¿Por qué la oposición insiste en vincular al senador Iván Cepeda? Consejo de Estado rechaza demanda contra el senador por falta de pruebas
GMTV Productora Internacional 
Redacción POLITICA Y JUSTICIA
A medida que se aproxima el fallo judicial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, sectores de la oposición han intensificado sus esfuerzos por vincular al senador Iván Cepeda en supuestos delitos relacionados con el caso. Cepeda, quien figura como víctima y demandante en el proceso, ha sido blanco de acusaciones que, según analistas, buscan deslegitimar el curso de la justicia y sembrar dudas sobre su rol en la denuncia.
Un proceso judicial que marcó un precedente
El caso contra Uribe, que comenzó en 2012 tras denuncias de presunta presión a testigos por parte de su entorno, ha sido uno de los más emblemáticos en la historia reciente de Colombia. En un giro inédito, la Corte Suprema de Justicia decidió investigar al expresidente luego de que este denunciara al senador Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que encontró méritos para abrir una investigación contra Uribe.
Desde entonces, el proceso ha transitado por múltiples etapas judiciales, incluyendo la renuncia de Uribe al Senado, el traslado del caso a la Fiscalía y una serie de decisiones que han mantenido en vilo a la opinión pública.
¿Por qué Cepeda vuelve al centro del debate?
En las últimas semanas, figuras de la oposición han retomado narrativas que buscan vincular a Cepeda con presuntas irregularidades, a pesar de que su papel ha sido el de denunciante y víctima reconocida por la Corte. Algunos sectores han promovido versiones que lo señalan de haber influido indebidamente en testigos, sin que hasta ahora exista sustento judicial que respalde tales afirmaciones.
En el ultimo episodio, la Sala de Decisión del Consejo de Estado inadmitió una demanda interpuesta contra el senador Iván Cepeda, en la que se solicitaba su pérdida de investidura por supuesta doble militancia y concierto para delinquir. La acción judicial fue promovida por el ciudadano Óscar Armando Díaz Campos el pasado 9 de julio de 2025.
Díaz acusó al congresista de incurrir en doble militancia, lavado de activos y de ser autor intelectual de la crisis del Catatumbo, además de cuestionar su participación en la creación de la JEP y la Comisión de la Verdad. Según el demandante, estas entidades han servido para deslegitimar a las fuerzas militares del país.
No obstante, el Consejo de Estado determinó que la demanda carece de sustento, ya que no se aportaron pruebas que respaldaran los señalamientos.
Además, el accionante no presentó documentos fundamentales como la acreditación del senador como congresista ni las pruebas que pretendía hacer valer en el proceso
Para expertos en derecho penal y constitucional, estos intentos responden más a una estrategia política que a una preocupación jurídica legítima. “Se trata de una maniobra para desviar la atención del proceso contra Uribe y generar ruido mediático que favorezca una narrativa de persecución”, señala un profesor de derecho en la Universidad de los Andes.
Cepeda: entre la defensa de derechos humanos y el asedio político
Iván Cepeda ha sido reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y por su papel en la visibilización de víctimas del conflicto armado. Su trayectoria como senador ha estado marcada por una postura crítica frente a los excesos del poder y por su participación activa en debates sobre justicia transicional.
En declaraciones recientes, Cepeda ha reiterado su confianza en las instituciones judiciales y ha denunciado lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. “No me van a intimidar. Este proceso no es contra mí, sino contra quienes han querido manipular la justicia”, afirmó.
¿Qué sigue en el caso Uribe?
El país espera en los próximos días una decisión clave que podría definir el rumbo del proceso contra el expresidente. Mientras tanto, el intento de vincular a Cepeda en delitos que ya fueron descartados por la Corte Suprema parece más una estrategia de distracción que una acción con fundamento jurídico.
En un contexto de polarización política y desconfianza institucional, el desenlace de este caso será un termómetro de la independencia judicial en Colombia y de la capacidad del sistema para procesar a figuras de alto perfil sin ceder a presiones externas.
