#PensionesEnJuego. La Corte Constitucional y la reforma pensional: ¿defensa de la legalidad o bloqueo político?
GMTV Productora Internacional 
Redacción política y Justicia
La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, presentada como una de las grandes banderas sociales de su administración, parecía tener ya el camino despejado tras su aprobación en Senado, Cámara y la sanción presidencial. Incluso el Ejecutivo había expedido decretos para preparar la transición del sistema y fijado el inicio de su implementación para julio de 2025. Sin embargo, la Corte Constitucional, al ejercer el control previo que le otorga la Constitución, detuvo el proceso y devolvió la ley al Congreso, argumentando vicios en el trámite legislativo.
La decisión ha abierto un debate profundo en el país: ¿es una defensa legítima del orden constitucional o un muro político disfrazado de legalidad que favorece a los fondos privados de pensiones?
El dilema de la legalidad
En términos jurídicos, la Corte actuó dentro de sus competencias. El artículo 241 de la Constitución de 1991 le otorga la facultad de revisar las leyes que afectan derechos fundamentales, como la seguridad social, antes de que entren en vigor. El objetivo es garantizar que el procedimiento legislativo cumpla las reglas y que el contenido no contradiga la Carta Magna.
En este sentido, el argumento de la Corte es claro: la Cámara de Representantes no debatió de manera suficiente algunos puntos de la reforma. El Congreso, entonces, debe rehacer parte del trámite. Desde la óptica legal, no hay irregularidad.
La percepción de un muro político
No obstante, en lo político, la decisión genera otra lectura. Para el gobierno, este control previo se ha convertido en un obstáculo que impide avanzar en una reforma social clave. Los fondos privados, que verían afectados sus ingresos con el paso de millones de afiliados a Colpensiones, celebran en silencio una medida que congela la reforma.
La narrativa desde el Palacio de Nariño es contundente: la Corte, al retrasar el proceso, favorece a los intereses económicos de los fondos privados y frena un modelo más solidario para garantizar pensiones a quienes hoy no tienen acceso.
Lo que está en juego
El congelamiento de la reforma no es un simple detalle procesal. Sus efectos son concretos:
Los decretos expedidos para organizar el nuevo sistema quedan en suspenso.
La transición de afiliados hacia Colpensiones no se podrá iniciar.
La planeación fiscal del Ministerio de Hacienda, que contaba con el nuevo Fondo de Ahorro Pensional, entra en incertidumbre.
Mientras tanto, el sistema actual, cuestionado por su inequidad y baja cobertura, se mantiene en pie.
El costo en las calles: Colpensiones en crisis de atención
La parálisis legislativa no solo se mide en el plano jurídico o político. En las últimas semanas, usuarios de Colpensiones han denunciado largas filas, retrasos en la asignación de citas, demoras en el reconocimiento de mesadas y fallas en la atención al público en distintas sedes del país.
El panorama se repite en Bogotá, Medellín, Cali y ciudades intermedias: oficinas desbordadas, adultos mayores esperando durante horas y funcionarios sin información clara sobre cómo proceder ante los cambios anunciados y luego congelados.
Los sindicatos de Colpensiones han advertido que la incertidumbre causada por la demora de la Corte Constitucional ha incrementado la presión sobre los trabajadores. Muchos ciudadanos, convencidos de que la reforma ya estaba en marcha, han intentado tramitar traslados o anticipar pensiones que todavía no existen en el marco legal vigente.
La consecuencia es una tormenta de expectativas insatisfechas: un Estado que prometió un nuevo modelo de protección social, pero que ahora luce atrapado en un limbo jurídico que erosiona la confianza de los ciudadanos.
Legalidad vs. legitimidad
El choque pone de relieve un dilema de fondo en la democracia colombiana: ¿hasta dónde puede llegar la Corte en su papel de guardiana de la Constitución sin interferir en la legitimidad política de las decisiones adoptadas por el Congreso y respaldadas por el Ejecutivo?
En el papel, la Corte no ha hecho nada fuera de lo previsto por la Constitución. En la práctica, la devolución del proyecto equivale a reabrir un debate que ya había sido cerrado políticamente, y esto alimenta la percepción de que las instituciones se usan para frenar reformas sociales que incomodan a los poderes económicos.
Desde la perspectiva ciudadana, la tensión no se traduce en discusiones técnicas sino en la imposibilidad de resolver trámites básicos. Para un pensionado que espera su primera mesada, o un trabajador informal que sueña con cotizar en el sistema público, las pugnas entre Congreso, Corte y Gobierno suenan lejanas; lo urgente es obtener respuestas que hoy Colpensiones no está en capacidad de dar.
Los riesgos económicos del limbo
La demora en la implementación de la reforma pensional también tiene consecuencias macroeconómicas:
El Fondo de Ahorro Pensional, que buscaba aliviar las finanzas del sistema a futuro, no puede ponerse en marcha.
La planeación presupuestal del gobierno queda en entredicho, pues los cálculos de recaudo y gasto asociados a la reforma están en el aire.
El sistema privado de pensiones se fortalece de manera temporal, al retener a millones de afiliados que debían pasar a Colpensiones bajo el nuevo modelo.
En un contexto internacional donde los mercados siguen de cerca la sostenibilidad fiscal de Colombia, la parálisis no pasa desapercibida. La oposición aprovecha el retraso para insistir en que el gobierno no tiene capacidad técnica para ejecutar sus reformas, mientras que el oficialismo denuncia un sabotaje institucional.
Mirada hacia el futuro
Lo que ocurra en los próximos meses será decisivo. El Congreso tendrá que repetir parte del trámite y volver a enviar el texto a la Corte. Si se subsanan los vicios, la reforma podría salir fortalecida. Pero el desgaste político ya está hecho.
La ciudadanía, que esperaba claridad, enfrenta la confusión. Y Colpensiones, llamada a ser el eje del nuevo sistema, padece hoy una crisis de legitimidad que amenaza con minar cualquier intento de implementar la reforma en el futuro inmediato.
Entre la defensa de la ley y el costo social
Para algunos analistas, este episodio refleja una paradoja: en nombre de la defensa de la legalidad, se debilita la legitimidad de un gobierno electo con el mandato explícito de transformar el sistema pensional. Para otros, la Corte ha evitado un error mayor y preservado la institucionalidad frente a un trámite legislativo apresurado.
Lo cierto es que el costo no se mide únicamente en términos políticos. Cada día de demora es también un día de filas interminables en las oficinas de Colpensiones, de usuarios frustrados y de un Estado que parece incapaz de responder a las necesidades básicas de sus ciudadanos. La pregunta sigue abierta: ¿defiende la Corte Constitucional la ley o se ha convertido en un muro que protege los intereses de los fondos privados de pensiones a costa del bienestar ciudadano? La respuesta, más allá de lo jurídico, marcará no solo el rumbo de la política social en Colombia, sino la confianza en la capacidad del Estado para transformar la vida de quienes más lo necesitan.
