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Por Redacción Internacional
Lima – 10 de octubre de 2025: El Congreso de Perú destituyó esta semana a la presidenta Dina Boluarte, sumando un nuevo capítulo a la larga saga de inestabilidad política que ha marcado la vida republicana del país durante los últimos veinte años.
Pero más allá del hecho en sí, la destitución de Boluarte vuelve a poner en evidencia algo más profundo: Perú no tiene liderazgo real. El país se gobierna entre congresos fragmentados, presidentes interinos y una clase política que parece condenada a repetir el mismo ciclo de colapso institucional.
Desde la caída de Alberto Fujimori en el año 2000, Perú no ha conseguido construir un proyecto de Estado estable, ni una figura política con legitimidad nacional capaz de unir a un país dividido entre la desconfianza, el centralismo limeño y la marginación de las provincias andinas.
La herencia del fujimorismo —autoritaria, clientelista y con fuerte control del poder judicial y mediático— sigue pesando sobre el país como una losa imposible de remover.
El fin anunciado de Dina Boluarte
La votación en el Congreso fue contundente: 122 de los 130 legisladores aprobaron la destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral y abandono de funciones”.
Boluarte, que había llegado al poder en 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se negó a comparecer ante la audiencia convocada por el Legislativo. Su abogado, Juan Carlos Portugal, denunció “violaciones al debido proceso” y acusó al Parlamento de actuar por revancha política.
“El Congreso se ha convertido en un espacio de poder y no de debate. No buscan justicia, sino control político”, afirmó Portugal en la red X.
Boluarte deja el cargo tres años después de haber asumido el poder, con un saldo demoledor: más de 80 manifestaciones violentas, decenas de muertos y una caída de confianza ciudadana que roza el 90 %.
Su mandato, que comenzó prometiendo reconciliación, terminó en aislamiento político total. Incluso sus antiguos aliados en el Congreso votaron por su destitución, señal de que el sistema político peruano devora a sus propios líderes con una velocidad implacable.
Una nación sin brújula ni liderazgo
La salida de Boluarte confirma una constante: Perú no tiene timonel. Desde 2016, el país ha tenido seis presidentes sin que ninguno lograra completar su mandato ni consolidar una visión de gobierno duradera.
El poder se reparte entre facciones parlamentarias, intereses económicos y operadores judiciales, mientras la población mira desde la periferia cómo el Estado se desmorona.
“En Perú no hay liderazgo político, sino supervivencia. Los presidentes gobiernan a la defensiva, esperando no ser derrocados por el Congreso o por las calles”, explica el analista político Luis Pásara, autor del libro El laberinto peruano.
Según Pásara, la falta de liderazgos auténticos ha llevado al país a vivir en un permanente estado de excepción política: los gobiernos duran poco, las reformas nunca se completan y la democracia se mantiene a flote por inercia.
El fantasma del fujimorismo
En el trasfondo de esta inestabilidad late un viejo espectro: el fujimorismo.
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) instauró un modelo autoritario disfrazado de eficiencia, basado en la concentración del poder, el uso político del miedo y la manipulación del Congreso y los medios.
Aunque el expresidente fue condenado por corrupción y violaciones de derechos humanos, su legado institucional —y su red de influencias— nunca desapareció.
“Fujimori no solo destruyó la democracia de su tiempo: destruyó la posibilidad de construir una nueva”, resume la politóloga Rosa María Palacios. “Dejó un país acostumbrado a la obediencia, a la desconfianza y al personalismo político.”
Su hija, Keiko Fujimori, heredó el capital político de su padre, pero no su capacidad de control. Tras tres derrotas presidenciales consecutivas (2011, 2016 y 2021), Keiko intentó reactivar el fujimorismo como una fuerza parlamentaria de oposición.
Sin embargo, lejos de estabilizar el país, su partido Fuerza Popular se convirtió en el símbolo del bloqueo político: obstruyó gobiernos, promovió destituciones y alimentó el clima de confrontación permanente que hoy define a Perú.
“Keiko Fujimori representa la continuidad del autoritarismo por otros medios. No gobierna, pero tampoco deja gobernar”, señala el historiador José Alejandro Godoy.
El resultado: un sistema político colapsado, donde la herencia de los Fujimori sigue determinando la agenda nacional, aun cuando ya no tienen el poder formal.
Una democracia convertida en campo de batalla
La inestabilidad política peruana no puede entenderse sin la crisis de representatividad que atraviesa sus instituciones.
El Congreso, compuesto por más de una decena de partidos sin identidad ideológica clara, se ha convertido en un espacio de negociaciones personales más que de debate político.
Las bancadas se dividen, se venden, se crean y se disuelven según conveniencias coyunturales. La lealtad partidista es casi inexistente.
En ese contexto, el Ejecutivo opera sin respaldo real. Los ministros rotan constantemente, los programas sociales se interrumpen y la inversión extranjera se retrae.
El país se mueve, pero sin dirección: una economía que resiste, una sociedad que protesta y un Estado que ya no inspira respeto.
“En Perú el poder ya no es una institución, sino una trinchera. Nadie gobierna para el país, sino para sobrevivir a la próxima crisis”, explica el sociólogo Santiago Roncagliolo.
El resultado es una democracia puramente formal: elecciones periódicas, pero sin proyecto nacional; cambio de presidentes, pero sin transformación. La política peruana se ha reducido a una sucesión de derrocamientos en cámara lenta.
Del centralismo limeño al vacío de poder
La fractura territorial también juega su papel. Mientras Lima concentra la burocracia, la economía y el poder mediático, las regiones andinas siguen siendo las más pobres y las menos representadas.
El gobierno de Pedro Castillo intentó cambiar ese equilibrio, pero fue devorado por el mismo sistema que lo eligió. Dina Boluarte, que había sido su vicepresidenta, terminó aliada con los sectores conservadores que antes la atacaban.
Su caída evidencia que ningún político peruano puede gobernar sin chocar con las élites limeñas ni sin perder el apoyo de las regiones.
Esa contradicción —la capital frente al interior— se ha convertido en el eje del conflicto nacional.
¿Qué queda después de Boluarte?
Tras su destitución, Perú se enfrenta nuevamente a un vacío de poder. El Congreso ha designado un presidente interino y convocará elecciones anticipadas, aunque pocos creen que eso solucione algo.
La población está exhausta y desconfiada. Las calles, donde antes se celebraban las caídas de presidentes, hoy solo expresan resignación.
“Perú vive en un bucle de crisis donde nadie gana, todos pierden y nada cambia”, dice la periodista Claudia Cisneros. “El país necesita una refundación institucional, no otro reemplazo presidencial.”
El legado que no muere
A 25 años de la caída de Fujimori, su sombra sigue siendo el verdadero poder invisible del Perú: el miedo al cambio, el uso del Congreso como arma política y la idea de que el orden vale más que la justicia.
Ni Keiko, ni los sucesivos presidentes, ni el Congreso han logrado romper con ese molde.
La destitución de Boluarte no es solo el fin de un gobierno; es la prueba de que el país aún no ha aprendido a elegir ni a sostener líderes capaces de unirlo. Perú sigue siendo, dos décadas después, un Estado funcional sin liderazgo, una democracia sin demócratas.
