Once laboratorios destruidos en Meta, pero Colombia enfrenta descertificación antidrogas: ¿avance operativo o castigo político?
GMTV Productora Internacional 
Redacción Justicia y Orden Publico
Puerto Rico, Meta – 19 de septiembre 2025
En una operación militar de alto impacto, el Ejército Nacional de Colombia destruyó once laboratorios ilegales de procesamiento de cocaína en zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta. Diez de ellos estaban dedicados a la producción de pasta base, mientras que uno —un megalaboratorio con capacidad industrial— fabricaba clorhidrato de cocaína a gran escala. Según reportes oficiales, esta infraestructura producía cerca de 1.500 kilogramos mensuales, con un valor estimado de más de 30.000 millones de pesos.
Las instalaciones pertenecían a la Estructura Marco Aurelio Buendía, del Bloque Jorge Suárez Briceño, una de las facciones más activas de las disidencias de las FARC. La operación fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en el marco del Plan Ayacucho Plus, y se suma a una serie de intervenciones que han permitido al gobierno de Gustavo Petro reportar cifras históricas: más de 700 toneladas de cocaína incautadas en lo que va del año, y más de 1.200 laboratorios destruidos desde enero.
Sin embargo, mientras los helicópteros sobrevolaban el sur del Meta y las tropas celebraban el éxito táctico, en Bogotá se libraba otra batalla: la política. En el Congreso de la República, durante la sesión de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, varios senadores elevaron la voz para cuestionar la reciente descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.
Descertificación: ¿una sanción técnica o una maniobra geopolítica?
El anuncio de la descertificación fue recibido como un golpe diplomático. Según el memorando oficial de la Casa Blanca, Colombia “ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones en materia de control de drogas” y se le acusa de tener “un liderazgo político fallido” que ha permitido el crecimiento récord de cultivos de coca y producción de cocaína.
La administración Trump exige “medidas más agresivas para erradicar la coca” y una “mayor cooperación judicial para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”. Aunque se otorgó una dispensa para mantener la cooperación bilateral, la descertificación representa un deterioro en la relación histórica entre ambos países y podría afectar el acceso a créditos multilaterales, asistencia técnica y respaldo comercial.
El Congreso responde: soberanía, cifras y contradicciones
Durante el debate legislativo, la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) fue una de las voces más críticas frente a la postura estadounidense. “La certificación es un mecanismo de presión de Estados Unidos hacia otros estados para ser el supuesto verificador de la lucha internacional contra el narcotráfico. Lo digo ‘supuesto’ porque le reclaman a otros países lo que el propio Estados Unidos no hace”, afirmó Zuleta en entrevista radial y en su intervención ante el Senado.
Zuleta defendió la estrategia del gobierno Petro, señalando que “cerca de 1.000 toneladas fueron incautadas en 2024, lo que representa un aumento del 14% frente al año anterior” y que “la interdicción ha permitido afectar a los verdaderos narcotraficantes, sin criminalizar al campesinado”. La senadora también advirtió que la descertificación “desconoce los avances reales y busca condicionar la política interna de Colombia”.
Otros congresistas, como el senador Jonathan Pulido (Alianza Verde), cuestionaron la lógica de la descertificación en medio de cifras récord de decomisos. “¿Cómo es posible que nos descertifiquen cuando estamos enfrentando a las mafias con más contundencia que nunca?”, preguntó en plenaria. Mientras tanto, sectores de oposición aprovecharon el momento para criticar la política de paz total y los diálogos con estructuras armadas, señalando que han generado confusión y permisividad.
¿Qué implica la descertificación?
La medida no implica sanciones automáticas, pero sí envía una señal negativa a inversionistas, calificadoras y organismos multilaterales. Según la Agencia de Periodismo Investigativo, la descertificación puede activar restricciones en asistencia bilateral, votos adversos en el Banco Mundial y el BID, y afectar instrumentos de fomento comercial como los respaldos de EXIM y DFC.
Además, la narrativa de “fracaso” en la lucha antidrogas puede ser utilizada por sectores políticos para deslegitimar al gobierno Petro, especialmente en un contexto preelectoral. La oposición ha comenzado a vincular la descertificación con la supuesta permisividad frente a grupos armados, mientras que el oficialismo denuncia una estrategia de presión geopolítica liderada por Washington.
