Justicia en la Mira: Guatemala ordena la captura del embajador de Colombia en el Vaticano y de la fiscal general de ese País, por caso Odebrecht
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Redacción Justicia Internacional
Bogotá / Ciudad de Guatemala, 2 de junio de 2025. En un giro que amenaza con tensar las relaciones diplomáticas y reavivar el debate internacional sobre la persecución de actores anticorrupción en América Latina, la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala ha ordenado la captura de Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia.
La orden fue emitida a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), liderada por el controvertido fiscal Rafael Curruchiche, y se enmarca en una nueva fase del extenso y altamente politizado caso Odebrecht. Las autoridades guatemaltecas acusan a Velásquez y a Camargo de presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, colusión y tráfico de influencias, en el contexto de negociaciones llevadas a cabo durante las investigaciones de la CICIG sobre la multinacional brasileña.
Una red en el exilio
La decisión judicial también afecta a una docena de exfuncionarios, la mayoría exintegrantes de la extinta CICIG y del Ministerio Público guatemalteco, entre ellos la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Ambos, al igual que Velásquez, viven actualmente en el exilio tras haber sido objeto de múltiples procesos judiciales tras su participación en investigaciones contra la élite política y empresarial guatemalteca.
El Ministerio Público anunció además que ha solicitado la emisión de alertas internacionales a Interpol para facilitar la detención de los señalados, quienes se encuentran fuera del país. En un video publicado en redes sociales, el fiscal Curruchiche acusó directamente a Velásquez de liderar una “estructura criminal” que, según él, favoreció a la constructora Odebrecht y ocasionó pérdidas al Estado guatemalteco por más de Q3.000 millones (unos 380 millones de dólares).
Reacción internacional pendiente
Hasta el momento, ni el Gobierno de Colombia ni el Vaticano han emitido declaraciones oficiales. Sin embargo, analistas advierten que esta decisión podría tener repercusiones diplomáticas de alto nivel, dada la inmunidad de la que goza Velásquez como embajador y la relevancia institucional de la fiscal general Camargo, designada por el presidente Gustavo Petro con un mandato centrado en fortalecer la lucha contra la corrupción.
El caso se suma a una serie de decisiones judiciales tomadas por la Sala Tercera de Apelaciones que han generado críticas dentro y fuera de Guatemala por presunta instrumentalización de la justicia. Este mismo tribunal anuló recientemente resoluciones judiciales que favorecían a figuras clave como el periodista José Rubén Zamora y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en medio de tensiones institucionales tras la elección del presidente Bernardo Arévalo.
Un nuevo capítulo en la judicialización del pasado
La CICIG, que operó en Guatemala entre 2007 y 2019 con respaldo de Naciones Unidas, fue desmantelada tras años de investigaciones que implicaron a expresidentes, ministros, jueces y empresarios. Desde entonces, múltiples actores que formaron parte de esa lucha contra la corrupción han sido objeto de investigaciones o persecuciones judiciales.
Para organizaciones de derechos humanos y veeduría internacional, esta nueva ofensiva judicial representa un patrón preocupante de regresión democrática en Guatemala y una amenaza directa a la integridad de los sistemas de justicia independientes en la región.
