensa de Uribe ha solicitado nuevamente la preclusión del caso, argumentando que no existen pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con los hechos imputados. Este nuevo intento de cerrar el proceso judicial ha sido respaldado por el abogado Jaime Granados, quien asegura que el expresidente es el más interesado en que el caso concluya de manera definitiva.
El juicio, que ha captado la atención nacional e internacional, continúa con la expectativa de nuevos testimonios y pruebas. Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes consideran a Uribe un líder político perseguido y quienes ven en este proceso una oportunidad para fortalecer la justicia y la transparencia en Colombia.
Los intentos de la defensa de Álvaro Uribe por lograr la preclusión del caso y apartar a la jueza 44, Sandra Viviana Heredia, han sido interpretados por algunos sectores como estrategias dilatorias para evitar el avance del juicio. Sin embargo, en términos legales, estas acciones no constituyen pruebas directas de culpabilidad. La culpabilidad debe ser determinada exclusivamente con base en las pruebas presentadas y evaluadas durante el proceso judicial, como los testimonios, interceptaciones y otros elementos probatorios.
Uribe busca no quedar inhabilitado para intentar ser candidato en las elecciones de 2026?

Álvaro Uribe y su equipo legal han mostrado interés en acelerar el proceso judicial, buscando la preclusión del caso como estrategia para cerrar este capítulo legal. Según declaraciones de su abogado Jaime Granados, la defensa confía en que las pruebas presentadas no son concluyentes. Sin embargo, el impacto político de este juicio es significativo, y aunque Uribe no puede postularse nuevamente como presidente según la Constitución, existe debate sobre su posible participación como fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026.
La rapidez con la que se resuelva el juicio podría influir en su futuro político, pero el desenlace dependerá de las decisiones judiciales y de cómo se perciba su imagen pública tras este proceso.