Petro firma decreto para consulta popular en medio de controversia jurídica y política
GMTV Productora Internacional 
Marchas en el país respaldaron al presidente y su gobierno
Redacción Nación
Desde Cali, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto para convocar a una consulta popular sobre las condiciones laborales, cumpliendo lo anunciado por el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre. La decisión se da en medio de incertidumbre sobre el futuro de la reforma laboral en el Senado y enfrenta un panorama de fuerte oposición desde sectores políticos y jurídicos.
En respuesta al anuncio, organizaciones sindicales han salido a movilizarse en Bogotá en respaldo tanto a la consulta popular como a la reforma laboral y al gobierno de Petro. Paralelamente, en Cali se contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo y congresistas afines al petrismo durante el acto de firma del decreto, incluyendo al ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Miles de ciudadanos se movilizaron en distintas ciudades de Colombia en respaldo a la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro. La jornada, convocada por centrales obreras y organizaciones sociales, tuvo lugar en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, con concentraciones en puntos estratégicos como el Parque Nacional en la capital y la Plazoleta San Francisco en Cali.
Las marchas fueron lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), quienes destacaron la importancia de la consulta popular como mecanismo para avanzar en reformas laborales y sociales. En Bogotá, la movilización partió desde el Parque Nacional y avanzó por la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, donde se congregaron gremios y líderes sindicales.
En Cali, la jornada estuvo marcada por la llegada de comunidades indígenas al Parque de las Banderas y la concentración de trabajadores en la Plazoleta San Francisco. Mientras tanto, en Medellín, la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) organizó una marcha desde su sede hasta el Parque de las Luces, donde se realizaron actividades culturales y pedagógicas en defensa de las reformas sociales.
A pesar del respaldo masivo, la jornada se desarrolló en un contexto de tensión política y social, debido a recientes episodios de violencia en el país, incluyendo atentados en Cali y el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay. No obstante, los organizadores reiteraron su llamado a mantener el carácter pacífico de las manifestaciones y a continuar la lucha por la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana.
A pesar de la firme postura del mandatario, diversas voces han cuestionado la legalidad del decreto, comparándolo con un posible quiebre institucional. Críticos sostienen que expedir esta medida sin el respaldo legislativo podría comprometer la independencia de poderes y desatar un conflicto jurídico en el país. En ese sentido, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que el decreto será impugnado ante el Consejo de Estado, una decisión respaldada por la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal.
Petro, por su parte, ha defendido la consulta popular asegurando que la medida cuenta con sustento legal en el Artículo 33 de la Ley 1757, el cual otorga al Ejecutivo la capacidad de expedir el decreto incluso si el Senado no emite concepto previo sobre la consulta. No obstante, los recientes episodios de violencia en Valle del Cauca han llevado a algunos funcionarios a recomendar la postergación de la firma del decreto, en un intento por evitar un mayor clima de confrontación.
El conflicto político y judicial que envuelve esta decisión marca un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral en Colombia, con implicaciones que podrían afectar la estabilidad institucional en los próximos meses.
