Petro suspende el concurso notarial y desata tormenta política de cara a 2026
GMTV Productora Internacional 
Redacción Política
La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el concurso para la elección de nuevos notarios en Colombia, el primero en una década, ha abierto una intensa disputa política que amenaza con extenderse hasta las elecciones de 2026. Lo que comenzó como una medida administrativa para revisar presuntas irregularidades se transformó rápidamente en un campo de batalla sobre corrupción, poder y herencias del pasado reciente.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que dio la orden a la Superintendencia de Notariado y Registro de frenar el proceso, que buscaba cubrir cerca de 300 vacantes notariales. Según Petro, el concurso habría estado plagado de irregularidades y exigencias económicas indebidas para los aspirantes.
“Las notarías no son para la politiquería. No hagan trampas con las elecciones, ni usen la justicia y la buena fe para eso. Este concurso se volvió mentiroso: los que queden deberán pagar hasta mil millones de pesos por cupo. No podemos permitir una extorsión generalizada a los abogados de Colombia”, dijo Petro en un tono que reflejó su intención de convertir el caso en símbolo de lucha contra las viejas prácticas políticas.
El peso político de las notarías
En Colombia, las notarías han sido durante décadas más que oficinas de servicios públicos. Se han convertido en cuotas burocráticas altamente apetecidas por partidos políticos, congresistas y gobiernos de turno. Los notarios, además de manejar trámites civiles y comerciales, tienen acceso a información estratégica y recursos que históricamente han servido como moneda de cambio en alianzas políticas.
Un informe del propio Estado revela que en los últimos 30 años, las notarías han sido utilizadas como herramienta para premiar lealtades y financiar campañas. La práctica no es nueva, pero el escándalo actual revive sospechas sobre su rol en las elecciones, especialmente en un país que se encamina a unos comicios presidenciales decisivos en 2026.
El legado de Duque bajo la lupa
El anuncio de Petro también reabrió el debate sobre las notarías entregadas en los últimos días del gobierno de Iván Duque. En agosto de 2022, antes de entregar el poder, el entonces presidente firmó resoluciones que designaron decenas de notarías en distintas regiones del país, muchas de ellas en manos de aliados políticos o personas cercanas a congresistas de la coalición oficialista de ese momento.
La oposición ha recordado que ese paquete de nombramientos buscaba asegurar control territorial en municipios estratégicos. Según críticos, el proceso se hizo sin la debida transparencia y con un evidente sesgo político. Para el petrismo, este antecedente es prueba de que el sistema notarial necesita una depuración profunda.
Reacciones de la oposición
La decisión de Petro no tardó en encender la confrontación con sus opositores. Sectores del Centro Democrático acusaron al mandatario de utilizar el tema para desviar la atención de los problemas de gobernabilidad que enfrenta su administración.
“El presidente busca convertir un tema administrativo en un espectáculo político. Suspender el concurso no soluciona la corrupción, pero sí le da munición para victimizarse y atacar a sus críticos”, señaló la senadora María Fernanda Cabal.
Otros líderes de la oposición advirtieron que Petro está sentando un precedente peligroso al frenar procesos en curso. “El presidente no puede suspender concursos a conveniencia. Está interfiriendo con la institucionalidad”, dijo el exministro Rafael Nieto.
El impacto hacia las elecciones de 2026
Más allá de la disputa jurídica, lo cierto es que la polémica podría tener un eco significativo en la política colombiana de cara a 2026. Petro, que no podrá aspirar a la reelección, busca consolidar a un sucesor que garantice la continuidad de su proyecto progresista. Para ello necesita mantener el discurso de lucha contra la corrupción y las viejas élites políticas.
El escándalo notarial se convierte en una oportunidad para mostrar que su gobierno está dispuesto a tocar intereses tradicionales, incluso si eso implica confrontar a las altas cortes, que históricamente han jugado un papel clave en la designación y supervisión de notarías.
Pero la jugada también puede tener efectos adversos. La oposición ya está utilizando el caso para alimentar la narrativa de que Petro “politiza todo” y que utiliza la denuncia como herramienta de campaña anticipada. En un escenario electoral fragmentado, el manejo de este tema podría influir en el voto urbano de clase media, sensible a los discursos anticorrupción, pero también en los sectores más conservadores que temen un debilitamiento institucional.
¿Qué viene ahora?
La Superintendencia deberá definir el procedimiento para dar cumplimiento a la orden presidencial. Todo indica que el concurso se reanudará después de las elecciones locales de 2026, una vez se aclaren las denuncias. Sin embargo, abogados y académicos advierten que la demora podría generar un cuello de botella en la prestación de servicios notariales, especialmente en regiones donde las vacantes superan el 30%.
Mientras tanto, el tema seguirá en el centro del debate público. La pregunta de fondo es si Petro logrará transformar un sistema notarial cargado de intereses políticos o si, como ha ocurrido en el pasado, la indignación terminará diluyéndose entre escándalos más recientes.
Una historia repetida
El episodio confirma que, en Colombia, las notarías siguen siendo terreno de disputas políticas. Lo fueron en el pasado, lo son en el presente y, a juzgar por la magnitud del escándalo, lo seguirán siendo en el futuro inmediato.
En ese tablero, la jugada de Petro no es solo administrativa: es política, simbólica y electoral. El desenlace, como tantas veces ocurre en la historia colombiana, dependerá menos de los tecnicismos jurídicos y más de la capacidad de los actores políticos para capitalizar el escándalo en las urnas de 2026.
