#JusticiaEnFamilia. (II Entrega). Corte Constitucional: la “puerta giratoria” que amenaza su credibilidad
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Unidad investigativa – GMTV Productora Internacional
En Colombia, hablar de la Corte Constitucional es hablar de una de las instituciones más poderosas del Estado. Nació en 1991, como la gran garantía de los derechos ciudadanos tras la Asamblea Constituyente que buscaba romper con la tradición de un Estado cerrado, clientelista y violento. Tres décadas después, su legitimidad pende de un hilo: la misma Corte que debía blindar la Constitución se ha convertido en un símbolo de la “puerta giratoria” entre la política y la justicia, alimentada por cuotas partidistas, alianzas con poderosos clanes regionales y vínculos con entidades del gobierno que supuestamente debía vigilar.
De árbitro de la democracia a tablero de cuotas
Los nueve magistrados de la Corte Constitucional deberían ser nombrados por mérito, transparencia y rigor académico. En teoría, el sistema está blindado: tres ternas las envía el Presidente de la República, tres la Corte Suprema de Justicia y tres el Consejo de Estado, para luego ser elegidos por el Senado. En la práctica, este esquema ha sido colonizado por alianzas políticas, acuerdos burocráticos y padrinazgos familiares que han convertido la Corte en un escenario más de la disputa de poder.
Cada elección de magistrados se ha transformado en una puja entre partidos, donde la independencia queda en segundo plano frente a los intereses del Ejecutivo, el Congreso y las élites regionales. Los senadores que votan no solo responden a cálculos jurídicos: detrás hay compromisos políticos, intercambios de favores y la eterna lógica del “yo te nombro, tú me nombras”.
El desfile por la “puerta giratoria”
En los últimos años, al menos cinco magistrados o expresidentes de la Corte Constitucional han transitado por la llamada “puerta giratoria”: un carrusel de cargos entre la propia Corte, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Este tránsito genera un problema estructural: ¿cómo garantizar independencia si los mismos nombres circulan entre las entidades que deben vigilarse, contrapesarse y controlarse mutuamente?
Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo, es hoy nuevo magistrado de la Corte Constitucional, gracias a sus vínculos políticos con el clan Char y su cercanía con la Fiscalía de Francisco Barbosa.
Magistrados actuales han tenido paso por la Procuraduría y la Fiscalía, dejando dudas sobre sus votos en casos donde las mismas instituciones que dirigieron o integraron están bajo escrutinio.
Otros han ejercido como asesores presidenciales o han tenido puestos claves en ministerios y entidades nacionales, solo para luego regresar a la Corte con un aparente manto de independencia.
El efecto es devastador: las decisiones de la Corte terminan leyendo más como movidas políticas que como fallos constitucionales. No es gratuito que hoy, según encuestas de opinión, la confianza ciudadana en la Corte Constitucional esté en su punto más bajo en dos décadas.
Decisiones controvertidas que marcaron la agenda
La Corte ha tomado decisiones históricas que impactaron de manera positiva al país, como la despenalización parcial del aborto o el reconocimiento de derechos a comunidades LGBTI. Sin embargo, los últimos años han estado marcados por fallos contradictorios y polémicos que alimentaron la percepción de que la justicia constitucional actúa bajo cálculos políticos:
El caso Petro 2013-2014: La Corte se convirtió en árbitro indirecto de la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una decisión que dividió al país y dejó la sensación de que la Corte actuaba como actor político más que como juez imparcial.
El choque con la JEP: En varias sentencias, la Corte Constitucional limitó el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que fue interpretado como un guiño a sectores contrarios al Acuerdo de Paz.
Fallos económicos y fiscales: Algunas sentencias en materia de regalías, pensiones y gasto público fueron vistas como un salvavidas político a gobiernos anteriores, mientras otros las leyeron como obstáculos al “cambio social” que reclama la ciudadanía.
Nombramientos y recusaciones: Varios magistrados han debido apartarse de casos porque previamente trabajaron en las entidades involucradas, confirmando los efectos nocivos de la “puerta giratoria”.
El peso de la política en las nominaciones
El Senado, encargado de elegir a los magistrados, se ha convertido en el escenario donde la Corte Constitucional se negocia como si fuera un ministerio más. Los partidos pactan respaldos a cambio de cuotas burocráticas, contratos o blindajes judiciales. En varias elecciones recientes se denunció la compra de votos internos, mientras que analistas calificaron las ternas como “paquetes políticos” diseñados para garantizar lealtades.
Este sistema de cooptación ha favorecido la llegada de magistrados que no necesariamente representan la excelencia académica o jurídica, sino la lealtad con el político de turno que impulsó su nombre. El resultado: una Corte que se ha convertido en un reflejo de la crisis del Congreso más que en un muro de contención frente a sus excesos.
El futuro de la Corte en tiempos de Constituyente
El presidente Gustavo Petro ha abierto la puerta a la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Si la iniciativa prospera, la Corte Constitucional quedaría en el ojo del huracán: sería una de las primeras instituciones sometidas a revisión, tanto por su estructura como por la manera en que se eligen sus magistrados.
Los críticos señalan que, en su estado actual, la Corte no tiene la legitimidad suficiente para liderar un proceso de cambio institucional. Por el contrario, se percibe como una de las barreras más sólidas para el cambio político, social y administrativo que el país reclama.
La gran pregunta es: ¿sobreviviría la Corte Constitucional a una Constituyente?
Algunos creen que su estructura será reformada a fondo para acabar con el sistema de cuotas.
Otros temen que el remedio sea peor que la enfermedad y que, en lugar de independencia, la Corte termine más subordinada al poder político.
Una institución en crisis de credibilidad
– Lo cierto es que hoy la Corte Constitucional enfrenta una tormenta de desconfianza:
– Ciudadanos que sienten que sus derechos dependen de cálculos políticos.
– Movimientos sociales que ven en la Corte un obstáculo al cambio.
– Y partidos que la usan como pieza de negociación en su ajedrez de poder.
El futuro de la Corte dependerá de dos factores: la presión ciudadana para exigir un modelo de elección transparente y la decisión del actual gobierno de empujar (o no) una Constituyente que modifique de raíz la justicia. En cualquier escenario, el daño ya está hecho: la Corte Constitucional, diseñada como guardiana de la Carta del 91, se ha transformado en un espejo de la crisis política colombiana.
El presidente de la Corte Constitucional en la mira
El actual presidente de la Corte enfrenta cuestionamientos por una investigación de Casa Macondo pues en un juzgado de Ibagué desapareció el expediente del caso contra el magistrado Jorge Ibáñez, quien negó y mantuvo oculto durante varios años a su hijo. Se suman a esto su paso por otras entidades del Estado y por decisiones que, según analistas, favorecieron a sectores políticos específicos. Su carrera es un ejemplo del “síndrome de la puerta giratoria”: ha ocupado cargos en la Procuraduría y en la Fiscalía antes de llegar al máximo tribunal de la justicia constitucional. Su mayor reto hoy no es jurídico, sino recuperar la confianza en una institución cada vez más señalada de responder a intereses externos.
Conclusión En resumen, La Corte Constitucional de Colombia vive una crisis de identidad. Nació como garante de derechos y árbitro de la democracia, pero se ha convertido en un engranaje más del sistema político que debía vigilar. Su futuro, en medio de los vientos de una posible Constituyente, será decisivo no solo para el destino de la justicia, sino para la viabilidad misma del Estado de derecho en Colombia.
