La batalla por Sanitas: tensión entre intervención estatal y sostenibilidad financiera en el sistema de salud colombiano
GMTV Productora Internacional 
Redacción Internacional
Bogotá, junio de 2025 — En una decisión histórica para el sector salud colombiano, la Corte Constitucional revocó la intervención estatal de la EPS Sanitas, una de las entidades más grandes y representativas del país, que había sido tomada bajo control del Gobierno en abril de 2024. La sentencia no solo desmonta una de las acciones más polémicas del Ejecutivo en materia sanitaria, sino que reabre el debate sobre el modelo de aseguramiento, el equilibrio financiero de los sistemas mixtos y el rol del Estado en su gestión.
Sanitas, filial del grupo internacional Keralty, representa un caso emblemático. Con más de 5,7 millones de afiliados, una red propia de clínicas a través de Colsanitas, y décadas operando bajo el modelo de integración vertical, ha sido uno de los pilares del sistema creado tras la Ley 100 de 1993. No obstante, en abril del año pasado, la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de Luis Carlos Leal, ordenó su intervención forzosa, alegando un riesgo financiero estructural.
Argumentos del Gobierno: patrimonio en rojo y quejas crecientes
El presidente Gustavo Petro defendió públicamente la decisión, afirmando que “la salud no puede estar en manos de empresas inviables financieramente”. Según cifras oficiales, la EPS presentaba un patrimonio negativo superior a $68.000 millones, pérdidas netas acumuladas por más de $295.000 millones y una deuda total que superaba los $2 billones de pesos. A esto se sumaban, según la Superintendencia, fallas en la atención, demoras en entrega de medicamentos y aumento de quejas de usuarios, elementos que, en su conjunto, justificarían una intervención estatal “para salvaguardar la vida”.
Sin embargo, la medida se dio en el contexto de un bloqueo político a la reforma estructural de salud impulsada por el Ejecutivo, que fue archivada en el Congreso en 2023. En ese vacío legislativo, el Gobierno optó por una estrategia de intervención administrativa, especialmente en las EPS más grandes del país, buscando fortalecer a la estatal Nueva EPS como eje del modelo público de atención.
El fallo de la Corte: límites al poder administrativo
La Corte Constitucional, en una votación dividida, consideró que la intervención de Sanitas vulneró principios de debido proceso, proporcionalidad y legalidad, ya que no se agotaron mecanismos previos ni se otorgó oportunidad de corrección a la entidad antes de aplicar una medida tan drástica. Además, el tribunal señaló la falta de independencia entre los criterios técnicos y los móviles políticos de la intervención, lo que, según expertos, erosiona la confianza internacional en el marco regulatorio del país.
“Esta decisión reafirma que la intervención del Estado debe estar sustentada en evidencia técnica, no en conveniencia política”, declaró María Andrea Godoy, exviceministra de Protección Social.
Desde el grupo Keralty, la matriz de Sanitas, se celebró el fallo. “La sentencia reconoce la legalidad de nuestra operación y el compromiso con los millones de usuarios que confían en nuestro modelo de atención integral”, expresó la empresa en un comunicado internacional.
Reacciones divididas en el sector salud y económico
Organismos multilaterales como la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han respaldado reformas sanitarias con sostenibilidad financiera y eficiencia de mercado, siguen de cerca el caso colombiano como referente regional de las tensiones entre modelos mixtos y sistemas estatales de salud.
Para el analista en salud global Andrés Vecino, de la Universidad Johns Hopkins, “este episodio deja una señal preocupante: las decisiones técnicas en sistemas de salud pueden volverse rehén de la política cuando no existe claridad normativa. El caso Sanitas es una alerta para otros países de América Latina que buscan equilibrio entre cobertura universal y eficiencia operativa”.
En contraste, sectores cercanos al Gobierno insisten en que el modelo EPS está agotado. “La lógica del negocio no puede estar por encima del derecho a la salud. La intervención fue una medida de transición hacia un sistema más humano”, afirmó la senadora oficialista Martha Peralta.
Implicaciones para la economía global del sector salud
El caso Sanitas resalta un dilema central para los sistemas de salud en economías emergentes: ¿cómo balancear cobertura, calidad y viabilidad financiera sin perder legitimidad institucional ni poner en riesgo la inversión extranjera? Para actores globales del sector, como aseguradoras, operadores de redes integradas o financiadores multilaterales, lo ocurrido en Colombia puede ser un precedente en la evolución —o involución— de los modelos de aseguramiento en la región.
