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Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional
Durante años, Andrés Pastrana ha intentado ocupar el lugar del expresidente moralista: el estadista que advierte, el demócrata que señala, el guardián de la institucionalidad. Sin embargo, en los últimos días, una serie de fotografías, testimonios y recuerdos incómodos del pasado han reabierto preguntas que nunca fueron respondidas con suficiencia. Preguntas que hoy, en un país que exige coherencia y verdad, ya no pueden seguir siendo barridas bajo la alfombra del prestigio político.
Las imágenes que han circulado recientemente —y cuya autenticidad debe ser verificada por las autoridades competentes— muestran una cercanía del expresidente colombiano con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por delitos sexuales y símbolo global de las redes de poder, abuso e impunidad. Junto a Epstein aparece también su secretaria privada, figura clave en la estructura logística de su red. No se trata de una acusación automática, pero sí de un vínculo que exige explicación pública, más aún tratándose de un exjefe de Estado.
La pregunta no es solo qué tipo de relación existió, sino en qué contexto, con qué propósitos y bajo qué conocimiento. En democracias maduras, el solo hecho de aparecer vinculado —aunque sea de manera social o circunstancial— a un personaje de ese calibre obliga a una rendición de cuentas clara, documentada y verificable. El silencio, en estos casos, no protege: erosiona.
Pero este no es un episodio aislado. El nombre de Pastrana ya había sido rodeado de controversias durante su mandato (1998–2002), muchas de ellas nunca esclarecidas del todo. Entre ellas, las denuncias sobre el uso presuntamente irregular de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, supuestamente empleados para fines no oficiales. De confirmarse, estaríamos frente a una violación grave del principio de legalidad y del uso debido de bienes del Estado.
Civiles en escenarios militares: una línea que no puede cruzarse
Uno de los aspectos más sensibles —y potencialmente más graves— que emerge de las revelaciones recientes tiene que ver con la presunta participación de civiles en entornos y actividades militares, una práctica expresamente prohibida por la legislación colombiana y por el Derecho Internacional Humanitario. En las últimas horas, el caso Jeffrey Epstein sumó un nuevo capítulo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara archivos adicionales sobre la red de tráfico sexual y abuso de menores que lideraba el financista estadounidense.
Entre los documentos y fotografías divulgadas, una imagen ha causado especial polémica en Colombia: en ella aparece el expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell —expareja y colaboradora cercana de Epstein—, hoy condenada a 20 años de prisión por delitos asociados a esa red criminal. En las imágenes, ambos aparecen en un contexto vinculado a uniformes de las fuerzas militares colombianas de la época, lo que ha reavivado interrogantes sobre el uso de activos y espacios militares.
El periodista Daniel Coronell recopiló declaraciones atribuidas a Maxwell sobre un viaje a Colombia junto a Epstein. “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Black Hawk en Colombia”, afirmó la mujer, según el comunicador. Coronell añadió que en el libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York, del autor Andrew Lownie, se señala que Maxwell relataba en reuniones sociales haber volado un helicóptero Black Hawk en Colombia e incluso haber disparado un cohete contra un campamento terrorista.
De comprobarse, estos hechos plantearían interrogantes de extrema gravedad: ¿cómo y bajo qué autorización una civil extranjera tuvo acceso a aeronaves militares?, ¿existió participación directa o indirecta en acciones armadas?, ¿qué responsabilidades políticas y penales se derivan de ello? La sola posibilidad de que civiles hayan participado en operaciones militares exige una investigación exhaustiva, independiente y judicial, pues no se trata de un asunto anecdótico, sino de una potencial violación grave a la ley y a los principios fundamentales del Estado de derecho.
Expertos en derecho internacional consultados en múltiples foros académicos han sido claros: si un jefe de Estado autoriza, tolera o ignora la participación de civiles en acciones militares, su responsabilidad no es política, sino penal. No importa cuántos años hayan pasado. No importa cuántos cargos honoríficos se acumulen después.
El politólogo y analista de conflictos armados (opinión ampliamente compartida en la academia) ha insistido en que uno de los grandes déficits del proceso de paz del Caguán fue precisamente la opacidad en la toma de decisiones militares y de seguridad, una opacidad que impidió el control ciudadano y parlamentario. Ese vacío institucional hoy vuelve a cobrar factura.
Si algo ha enseñado la justicia transicional en Colombia es que el poder no exonera, compromete.
Lo más inquietante es el contraste entre el Pastrana del pasado y el Pastrana del presente. El mismo que hoy exige sanciones internacionales, habla de ética democrática y se presenta como referente moral, es el que ahora debe responder por sombras que nunca fueron disipadas. La democracia no se construye solo señalando al adversario, sino rindiendo cuentas propias.
Juristas especializados en justicia internacional coinciden en un punto fundamental: la investigación no es una condena, pero la ausencia de investigación sí es una forma de impunidad. Por eso, los hechos conocidos —fotografías, testimonios, denuncias históricas— deben ser puestos en conocimiento de tribunales competentes, nacionales e internacionales, para que sean evaluados con rigor probatorio, no con pasiones políticas.
Colombia ha avanzado, con tropiezos, hacia una cultura donde incluso los expresidentes pueden y deben ser investigados. Ese principio no puede aplicarse de manera selectiva. La justicia no puede tener memoria corta ni jerarquías invisibles.
Los demonios de Pastrana no son solo personales; son símbolos de una época en la que el poder operaba sin suficiente escrutinio. Hoy, cuando esas sombras vuelven a aparecer, el país tiene dos opciones: mirar hacia otro lado o exigir verdad. Y en una democracia que aspire a ser adulta, la verdad no se negocia, se investiga.
Porque nadie —ni ayer ni hoy— debería estar por encima de la ley.
