
Informe Especial – GMTV Productora Internacional
El 7 de junio de 2025, Bogotá amaneció con la noticia que sacudiría el panorama político: Miguel Uribe Turbay, congresista y precandidato presidencial, fue herido por disparos durante un acto público. Un proyectil le impactó en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a la clínica, operado y sobrevivió. La Fiscalía habló de un atentado planificado por una estructura criminal. Sus opositores insinuaron un montaje. Y entre ambas narrativas se abre una grieta que, casi dos meses después, sigue sin cerrarse.
Los hechos que sostienen la hipótesis del atentado
La versión oficial se apoya en tres pilares. Primero, las detenciones: un adolescente de 15 años señalado como autor material y varios presuntos cómplices que habrían participado en la logística. Segundo, las pruebas técnicas: peritajes balísticos y forenses que identifican una pistola modificada y municiones alteradas para maximizar daño. Tercero, el contexto político: Uribe Turbay no es un actor menor, y en Colombia los ataques contra figuras de alto perfil, aunque infrecuentes, tienen precedentes.
Según la Fiscalía, la investigación apunta a que el ataque fue organizado, con distribución de roles, coordinación previa y posible conexión con grupos armados ilegales. La cadena de custodia de las evidencias y las declaraciones de los capturados, afirman las autoridades, refuerzan esta narrativa.
Las preguntas que alimentan la sospecha
Sin embargo, persisten tres interrogantes que la investigación no ha disipado:
El “cambiazo” del arma. Fuentes judiciales admiten que hubo inconsistencias iniciales sobre el arma incautada: en algunos informes se habló de un modelo y calibre, luego se presentaron peritajes sobre otro. ¿Fue un error de comunicación, una estrategia criminal para borrar huellas o una alteración en la cadena de custodia?
La ambulancia “caída del cielo”. La esposa de Uribe Turbay declaró que el vehículo llegó casi de inmediato y con un neurocirujano a bordo. En un país donde la respuesta de emergencias suele ser lenta, la coincidencia despierta sospechas. Las autoridades sanitarias no han publicado la bitácora oficial del traslado ni los nombres del personal que atendió.
El dictamen médico que no aparece. El Consejo de Estado solicitó un informe clínico para evaluar una demanda de pérdida de investidura contra Uribe Turbay. A la fecha, el documento no se conoce. La reserva de la historia médica y la suspensión del proceso por motivos de salud retrasan su publicación, pero el silencio prolongado alimenta teorías.
El ruido en redes y el efecto político

En las horas y días posteriores al ataque, redes sociales se llenaron de videos y fotos “prueba” de que el atentado fue un montaje: clips antiguos, imágenes de archivo y comparaciones fuera de contexto. Plataformas de verificación desmintieron varias de esas piezas, pero el daño narrativo ya estaba hecho.
En política, la percepción pesa tanto como la verdad procesal. Uribe Turbay salió fortalecido ante su base y recibió muestras de solidaridad de sectores que antes le eran adversos. Para otros, el episodio reforzó la idea de un político dispuesto a cualquier estrategia para ganar visibilidad.
¿Un atentado para sacarlo de la contienda de 2026?
La hipótesis de un atentado real con motivación política —no un montaje— es, hoy, la más coherente con la evidencia disponible: detenciones, peritajes y contexto. Pero probar que la intención era apartarlo de la carrera presidencial es más complejo.
Para sostener esa acusación se necesitarían pruebas directas: comunicaciones interceptadas que muestren un plan político detrás, confesiones de autores intelectuales que admitan esa motivación, o vínculos probados entre los capturados y actores con interés electoral en neutralizarlo. Ninguno de esos elementos ha salido a la luz.
Por ahora, lo que existe es un caso judicial en curso, con indicios sólidos de un crimen violento y un cúmulo de dudas legítimas que no deberían descartarse. El atentado, real o no, ya tuvo un efecto político: convirtió a Uribe Turbay en símbolo de supervivencia para unos y de sospecha para otros.
Lo que falta por responder
¿Dónde está el informe médico solicitado por el Consejo de Estado y cuándo será público?
¿Quién registró y custodió el arma incautada desde la escena hasta los laboratorios?
¿Qué ruta y protocolo siguió la ambulancia, y quiénes iban a bordo?
¿Cuántos disparos recibió el herido , no hay consenso claro aun?
Sin esas respuestas, la narrativa oficial seguirá siendo vulnerable al escepticismo. En un país con una historia marcada por la violencia política y la desinformación, la línea entre víctima y estratega puede difuminarse. La tarea de la justicia será despejarla, con pruebas, antes de que la opinión pública dicte su propio veredicto.
Adenda: ¿Manipulación en el caso de Uribe Turbay?
La pregunta persiste y va más allá del hecho violento: ¿hubo manipulación de evidencias, narrativas o procedimientos en el caso?
Tres elementos alimentan esta duda: el posible “cambiazo” del arma, la ambulancia con atención altamente especializada que llegó en tiempo récord y la ausencia —hasta ahora— del dictamen médico solicitado por el Consejo de Estado. Ninguno de estos puntos, por sí solo, constituye una prueba de manipulación; sin embargo, la ausencia de explicaciones claras y documentos verificables deja un vacío que puede ser llenado por la especulación.
La Fiscalía sostiene que la cadena de custodia se ha preservado y que el caso avanza según protocolo. Las autoridades sanitarias, por su parte, invocan la confidencialidad de la historia clínica. Pero mientras no se publiquen actas, bitácoras y oficios que respalden esas afirmaciones, la sospecha seguirá flotando sobre el expediente.
En un sistema político y judicial donde la confianza ciudadana es frágil, la transparencia no es un lujo: es la única herramienta capaz de disipar la percepción de que este episodio —más allá de ser un intento de asesinato o un montaje— pueda estar siendo moldeado para fines ajenos a la verdad y la justicia.