Nuevo capítulo en el caso Polo Polo: ¿qué sigue tras las órdenes de disculpa pública y la apertura de investigaciones?

Redacción Política y Justicia

Bogotá — El representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo enfrenta múltiples procesos por sus polémicas acciones frente al homenaje de las madres de víctimas de “falsos positivos” de ASOCIACIÓN MADRES DE FAMILIA DE FALSOS POSITIVOS (MAFAPO) en la Plaza Rafael Núñez, entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño. El episodio, ocurrido el 6 de noviembre de 2024 —cuando Polo Polo arrojó en bolsas de basura botas simbólicas que representaban a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales— desencadenó un proceso integral: órdenes de reparación simbólica, acciones disciplinarias e indagatorias penales.

Hechos recientes

La Corte Constitucional de Colombia dictó una sentencia en la que ordena a Polo Polo publicar una disculpa pública en sus redes sociales que reconozca la legitimidad de la instalación artística “Mujeres con las botas bien puestas”, su origen como ejercicio de memoria de víctimas del conflicto armado, y  el carácter inexacto de sus afirmaciones sobre supuestos pagos a las madres de Soacha. Esta deberá permanecer al menos seis meses visibles. Asimismo, se ordenó la restitución de la exposición en el Congreso.

Sin embargo, previamente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que había obligado al congresista a disculparse, argumentando vicios de procedimiento en la tutela que había interpuesto el colectivo de víctimas.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Polo Polo por presunta discriminación. Se encuentra citado para indagatoria por hechos relacionados con el incidente de las botas, que las víctimas califican como un acto de revictimización.

¿Qué sigue en el proceso?

Sanción disciplinaria / moral: Hasta ahora, la principal medida ordenada es de carácter simbólico: la disculpa pública y la restitución de la exposición artística. Este tipo de medidas no implican automáticamente sanción económica o pérdida del cargo.

Sanción penal: La apertura de la investigación por la Corte Suprema por discriminación implica que, de encontrar mérito, Polo Polo podría enfrentar proceso penal —lo que podría derivar en sanciones más severas si se le comprueba un delito.

Sanción económica / disciplinaria interna: Hasta el momento no hay un anuncio público de multa económica ni de sanción disciplinaria concreta (como destitución o inhabilitación) contra Polo Polo por este asunto. Las acciones se centran en reparación simbólica y en la investigación penal.

Repercusión política e institucional: El caso ha generado presión mediática y de organizaciones de derechos humanos, lo que podría abrir espacios para que la Rama Legislativa o los órganos internos del Congreso evalúen su conducta parlamentaria. Pero eso aún no se ha concretado en un acto de sanción reglamentaria.

Lectura final

El episodio de Polo Polo y las madres de Soacha ya dejó huella: no es solo una polémica política, sino una prueba del alcance simbólico de la memoria del conflicto armado y de la tensión entre expresión política y respeto a víctimas. Aunque la orden de disculpa es clara y vinculante (por la Corte Constitucional), la ruta hacia sanciones más fuertes aún está en desarrollo. El verdadero riesgo para el congresista no es solo el fallo técnico, sino la erosión de legitimidad ante la opinión pública y el mundo judicial hacia su figura. En ese sentido, el proceso no está terminado —como muchos esperaban— sino que abre interrogantes sobre la eficacia del sistema de sanción frente a figuras legislativas de alto perfil.

Adenda: la impunidad como carrera política

El caso de Miguel Polo Polo es, en el fondo, una radiografía de cómo la justicia y la política colombiana se complementan cuando se trata de proteger a los suyos. Ningún otro país que haya vivido una tragedia como la de los “falsos positivos” permitiría que un representante, tras humillar públicamente a las madres de las víctimas, termine su periodo parlamentario sin una sola sanción efectiva. Pero en Colombia, eso no solo es posible: es rutina.

La Corte Constitucional ordenó una disculpa pública, pero la orden se ha convertido en un trámite simbólico. El proceso penal ante la Corte Suprema avanza con la lentitud de siempre, entre aplazamientos y tecnicismos, mientras los titulares se apagan y la indignación se diluye. En la práctica, Polo Polo podrá concluir su periodo legislativo y seguir aspirando a cargos públicos sin inhabilidad alguna.

La justicia, capturada por la política y condicionada por el miedo, demuestra una vez más su inoperancia. Los procesos contra congresistas se convierten en vitrinas de desgaste institucional: se abren para calmar la opinión pública y se archivan cuando el escándalo deja de ser tendencia. Así, el caso Polo Polo no termina con una sanción, sino con una lección: en Colombia, la impunidad no es un accidente, es un sistema. Un sistema que convierte la burla, la discriminación y el desprecio por las víctimas en capital político, y que premia con reelección a quienes deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia.