Ministro Benedetti: “Presidente Petro tendrá del 2 al 9 de junio para hacer convocatoria a consulta popular”
GMTV Productora Internacional 
redacción Política y Nación
Bogotá, Colombia – El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el presidente Gustavo Petro tendrá entre el 2 y el 9 de junio para convocar la consulta popular sobre la reforma laboral, luego de que el Senado no se pronunciara formalmente sobre la iniciativa. Benedetti argumentó que, según la Ley Quinta, si el Congreso no emite un concepto favorable o desfavorable dentro del plazo establecido, el Ejecutivo tiene la facultad de convocar la consulta por decreto.
La declaración del ministro ha generado una fuerte reacción en el ámbito político. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la medida como un “grave atentado contra el Estado de derecho” y advirtió que, si Petro convoca la consulta por decreto, recurrirán a instancias judiciales para frenar la decisión. “No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se usen maniobras para desviar recursos públicos hacia intereses políticos”, afirmó Cepeda.
Desde la oposición, el Centro Democrático ha rechazado la consulta, señalando que Petro busca “imponer sus reformas” tras su derrota en el Congreso. El representante Andrés Forero criticó el gasto que implicaría la consulta, asegurando que el Gobierno está dispuesto a “derrochar medio billón de pesos” en un mecanismo que, en su opinión, solo busca hacer campaña anticipada para las elecciones de 2026.
Por su parte, los sindicatos han expresado su respaldo a la consulta popular. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), calificó la negativa del Senado como una “afrenta de la casta oligárquica” y anunció un paro nacional de 48 horas en apoyo a la iniciativa de Petro. “El seguro de vida de las reformas sigue siendo la consulta popular”, afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha defendido la estrategia del Gobierno para presionar al Congreso.
Mientras el debate se intensifica, el Gobierno insiste en que la consulta es un mecanismo legítimo para garantizar la participación ciudadana en decisiones clave. Sin embargo, la posibilidad de que Petro convoque la consulta por decreto ha desatado una controversia sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional en Colombia.
El paro nacional de 48 horas en Colombia, convocado por las centrales obreras, ha generado un impacto significativo en la movilidad y la agenda política del país. Las marchas, que se han desarrollado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, han sido respaldadas por sindicatos y movimientos sociales que exigen la aprobación de la consulta popular impulsada por el Gobierno.
El rechazo del Senado a la consulta popular fue interpretado por los manifestantes como una desconexión entre el Congreso y las demandas ciudadanas. En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará la consulta sin el aval del Congreso, lo que ha desatado un intenso debate jurídico y político. Mientras el Gobierno defiende la medida como un mecanismo legítimo de participación ciudadana, la oposición la califica como un intento de eludir el control legislativo.
Las movilizaciones han generado bloqueos en varias ciudades, afectando el transporte público y la actividad comercial. En Bogotá, Transmilenio reportó más de un millón de afectados por los cierres de estaciones, mientras que en Cali y Medellín se han registrado concentraciones en puntos estratégicos.
El impacto de la decisión del Gobierno de convocar la consulta sin el aval del Congreso podría extenderse a futuras negociaciones políticas. Expertos advierten que la medida podría ser impugnada ante la Corte Constitucional, lo que añadiría incertidumbre al proceso. Mientras tanto, los sindicatos han reiterado su respaldo a la consulta y han anunciado nuevas jornadas de movilización en los próximos días.
