Pacientes a la intemperie: cuando la política y los intereses privados deciden quién vive y quién espera

Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional

La reciente instrucción presidencial para que la Policía y la Fuerza Pública rastreen e incauten lotes de medicamentos “acaparados” por empresas prestadoras y distribuidores vuelve a colocar en primer plano un drama repetido: millones de pacientes en Colombia siguen sin acceso oportuno a fármacos esenciales mientras el intercambio de acusaciones entre Gobierno, EPS, distribuidores y laboratorios se convierte en el telón de fondo de la crisis. La orden del Presidente de la República, anunciada el 16 de diciembre de 2025, no es una escena aislada sino el punto culminante de meses —incluso años— de tensión por la cadena de suministro farmacéutico.

Detrás de la consigna pública de “medicamentos para los enfermos, no para los mercados” hay una madeja compleja: el Estado dice haber comprado algunos lotes, los laboratorios y distribuidores alegan problemas financieros y priorización del canal comercial, y las EPS —en su condición de intermediarias— acusan al Gobierno de desfinanciar el sistema. Mientras tanto, los pacientes hacen colas o acuden a tribunales para exigir lo que por ley les corresponde. El propio Ministerio de Salud ha reconocido pagos del Gobierno y, al mismo tiempo, ha admitido la persistencia de fallas debidas a la intermediación y a otros nudos logísticos.

Los datos lo confirman: las quejas por falta de medicamentos y las tutelas se han multiplicado en los últimos años, según informes de las autoridades de control y la Defensoría del Pueblo. Entre 2022 y 2025, las acciones legales y las reclamaciones por desabastecimiento crecieron de manera alarmante, un síntoma de que el problema ha dejado de ser episódico para ser sistémico. En este escenario, la reacción presidencial —más enérgica y orientada a la intervención— busca un efecto político y sanitario inmediato: detener lo que se presenta como acaparamiento ilícito y garantizar la entrega.

Pero las medidas urgentes no sustituyen a las preguntas de fondo: ¿por qué se agudizó la dependencia de intermediarios que no controlan inventarios propios? ¿qué papel jugaron las deudas, la falta de pago y las decisiones legislativas en la fragilidad del sistema? Un reportaje analítico sobre la cadena de medicamentos equipara la crisis a una parálisis funcional: laboratorios que priorizan el canal comercial, distribuidores con problemas de liquidez y EPS que no cuentan con infraestructuras adecuadas para gestionar inventarios —todo esto deja a los pacientes atrapados entre actores que se culpan mutuamente.

El Congreso y la pugna normativa

En el Parlamento hay debates y proyectos que apuntan a reformar la intermediación y la estructura de abastecimiento —algunos impulsados por el Ejecutivo— mientras otros sectores del legislativo observan con recelo cada movimiento del Gobierno, acusándolo de demagogia o de intentar apropiarse de espacios que históricamente manejan privados y actores con poder económico. Textos legislativos y ponencias presentados en 2025 discuten modalidades de gestión farmacéutica, responsabilidades en la cadena y mecanismos de compra pública. Para amplios sectores del Congreso, cualquier intervención estatal debe encajar en el marco legal y respetar contratos; para otros, la emergencia sanitaria justifica pasos más decididos. Para los opositores en el congreso, hacer fiesta por “tumbar “ la reforma a la salud, es una medida en favor de sus “patrones” aunque dicen todo, lo contrario. El pueblo sufre mientras ellos danzan con la plata de los impuestos y las coimas de las farmacéuticas

Esa tensión política se traduce en señales contradictorias: mientras el Ejecutivo amenaza con incautaciones y allanamientos, hay iniciativas parlamentarias que —según críticos— benefician a los mismos “patrones” del sector privado (grupos de poder dentro de la industria farmacéutica, redes de distribución y conglomerados de servicios). Acusar al Congreso de legislar en favor de intereses particulares no es novedad en todas las democracias, pero en el caso colombiano adquiere aristas peligrosas cuando decisiones legislativas afectan la viabilidad financiera de quienes abastecen al sistema institucional de salud y, por ende, la disponibilidad real de medicamentos. Aquí el juicio no puede ser solo político: exige auditorías, transparencia en contratos y trazabilidad de inventarios.

¿Intervención policial o solución estructural?

La instrucción de usar a la Fuerza Pública para incautar lotes plantea dilemas jurídicos y operativos. Desde la urgencia sanitaria tiene sentido buscar medicamentos retenidos ilícitamente; desde la técnica, la incautación sin planes logísticos inmediatos para su distribución puede terminar generando nuevos cuellos de botella. Además, la militarización de una respuesta sanitaria alimenta el debate sobre el uso de fuerzas armadas en asuntos civiles: ¿son las autoridades policiales el mejor instrumento para resolver fallas en una cadena farmacéutica compleja? La respuesta requiere protocolos claros, controles judiciales y coordinación con Invima, Superintendencia de Salud y entidades técnicas.

