
Avanzan procesos que podrían tumbar leyes y decretos claves para el Ejecutivo, como la reforma pensional o la medida que busca anticipar ingresos para aliviar la crisis fiscal.
Redacción Justicia y Gobierno
Bogotá, Colombia – La confrontación política en Colombia ha escalado en las últimas semanas, con una creciente ofensiva por parte de la oposición contra el presidente Gustavo Petro. Sectores políticos adversos al gobierno han desplegado una serie de acciones judiciales y movilizaciones sociales con el objetivo de frenar algunas de las reformas estructurales impulsadas por el mandatario, particularmente en los sectores laboral y de salud.
Desde que Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, se ha convertido en una figura polarizadora en el escenario político colombiano. Su ambiciosa agenda de reformas sociales y económicas ha encontrado resistencia no solo en el Congreso, donde no cuenta con una mayoría estable, sino también en los tribunales y órganos de control del Estado.
Estrategias judiciales como herramienta política

En los últimos meses, la oposición ha presentado múltiples demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y ha recurrido a organismos de control para denunciar presuntas irregularidades en la ejecución de programas gubernamentales. Estas acciones buscan obstaculizar la implementación de proyectos legislativos clave del gobierno, como la reforma laboral, que pretende mejorar las condiciones de los trabajadores, y la reforma al sistema de salud, que busca una mayor intervención del Estado.
Protestas en las calles y creciente polarización
Paralelamente, sectores críticos del gobierno han organizado manifestaciones en distintas ciudades del país. En urbes como Bogotá, Medellín y Cali, miles de ciudadanos han salido a las calles en protesta contra las políticas de Petro, acusándolo de querer concentrar poder y socavar las instituciones democráticas.
Estas movilizaciones reflejan un clima de creciente polarización en Colombia, donde las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición han llegado a nuevos niveles.
La respuesta del gobierno: defensa legal y comunicación estratégica
En respuesta, el gobierno ha reforzado su equipo jurídico para defender sus reformas ante las cortes y ha lanzado una campaña comunicacional para divulgar los beneficios de sus políticas entre la población. Además, la administración Petro ha delineado cuatro pilares estratégicos para consolidar su gestión hasta 2026: lucha contra el crimen organizado, protección ambiental con énfasis en la reducción de la deforestación, fortalecimiento de la cooperación internacional y modernización de las fuerzas de seguridad.
“El país no puede ser rehén de intereses políticos que buscan frenar el cambio”, declaró recientemente el presidente Petro. “Seguiremos trabajando con determinación para cumplir nuestro mandato democrático”.
Un escenario político incierto
Mientras tanto, el panorama político colombiano sigue marcado por la incertidumbre. Con una oposición fortalecida y un Congreso fragmentado, el futuro de las reformas propuestas por Petro dependerá en buena medida de su capacidad para sortear los desafíos legales y sociales que enfrenta su administración.