Protestas en la frontera Colombia-Ecuador marcan un nuevo capítulo de tensión en la relación bilateral
GMTV Productora Internacional 
Redacción Internacional
Bogotá / Quito — Las protestas de transportistas, comerciantes y ciudadanos en el paso fronterizo de Rumichaca, entre Colombia y Ecuador, reflejan una escalada inédita en las tensiones comerciales entre ambos países vecinos, que desde el pasado 1 de febrero implementaron aranceles recíprocos del 30 % a una amplia gama de productos importados desde la otra nación.
Lo que comenzó como una medida arancelaria con matices técnicos —calificada por Quito como una “tasa de seguridad”— ha derivado en movilizaciones binacionales que buscan presionar a los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro para que revisen o eliminen las tarifas, que según gremios productivos y operadores logísticos están dañando la economía local y el comercio regional.
De la disputa comercial a la protesta en las calles
Desde primera hora de la mañana del pasado martes, cientos de camioneros, comerciantes y pequeños empresarios se congregaron en el Puente Internacional de Rumichaca, el principal corredor terrestre entre Colombia y Ecuador, en lo que se denominó la “Marcha por la Dignidad Fronteriza”.
La protesta, que incluyó tanto caravanas de vehículos de carga como caminatas desde los centros urbanos cercanos —Ipiales en Colombia y Tulcán en Ecuador—, buscó poner en evidencia el impacto inmediato de los aranceles del 30 % en los costos de transporte, el encarecimiento de productos y la reducción del comercio formal en un punto fronterizo crítico para la economía binacional.
“Esto no solo afecta a los transportistas, sino también a los pequeños comerciantes y a las familias que dependen de la actividad diaria en la frontera”, dijo a BBC Mundo un conductor colombiano que participó en la marcha, bajo condición de anonimato. “Queremos que los gobiernos escuchen que estas medidas nos están matando económicamente”.
El paso fronterizo, que normalmente mueve mercancías por valor de cerca de 2 800 millones de dólares al año, se ha visto limitado por la reducción de cruces y por camiones que, antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, intentaron cruzar mercancías apresuradamente, generando congestiones logísticas y retrasos en las cadenas de suministro.
Origen de la disputa
El conflicto comercial, que ha sido calificado por algunos analistas como una “guerra comercial” entre países vecinos, se desató después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció en enero la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, alegando una falta de cooperación efectiva por parte de Bogotá en temas de seguridad fronteriza, particularmente en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
En respuesta, el gobierno colombiano replicó con una medida similar: aplicar un gravamen del 30 % a varios productos ecuatorianos y suspender temporalmente la exportación de energía eléctrica a Ecuador, un suministro que el país andino utiliza para cubrir parte de su déficit energético en temporadas críticas.
La escalada provocó un ambiente de incertidumbre tanto en sectores productivos como en la diplomacia regional. Bogotá propuso una mesa de diálogo binacional y exploraciones de solución diplomática, pero hasta ahora los esfuerzos no han logrado revertir las medidas arancelarias ni detener su impacto económico.
Impactos económicos y sociales
Organizaciones de transportistas y cámaras de comercio de ambos lados de la frontera han advertido que los aranceles y las represalias mutuas están afectando directamente los ingresos de miles de trabajadores, encareciendo los precios de bienes y generando riesgos de desabastecimiento en zonas que dependen del intercambio comercial formal.
Además, algunos analistas señalan que el encarecimiento de los productos puede empujar a compradores y comerciantes a utilizar rutas informales o contrabando, lo que agravaría problemas de seguridad y reduciría la recaudación fiscal.
Sectores productivos ecuatorianos han alertado —antes incluso de la llegada de las protestas— que las tarifas podrían llevar a despidos y a una menor competitividad de bienes nacionales en mercados cercanos. Lo mismo ocurre en Colombia, donde regiones fronterizas como Nariño sienten la caída en la actividad comercial, algo que se refleja en sectores como agricultura, logística y servicios.
Un pulso político más allá de la frontera
Más allá de las consecuencias económicas, la disputa ha tenido resonancia política interna en ambos países. En Colombia, figuras de la oposición han calificado los aranceles de “error histórico” y han pedido una revisión urgente de la estrategia, argumentando que tales medidas pueden debilitar la cooperación en seguridad y relaciones diplomáticas con un vecino clave.
Mientras tanto, en Quito se defiende que las decisiones responden a preocupaciones legítimas sobre la seguridad fronteriza y la necesidad de corregir desequilibrios comerciales estructurales.
¿Hacia dónde va el conflicto?
Los manifestantes en Rumichaca han dejado claro que no se conformarán con respuestas técnicas o comunicados oficiales: exigen diálogo y cambios concretos que permitan restaurar la normalidad en la frontera y revivir la actividad comercial que sostiene economías enteras en ambos lados.
Expertos en comercio internacional consultados por BBC Mundo advierten que el conflicto, si no se maneja con prontitud, podría tener efectos duraderos en la relación binacional y afectar no solo el flujo de bienes, sino también la confianza de inversionistas y empresas multinacionales presentes en la región.
De momento, el Puente de Rumichaca sigue siendo el epicentro de una disputa que mezcla tensiones económicas, políticas y sociales, en un contexto donde las fronteras de América Latina vuelven a ser escenarios no solo de cruce de mercancías, sino de manifestaciones que reflejan preocupaciones profundas sobre el futuro del comercio y la integración regional.