Expertos y voces técnicas advierten que el problema central no es secreto ni terrorismo corporativo exclusivo: hay un rezago financiero histórico, retrasos en pagos por parte de las EPS y contratos mal diseñados que han llevado a distribuidores y gestores farmacéuticos a priorizar negocios más rentables —lo que a su vez provoca que el canal institucional, el que abastece a los afiliados, quede rezagado. Para cambiar esto hacen falta políticas públicas de fondo: mejora en flujo de pagos, reforma de la intermediación, incentivos a la producción nacional y auditorías que detecten prácticas irregulares sin criminalizar por sistema a todos los actores.

La palabra de los pacientes y la pérdida de confianza

En medio de debates técnicos y papeles de poder, el relato humano es brutal: pacientes con diabetes sin insulina disponible, oncológicos que esperan quimioterapias y familias que deben endeudarse para garantizar tratamientos. El Estado tiene el deber constitucional de proteger la salud; cuando falla, la tutela se convierte en parche institucional y el acceso se transforma en desigualdad. Es legítimo que el Gobierno defienda a los ciudadanos; también lo es que el Congreso ejerza control y discuta lecturas distintas sobre la reforma. Pero la ciudadanía exige coherencia: medidas inmediatas que garanticen suministro y decisiones legislativas que no reproduzcan los mismos incentivos perversos.

Hacia una agenda mínima de salida

1. Transparencia total en inventarios y contratos: creación de un registro público de lotes, trazabilidad y estados de pago.

2. Plan de contingencia para distribución inmediata de incautaciones: protocolos con Invima y Defensoría para priorizar pacientes y evitar pérdidas por caducidad.

3. Auditoría independiente sobre la cadena de pagos y la intermediación (EPS, gestores farmacéuticos, distribuidores, laboratorios).

4. Reformas legales focalizadas que reduzcan la vulnerabilidad financiera del canal institucional sin premiar prácticas corporativas opacas.

5. Programas de producción pública y compras agregadas regionales para reducir dependencia de mercados internacionales en fármacos críticos.

Ni el cañonazo mediático ni la polarización política resolverán la crisis. Lo que requieren los colombianos es una hoja de ruta técnica, con garantías jurídicas, transparencia y prioridades claras: primero la vida, después los balances. La potestad del Ejecutivo para ordenar incautaciones puede ser una herramienta útil en casos concretos de ilegalidad; pero si se limita a consignas simbólicas sin reformas estructurales, la historia se repetirá —y quienes pagarán el precio serán los mismos: los pacientes.

Como periodistas, investigadores y ciudadanos, no podemos cerrar esta nota  sin recordar una verdad elemental: las soluciones sostenibles exigen datos, mayor control ciudadano y menos lemas de campaña. Si en Colombia se quiere recuperar la confianza en la salud pública, los pasos deben ser técnicos, auditablemente transparentes y orientados a derechos, no a favores. Solo así dejaremos de resolver emergencias con parches y empezaremos a garantizar el acceso que la Constitución y la dignidad humana exigen.

Adenda:  Más recursos sin reformas: el chantaje silencioso al Estado

A la crisis de desabastecimiento y a la disputa política se suma una exigencia recurrente del gremio de la salud —EPS, gestores farmacéuticos y asociaciones empresariales—: más dinero público para “poder cumplir” con sus obligaciones hacia los pacientes. El argumento, repetido como mantra, plantea una ecuación aparentemente simple: sin mayores giros del Estado, no hay medicamentos; sin liquidez adicional, el sistema colapsa. Sin embargo, esta narrativa omite deliberadamente preguntas incómodas que expertos en políticas públicas consideran centrales.

Analistas en economía de la salud advierten que inyectar más recursos a un sistema con fallas estructurales y escasos controles no garantiza mejores resultados, sino que puede profundizar prácticas históricas de mala gestión, opacidad contractual y captura de rentas. El problema no es únicamente cuánto dinero entra al sistema, sino cómo se administra, quién lo controla y con qué incentivos opera la cadena. Exigir más presupuesto sin aceptar auditorías independientes, sin abrir libros contables ni transparentar inventarios, equivale —en palabras de un exsuperintendente— a “llenar un barril con fugas”.

Desde el punto de vista jurídico, la obligación de garantizar el acceso a medicamentos no es condicional a mayores transferencias, sino un deber contractual y constitucional previamente adquirido. Los pacientes no firmaron contratos con cláusulas de escasez; firmaron afiliaciones que prometían cobertura. Trasladar la responsabilidad al Gobierno, sin asumir fallas propias, convierte la crisis en una forma de presión institucionalizada: si no hay más dinero, el paciente paga el costo en salud.

Expertos coinciden en que cualquier discusión sobre nuevos recursos debe ir acompañada, como condición previa, de reformas verificables: depuración de intermediarios, sanciones efectivas por acaparamiento, trazabilidad de medicamentos y eliminación de incentivos perversos que premian la especulación. De lo contrario, el reclamo gremial corre el riesgo de convertirse en un chantaje silencioso: más fondos públicos a cambio de cumplir lo que nunca debió incumplirse. En un Estado social de derecho, la salud no puede ser rehén de balances privados ni moneda de negociación política. Antes de pedir más dinero, el sistema debe rendir cuentas.