Redacción Política y Judicial
La política antioqueña ha tenido, históricamente, dos tipos de líderes: los que se exponen con todas sus luces y sombras, y los que avanzan envueltos en una narrativa pulida donde lo que falta dice tanto como lo que se muestra. Andrés Julián Rendón, actual gobernador de Antioquia, parece ubicarse en esa segunda categoría.
Rendón, economista de currículo sólido, tecnócrata de manual y político disciplinado, ha construido una carrera constante y ascendente. Sin embargo, alrededor de su biografía persisten zonas grises, vacíos que llaman la atención en un país donde el pasado —personal, familiar y político— suele ser pieza central para comprender a quien gobierna.
Uno de esos vacíos aparece en la esfera familiar. A diferencia de otros dirigentes regionales, cuya historia familiar es parte de su capital político, en el caso de Rendón la información pública sobre su esposa, Susana Ochoa Henao, es sorprendentemente escasa. Ni origen, ni trayectoria, ni vínculos familiares aparecen con claridad en registros abiertos, notas de prensa o documentos oficiales. Solo se sabe lo indispensable: su nombre, su rol como primera dama y su presencia institucional en programas sociales.
En tiempos donde la ciudadanía exige transparencia total, esos silencios no pasan inadvertidos. No porque todo funcionario tenga obligación de desnudar su vida privada —no la tiene—, sino porque las figuras de alto poder deben entender que la confianza se construye no solo con discursos, sino también con la apertura a un escrutinio razonable.
A esto se suma que, mientras su vida personal permanece hermética, la trayectoria política de Rendón sí está marcada por episodios que hoy están bajo investigación, como presuntas irregularidades en la contratación durante su alcaldía en Rionegro. Aunque los procesos siguen su curso y no hay condena alguna, la combinación entre procesos abiertos y vacíos biográficos deja un sabor inquietante: demasiadas preguntas sin responder.
¿Significa esto que existan “nexos non sanctos”?
No. Significa algo distinto, pero igual de relevante: que la opacidad siempre invita a la sospecha, especialmente en una región donde la historia ha demostrado que el poder tiende a entrelazarse con intereses poco claros cuando la luz no entra del todo.
La transparencia no es un gesto político: es un deber democrático. Y cuando falta —sea por descuido, comodidad o decisión estratégica— termina convirtiéndose en un problema público. Antioquia merece claridad. No porque el gobernador tenga algo que ocultar, sino porque el cargo que ocupa requiere que no quede nada por preguntar.
Hoy, más que escándalos, lo que hay es una ausencia incómoda. Pero las ausencias, en política, pesan. Y pesan doble cuando quienes gobiernan prefieren que otros aspectos de su vida sigan siendo un terreno sin mapas.
Adenda: Rendón y su guerra contra Petro — ¿desespero u oposición desmedida?
El caso del gobernador Andrés Julián Rendón tiene, además, una arista que no puede ignorarse: su relación con el gobierno nacional y, en particular, con el presidente Gustavo Petro. Lo que en un inicio parecía una tensión política habitual entre mandatarios de orillas ideológicas opuestas, ha escalado hacia un nivel de confrontación casi permanente, mediática y simbólica.
Rendón no ha ocultado su postura crítica frente al proyecto político del presidente. Lo que sí genera debate es el tono y la frecuencia de esa oposición. Sus intervenciones públicas, la forma en que disputa recursos y competencias, e incluso ciertos episodios recientes donde sus denuncias y cuestionamientos se presentan casi en clave de batalla, han alimentado la percepción de que la confrontación supera el terreno técnico y se instala en uno más emocional y estratégico.
La pregunta inevitable es:
¿estamos viendo a un opositor firme o a un opositor desesperado?
La frontera entre ambos a veces es delgada. La oposición firme se basa en argumentos, propuestas alternativas y discrepancia institucional. La oposición desesperada, en cambio, se expresa en la repetición obsesiva del antagonismo como herramienta política, especialmente cuando se atraviesa un momento de desgaste, investigaciones abiertas o presiones internas.
No se trata de pedir docilidad frente al gobierno nacional. La democracia necesita contrapesos. Pero cuando la energía de un gobernante territorial parece centrarse más en el choque vertical que en la gestión horizontal —la que afecta a hospitales, vías, seguridad, educación—, es legítimo que la ciudadanía cuestione si la prioridad es Antioquia o la batalla personal.
En un país que ya lleva suficientes guerras —reales, simbólicas y discursivas— la pregunta no es quién grita más fuerte, sino qué gana la gente con esa gritería. Si Rendón quiere ser un líder regional con proyección nacional, tendrá que demostrar que la oposición no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para mejorar el gobierno y la vida de los ciudadanos.
Por ahora, la impresión es que la confrontación con Petro se ha convertido en un capítulo más de ese relato incompleto que rodea su figura: mucho ruido, pocas explicaciones y demasiadas incertidumbres sobre la verdadera motivación detrás de su combate político.
Tal vez ha llegado el momento de que el gobernador y su entorno entiendan que la confianza pública se construye con información completa, no con fichas incompletas. La ciudadanía no debería tener que especular para conocer a quienes toman decisiones en su nombre.