
Redacción Política
Bogotá, Colombia – El presidente colombiano Gustavo Petro ha abierto un nuevo capítulo en la confrontación política que marca su mandato al anunciar que impulsará una consulta popular para salvar su reforma laboral, luego de que el Congreso modificara sustancialmente su contenido. La medida, calificada por la oposición como un intento de “gobierno por decreto”, plantea serias tensiones institucionales y jurídicas.
La reforma, piedra angular de la agenda progresista del Gobierno, pretendía fortalecer los derechos de los trabajadores incluyendo una mayor compensación por trabajo nocturno y en festivos. No obstante, la introducción parlamentaria de artículos que permiten la contratación por horas fue interpretada por Petro como una “distorsión” del proyecto original, en palabras del propio mandatario.
“La institucionalidad bloquea el cambio, por eso vamos a consultar al pueblo”, declaró Petro, quien ha fijado el 12 de junio como plazo para emitir el decreto que convocaría a la ciudadanía a las urnas. El Ejecutivo argumenta que la consulta populares una salida legítima ante lo que considera un “sabotaje legislativo” a su agenda social.
La reacción de la oposición ha sido inmediata y enérgica. Voceros del Centro Democrático y Cambio Radical han advertido que la consulta, al convocarse por decreto sin trámite legislativo, violaría principios constitucionales y será impugnada ante el Consejo de Estado. “No se puede pasar por encima del Congreso cuando no se obtiene la mayoría”, afirmó el presidente del Senado, quien calificó el anuncio como un acto de “desesperación política”.
A nivel internacional, analistas y observadores de derechos laborales siguen con atención el caso colombiano, que podría sentar un precedente en la región sobre el uso de mecanismos plebiscitarios para sortear bloqueos legislativos. Algunos sectores comparan la maniobra con estrategias empleadas por gobiernos populistas en América Latina para consolidar su agenda al margen de los canales tradicionales del poder.
Con el tiempo corriendo hacia el 20 de junio, fecha límite para la aprobación del proyecto en el Congreso, el país se adentra en una fase de alta volatilidad política. Si la consulta se concreta, podría celebrarse antes de septiembre y convertirse en un referendo nacional sobre el modelo laboral, pero también sobre el estilo de liderazgo de Petro.