¿Resultados operativos vs. narrativa internacional?
La destrucción de laboratorios en el Meta y las cifras de incautación son logros operativos indiscutibles. Sin embargo, la narrativa internacional parece centrarse más en los cultivos que en los decomisos. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Colombia cerró 2024 con más de 250.000 hectáreas de coca, una cifra que preocupa a Estados Unidos y que ha sido usada como argumento central para la descertificación.
El presidente Petro ha respondido con firmeza: “No voy a arrodillar a la nación. Se acaba la dependencia del Ejército colombiano del armamento de Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”. La declaración, emitida durante un consejo de ministros, marca un giro en la política de defensa y podría tener implicaciones en la cooperación bilateral.
¿Hacia dónde va la política antidrogas?
Colombia enfrenta una paradoja: mientras mejora su capacidad operativa para golpear al narcotráfico, pierde respaldo internacional por no cumplir metas de erradicación forzada. El gobierno Petro ha apostado por una estrategia de interdicción marítima, inteligencia financiera y diálogo con comunidades rurales, pero Estados Unidos insiste en la erradicación como indicador principal.
La descertificación, más que un castigo técnico, parece ser una herramienta de presión política. Y en ese juego, los laboratorios destruidos en Meta, las toneladas incautadas y los debates en el Congreso son apenas piezas de un tablero más complejo, donde se cruzan intereses geopolíticos, narrativas mediáticas y disputas internas por el rumbo del país.
La pregunta incómoda: ¿Dónde está el dinero que entregan los narcos extraditados?
Durante la sesión en el Congreso, una intervención de la senadora Isabel Zuleta se convirtió en tendencia nacional. Con tono firme y mirada directa, lanzó una pregunta que incomoda tanto a Washington como a Bogotá:
“¿Dónde está la plata que los narcos extraditados entregan a Estados Unidos? ¿Por qué ese dinero no regresa a Colombia para combatir los cultivos ilícitos y reducir la demanda que alimenta el negocio?”
La pregunta no es menor. Desde 2023, más de 400 personas han sido extraditadas a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. En muchos de estos procesos, los acusados negocian penas reducidas a cambio de entregar bienes, dinero y rutas. Según la Fiscalía colombiana, solo cinco de estos extraditados tenían en su poder más de 506 bienes avaluados en más de 92.000 millones de pesos. Sin embargo, no existe un mecanismo claro que permita a Colombia recuperar parte de esos activos ni reinvertirlos en programas de erradicación, sustitución o desarrollo rural.
Zuleta cuestionó la lógica de cooperación internacional:
“Estados Unidos se queda con los recursos, juzga a los capos, pero Colombia sigue pagando el costo humano, ambiental y político del narcotráfico. ¿Eso es justicia global o extractivismo judicial?”
La inquietud ha sido compartida por otros legisladores, quienes advierten que la figura de la extradición, aunque útil para desarticular redes transnacionales, priva al Estado colombiano de juzgar a los implicados por crímenes cometidos en su territorio. Además, los bienes incautados en Colombia muchas veces terminan en procesos de extinción de dominio que se dilatan por años, sin que haya claridad sobre su destino final.
En este contexto, la descertificación ordenada por el gobierno de Donald Trump adquiere un matiz más polémico. Si Colombia ha extraditado capos, incautado toneladas y destruido laboratorios, ¿por qué se le castiga diplomáticamente? ¿Y por qué no se le compensa con recursos que podrían fortalecer su lucha interna contra el narcotráfico?
La pregunta de Zuleta no solo incomoda: también revela una grieta en el modelo de cooperación antidrogas. Una grieta que, si no se aborda con transparencia y voluntad política, seguirá alimentando la desconfianza entre aliados y debilitando la soberanía judicial de Colombia.
En realidad , pareciera que la guerra contra Petro a través del gobierno Trump solo se limita a la decisión de no extraditar a los narcos detenidos en Colombia , lo que sugiere que no hay dineros para disneylandia
