Editorial – GMTV Productora Internacional
La proximidad de las elecciones del próximo 8 de marzo, seguida de una contienda presidencial que se perfila intensa, nos enfrenta a un dilema ético y civilizatorio: ¿qué ocurre cuando en las listas de candidatos aparecen personas con investigaciones legales o disciplinarias, vínculos familiares o de negocios con estructuras mafiosas o con clanes políticos asociados al crimen organizado? La respuesta no es retórica, es daño real a la democracia.
Una democracia saludable no solo se sustenta en la regla de la mayoría, sino en la integridad de quienes compiten por el poder público. Cuando los electorados enfrentan a candidatos con hojas de vida manchadas por investigaciones judiciales, escándalos de corrupción o lazos con redes clientelares mafiosas, no estamos ante meros competidores ,estamos ante un riesgo institucional profundo.
El peligro de normalizar a los sospechosos
La inclusión de estos personajes en las listas electorales tiene varios efectos perversos:
– Minimiza la ética pública: cuando un candidato con vínculos con estructuras mafiosas o con investigaciones por delitos graves aparece en una lista, envía un mensaje cultural devastador: “la política es un club donde todo se perdona”.
– Distorsiona la competencia electoral: estos candidatos, aunque no hayan sido condenados, suelen contar con redes de apoyo clientelista o financiación opaca que no compiten en igualdad de condiciones con candidatos íntegros.
– Socava la confianza pública: los votantes perciben que las reglas valen para unos y no para otros, lo que alimenta el cinismo y la abstención.
Cómo identificar a candidatos peligrosos
No todos los que enfrentan una investigación son culpables —eso lo establece nuestro sistema de justicia—, pero sí es legítimo para el electorado evaluar la “calidad ética y la idoneidad moral” de quienes aspiran a cargos públicos. Para hacerlo, ten en cuenta estos criterios:
– Historial judicial y disciplinario**: revisa si el candidato tiene procesos abiertos por delitos de corrupción, vínculos con grupos ilegales, lavado de activos, cohecho o uso de información privilegiada. La transparencia no es negociable.
– Redes familiares o de negocios: investiga si el candidato está ligado, directa o indirectamente, a clanes políticos con historial de clientelismo o alianzas con estructuras criminales.
– Financiación de campaña: un candidato que oculta el origen de sus recursos o que depende de dinero de dudosa procedencia es un riesgo para la transparencia de la vida pública.
– Comportamiento ético previo: mira más allá de las papeletas y examina cómo ha actuado en su vida profesional y personal, especialmente en posiciones de poder o influencia.
Cuando estas alertas se prendan una tras otra, el elector no solo está ante un candidato cuestionable: está ante un peligro para la institucionalidad democrática.
¿Qué hacer si un candidato intenta comprar tu voto?
La compra de votos —sea con dinero, favores, empleo o subsidios— es una afrenta directa a la voluntad popular. Si un candidato o su estructura:
* Te ofrece dinero o bienes a cambio de tu voto,
* Promete prebendas o ventajas ilegales,
* Te presiona con amenazas o presión social para que votes por él,
tienes una responsabilidad civil y un deber cívico.
La democracia no es una mercancía ni un intercambio mercantil. La ley es clara: la compra de votos es un delito. Como ciudadano, debes:
* Rechazar la oferta y documentarla si es posible (fotos, nombres, fechas).
* Reportarla a las autoridades electorales y de control: en muchos países existen líneas y plataformas para denunciar este tipo de prácticas.
* Informar a tu red de contactos: advertir a otros electores ayuda a prevenir que caigan en trampas clientelares.
Tu voto es tu voz; venderlo es debilitar tu propia libertad.
¿Qué ocurre en una democracia cuando se permite la participación de personajes oscuros?
Permitir la inscripción de personajes con vínculos turbios no solo es un fallo del sistema judicial o electoral: es un síntoma de una **democracia en riesgo de erosión ética**. Los expertos en ciencia política coinciden en que:
* Se normaliza la impunidad: cuando la participación pública no tiene sanciones reputacionales reales.
* Se endurece el clientelismo: los votantes, especialmente los más vulnerables, se convierten en objetivos fáciles de estructuras que intercambian recursos por fidelidad política.
* Se debilita el Estado de derecho: si acceder al poder no exige estándares éticos mínimos, las instituciones se convierten en botín de intereses particulares.
Una democracia fuerte exige más que elecciones: exige ”ompetidores que respeten la ley, la transparencia y la confianza pública”.
El reto del elector
El elector contemporáneo debe ser más que un receptor pasivo de propaganda. Debe ser:
* Investigador de antecedentes,
* Evaluador crítico,
* Vigilante de la integridad pública.
Votar no es una obligación mecánica: es un acto de responsabilidad histórica. Y si un candidato representa lo opaco, lo dudoso o lo corrupto, el deber del ciudadano no es solo no apoyarlo, sino impedir que su candidatura se normalice.
Las elecciones no solo definen gobiernos; construyen la ética colectiva de una nación. Y ese legado recae, al final del día, en cada uno de nosotros.