
Redacción NACION
Bogotá — La reforma pensional de Colombia, uno de los proyectos más polémicos y estratégicos para el gobierno del presidente Gustavo Petro, recibió esta semana un respaldo clave por parte del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. En un concepto de 15 páginas dirigido al magistrado Jorge Ibáñez, el jefe del Ministerio Público defendió que la Cámara de Representantes actuó conforme a la ley al subsanar las fallas de procedimiento que la Corte Constitucional había identificado meses atrás.
La reforma, que busca reestructurar un sistema pensional fragmentado y con serios problemas de sostenibilidad, quedó en riesgo después de que el alto tribunal advirtiera irregularidades durante su debate en la Cámara. Para la oposición, el fallo podía convertirse en un golpe mortal a una de las banderas sociales del gobierno. Sin embargo, la posición del procurador podría allanar el camino para que la iniciativa supere el examen judicial.
El debate sobre el momento y la validez de las correcciones
Eljach sostuvo que, aunque el fallo completo (Auto 841) no estaba finalizado, el comunicado de prensa de la Corte anunciando los vicios de trámite tuvo efecto jurídico inmediato. “Las decisiones de la Corte en control de constitucionalidad cobran efectos desde el momento en que se adoptan”, señaló, sin importar si se notifican por escrito o a través de un comunicado.
Según el procurador, esta interpretación justificó que el presidente de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, convocara a sesiones extraordinarias para retomar el debate, sin esperar la publicación íntegra del fallo. Además, negó que hubiera irregularidades en la notificación, ya que la Secretaría General de la Corte informó directamente a las partes.
Un procedimiento que, según la Procuraduría, fue correcto
En su análisis, Eljach concluyó que las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio cumplieron con lo ordenado por la Corte: reanudar el segundo debate justo donde se interrumpió, deliberar sobre la propuesta de acoger el texto aprobado por el Senado y definir el resultado. Calificó la discusión como “amplia, pausada y suficiente”.
También descartó que se pudieran discutir proposiciones relacionadas con el texto anterior, pues este había quedado sin vigencia tras la aprobación de la moción presentada por el Pacto Histórico.
Argumentos fiscales y sociales
Más allá de la forma, Eljach defendió el fondo de la reforma, respaldando su viabilidad fiscal con base en el concepto favorable del Ministerio de Hacienda. Recalcó que el proyecto representa “un avance y una esperanza” para millones de colombianos en condiciones laborales precarias.
Una decisión con alto impacto político
El pronunciamiento llega en un momento de tensión política, con el gobierno enfrentando fuertes resistencias a su agenda social y con la reforma pensional como uno de los temas más divisivos del Congreso. El concepto del procurador enmarca las correcciones legislativas como un ejercicio de cumplimiento constitucional, no como un ardid político.
“El Congreso, en medio de dificultades y un ambiente caldeado, logró aprobar una reforma que, aunque no perfecta, constituye un avance significativo”, concluyó Eljach. La Corte Constitucional deberá decidir en las próximas semanas si las correcciones son suficientes para mantener con vida una de las reformas sociales más ambiciosas que haya tramitado el país en décadas.