Petro gana terreno en la narrativa de la paz, mientras cabecillas criminales revelan vínculos pasados con políticos antioqueños
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Cabecillas de estructuras criminales en Antioquia les responden a políticos antioqueños tras las criticas por su presencia en la Alpujarra
Medellín, Colombia | Por Redacción Internacional
Un evento presidencial celebrado el pasado 21 de junio en Medellín ha desatado una tormenta política nacional y ha capturado la atención internacional. La razón: la participación pública de varios cabecillas de estructuras criminales de Antioquia, condenados por delitos graves, que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a un acto oficial encabezado por el presidente Gustavo Petro. La escena, inédita en la historia reciente del país, dejó al descubierto los antiguos vínculos entre el poder político local y las redes criminales.
La Paz Urbana como instrumento de confrontación política
El evento, realizado en la emblemática Plaza de La Alpujarra, fue parte de los avances del programa “Paz Urbana”, una iniciativa del Gobierno nacional que cumple dos años y que busca abrir canales de diálogo con líderes de bandas delincuenciales para reducir la violencia en zonas urbanas del Valle de Aburrá. Bajo esta lógica, el Gobierno ha sostenido mesas de trabajo con miembros de organizaciones como La Oficina, La Terraza y otras facciones criminales.
Pero lo que para la Casa de Nariño representa una apuesta arriesgada por la paz urbana, para la oposición local se convirtió en un “acto de apología al crimen”. El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, fue uno de los más críticos: “Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad, muchos capturados en mi primera administración, para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está”, sentenció. “Esto no es política, es una premiación a la barbarie”.
Criminales replican: “Fuimos aliados en el pasado”
El evento tomó un giro inesperado cuando dos de los cabecillas, Freyner Alonso Ramírez (“Carlos Pesebre”) y José Leonardo Muñoz (“Douglas”), respondieron públicamente a las críticas, revelando que su relación con políticos antioqueños no es nueva. “¿Por qué es tan malo que ahora hablemos de paz, si antes también lo hicimos durante la alcaldía de Federico?”, dijo Pesebre en una entrevista con el canal estatal RTVC. “Antes entrábamos por el sótano de la alcaldía y nadie decía nada”.
Más incendiarias fueron las declaraciones de “Douglas”: “No se sentían amenazados cuando nos buscaban para pedirnos ayuda en elecciones. Entonces éramos mejores amigos”.
Estas revelaciones, más allá del escándalo, han puesto sobre la mesa un asunto incómodo pero conocido en los pasillos del poder: la instrumentalización histórica de estructuras criminales en campañas electorales, especialmente en Antioquia, uno de los bastiones políticos más influyentes de Colombia.
Petro capitaliza el escándalo y refuerza su narrativa de transformación
Mientras la oposición local intenta contener el daño político y se deslinda de los señalamientos, el presidente Petro parece haber ganado una inesperada ventaja: proyectarse como el único líder dispuesto a “mirar de frente el conflicto urbano” y abrir espacios de reconciliación incluso en terrenos impensables. Aunque su visita a Medellín fue duramente cuestionada por sectores de derecha —como la senadora María Fernanda Cabal—, para muchos analistas representó un acto audaz de control del escenario, en el corazón político de sus más férreos detractores.
En un momento donde Petro enfrenta críticas por la implementación de su política de “paz total” y por los resultados mixtos en otras regiones del país, esta aparición en Medellín, acompañado por quienes han sido considerados enemigos públicos, le devuelve protagonismo en la agenda nacional y redefine los términos del debate: ¿se debe seguir dialogando con estructuras criminales como parte de la solución o su mera visibilidad en actos públicos constituye una amenaza al Estado de derecho?
Implicaciones internacionales: ¿nuevo modelo de justicia transicional urbana?
Para la comunidad internacional, especialmente observadores de procesos de paz y justicia transicional, el caso colombiano vuelve a posicionarse como un laboratorio político. La “Paz Urbana” se presenta como una fórmula experimental que plantea interrogantes complejos: ¿puede haber redención política para quienes han controlado territorios mediante la violencia? ¿Es el reconocimiento público de estos actores un paso hacia la pacificación o una peligrosa legitimación?
Más allá de la controversia, Medellín —una ciudad marcada por décadas de violencia y transformaciones— vuelve a ser epicentro de un debate profundo sobre el poder, la memoria y el futuro de la paz en Colombia. Otro “golpe a la cabeza de la serpiente” por parte del presidente de la Republica.
