
Por: Redacción Nación
La reconstrucción de Mocoa, tras la devastadora avalancha de 2017 que dejó más de 300 muertos y miles de damnificados, sigue siendo un desafío pendiente. Aunque se han realizado avances significativos, como la entrega de algunas viviendas y la implementación de subsidios de arriendo para familias afectadas, los retrasos y problemas administrativos han marcado el proceso.
La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo en la que participaron entidades como el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la alcaldía del municipio, así como ENTerritorio, con el fin de abordar los avances y las obras pendientes en los proyectos de vivienda y las de mitigación en zonas de riesgo en la ciudad de Mocoa, tras ocho años de la tragedia.
El objetivo de este espacio de diálogo y construcción de consenso buscó garantizar el derecho a una vivienda digna para los damnificados y establecer mecanismos efectivos de articulación entre las instituciones involucradas.
Durante el encuentro se hizo seguimiento al estado de la liquidación de los contratos de obra 243 y 24 derivados del Convenio Interadministrativo No. 9677-PAAL001-217-2017, para la construcción de 909 viviendas que deberían ser entregadas a los damnificados.
Así mismo, se verificó junto con las entidades y autoridades el cumplimiento del proyecto de vivienda Sauces III, correspondiente a la construcción de 87 soluciones de vivienda, el estado del pago de subsidios de vivienda, representados en el pago de arriendos a los damnificados.
En este aspecto, la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial (PDGGT) anunció que continuará acompañando el proceso junto a veedurías ciudadanas y autoridades locales y nacionales para eliminar los cuellos de botella del proyecto y fortalecer la confianza con la comunidad afectada.
De igual manera, en el mes de junio se realizará la verificación de la liquidación de contratos de obra no ejecutados, con el objetivo de reintegrar esos recursos y permitir su incorporación al contrato interadministrativo firmado entre la UNGRD y ENTerritorio, garantizando una mayor eficiencia en la ejecución.
En cuanto a obras de mitigación, se evaluó el estado contractual de los proyectos en las zonas alta, media y baja; las fechas estimadas para la ejecución y liquidación de dichas obras y la entrega de intervenciones realizadas en las cuencas de los principales ríos del municipio de Mocoa.
Finalmente, el ente de control enfatizó en el encuentro que su labor se enmarca en la vigilancia preventiva, sin funciones de coacción ni coadministración, buscando anticiparse a posibles vulneraciones de derechos humanos y promover la eficiencia en la gestión pública.
Entre las acciones realizadas, destacan la construcción parcial de viviendas en los proyectos Sauces I y II, la contratación de obras de mitigación en las cuencas de los ríos afectados, y la implementación de un sistema de alertas tempranas para prevenir futuras tragedias. Sin embargo, aún faltan por entregar cientos de viviendas prometidas, completar obras de infraestructura básica como el acueducto y el hospital, y garantizar la reubicación de familias en zonas seguras.
La corrupción ha sido un factor determinante en los retrasos. Se han denunciado irregularidades en la contratación de empresas fantasma, sobrecostos en proyectos y malversación de fondos destinados a la reconstrucción. Estos actos no solo han afectado la ejecución de las obras, sino que han generado desconfianza en la comunidad y han revictimizado a los damnificados.
A pesar de los obstáculos, las autoridades han reafirmado su compromiso de acelerar el proceso y garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente. La comunidad de Mocoa espera que las promesas finalmente se conviertan en hechos concretos que transformen su realidad.