La borrasca Marta es mucho más que un nombre en los boletines meteorológicos. Es la expresión más reciente de una sucesión de episodios atmosféricos extremos que han dejado a amplias zonas de España, especialmente del sur, sumidas en alerta, inundaciones y daños estructurales que tardarán semanas —si no meses— en ser reparados. A medida que la tensión acumulada por las lluvias se convierte en una herida abierta para comunidades enteras, surge una pregunta inevitable: ¿está España preparada para afrontar fenómenos de esta magnitud con la rapidez y recursos adecuados?
Desde finales de enero, sucesivas borrascas —Leonardo y ahora Marta— han descargado precipitaciones extraordinarias sobre la península. El impacto ha sido profundo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y otras regiones, donde alertas naranjas y rojas han sido la tónica dominante. Las autoridades han evacuado a miles de personas ante el riesgo de inundaciones y daños, mientras carreteras, infraestructuras y servicios básicos se resienten bajo el peso de un temporal que no da tregua.
Más de 11 000 desplazados y una región al límite
La fuerza de Marta ha obligado al desplazamiento preventivo de más de 11 000 personas, en su mayoría en provincias como Cádiz, Córdoba o Jaén. En algunos municipios de la Sierra de Grazalema y otras zonas de Andalucía, rescates y realojos han continuado incluso cuando la lluvia ha remitido temporalmente, debido al riesgo persistente de deslizamientos o nuevos crecimientos de los cauces fluviales.
La borrasca ha dejado un saldo tangible de cortes de carretera —cerca de 168 tramos afectados solo el sábado pasado—, aislamiento de pequeñas poblaciones y cortes de suministro eléctrico en zonas de Sevilla y Cádiz por daños en líneas de alta tensión. La Dirección General de Tráfico pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios ante la persistencia de alertas y cortes por inundaciones y desprendimientos.
Testimonios desde el terreno
En localidades como Ubrique y Grazalema, donde la orografía y los cauces fluviales complican aún más la respuesta a emergencias, muchos vecinos han regresado a sus hogares solo para encontrar calles anegadas, muros colapsados y el barro como recuerdo imborrable. Aunque algunos regresan a recoger pertenencias o retomar una vida cotidiana fragmentada, la recuperación total parece lejana.
Educadores y familias han vivido también la disrupción. Casi un centenar de centros educativos permanecen cerrados o funcionando con clases telemáticas en municipios donde el acceso a las escuelas sigue siendo peligroso o imposible.
Los agricultores: una temporada en riesgo
Si las carreteras están rotas y los pueblos aislados, los campos tampoco han quedado indemnes. Organizaciones agrarias han calificado los daños como “catastróficos”, con cultivos inundados, invernaderos destruidos por el viento y tierras de labor anegadas durante días. En Andalucía, donde la agricultura representa una parte esencial de la economía regional, se advierte que hasta el 20 % de la producción podría quedar arruinada, con pérdidas que podrían superar los miles de millones de euros si no se articulan ayudas urgentes.
Este impacto agrícola no solo es local, sino que puede tener efectos en precios de productos y suministros alimentarios más amplios, dado que muchas de estas regiones son importantes en la producción de frutas, hortalizas y productos de temporada. Los agricultores advierten que la acumulación de lluvias sobre suelos ya saturados impide la absorción natural del agua y agrava la contaminación de campos y pastizales.
Infraestructura al límite
La península Ibérica ha visto carreteras cortadas, líneas de alta tensión desplomadas y barro acumulado en zonas urbanas y rurales. En la provincia de Cádiz, la A-373 sufrió un hundimiento parcial, dejando comunicaciones esenciales inaccesibles y obligando a la habilitación de rutas temporales para servicios de emergencia.
Además, los ríos principales, como el Guadalquivir, han superado niveles históricos de alerta en varios puntos, obligando a reforzar diques y a mantener la vigilancia constante de técnicos y equipos de emergencias.
Una tregua engañosa y más retos por delante
Aunque en los últimos días la situación ha mostrado signos de estabilización en algunas zonas —la AEMET ha rebajado ciertas alertas y algunas familias han podido volver a casa—, los expertos insisten en que la emergencia no ha pasado. Las autoridades mantienen planes de acción y el Plan de Emergencia por Inundaciones (INUNDA) sigue activo mientras se monitorean otros posibles frentes meteorológicos.
Desde Galicia hasta Extremadura, las incidencias por saturación de suelos, desbordamientos —ligeros o graves— e interrupciones de servicios han recordado que un temporal no es un hecho aislado, sino parte de una serie de perturbaciones atmosféricas que están resultando más frecuentes y más intensas.
Más allá de la lluvia
Si bien ahora mismo la atención está en la gestión de la emergencia y la reconstrucción de infraestructuras, la sociedad española se enfrenta a un debate más amplio: ¿cómo adaptar un país con una geografía y climatología diversas a un clima cada vez más errático? ¿Qué inversiones hacen falta para proteger mejor a comunidades rurales y urbanas? ¿Y qué papel juega la planificación del territorio frente a fenómenos extremos que parecen repetirse con mayor frecuencia?
Las respuestas a estas preguntas determinarán no solo la capacidad de recuperación inmediata, sino la resiliencia de España frente a futuros temporales. Lo que hoy es una editorial sobre un temporal devastador también debe ser una reflexión sobre cómo se construye un futuro más seguro para todos.