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Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
Cuando los capos regresan y las promesas de verdad quedan en silencio
En las últimas temporadas la palabra ventilador dejó de ser sólo una metáfora: fue la promesa de que, al regresar a Colombia los grandes protagonistas del narcotráfico y la violencia —los capos que durante décadas alimentaron la economía criminal—, se abrirían las ventanas de la verdad. Se esperaba que sus confesiones, sus listados de corruptos y sus nombres de testaferros destaparan la madeja que enlaza empresarios, jueces, políticos, militares y policías. Hoy, con varios de esos actores de alto perfil de vuelta en suelo colombiano, conviene preguntarse con honestidad por qué el aire no corre: ¿qué ocurrió con las listas que nos prometieron? ¿fueron un farol, quedaron “engavetadas”, o la justicia encontró límites insalvables para actuar?
Primero, los hechos: en 2024 y 2025 varios exjefes y exmiembros de organizaciones criminales regresaron o fueron deportados a Colombia tras cumplir penas en Estados Unidos o haber quedado libres por decisiones internacionales. Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, volvió al país en 2024 tras años en Estados Unidos; su regreso generó expectativas sobre la verdad que podría aportar sobre alianzas con políticos y la penetración de las AUC en el tejido estatal. En meses recientes otros nombres emblemáticos —como Fabio Ochoa Vásquez, del Cartel de Medellín, y la recuperación mediática del caso de Carlos Lehder— también ocuparon titulares al retornar o intentar retornar a Colombia tras procesos en el exterior. Al mismo tiempo, el Estado ha continuado entregando y recibiendo extraditados hacia y desde Estados Unidos en una política que no se detiene.
Si los regresos fueron la primera parte del relato, la segunda fue la promesa: testimonio, listas y nombramientos de responsables. Mancuso, en distintos escenarios, aseguró haber recibido y manejado listados —“nos entregaban listados”, declararía— que apuntaban a “colaboradores” civiles y funcionarios. Esa confesión encendió la expectativa pública: si quienes estuvieron en el centro de la maquinaria delictiva revelaban nombres, era plausible pensar que vendrían investigaciones, capturas y, para muchos, justicia.
Sin embargo, la evidencia de estos años muestra un desfase enorme entre la retórica y los resultados operativos. ¿Por qué? Aquí algunos elementos —no exhaustivos, pero sí determinantes— que explican por qué el ventilador no terminó de destapar lo que muchos esperaban.
Confidencialidad, acuerdos de cooperación y límites procesales
Los retornos no siempre significan que toda la información se vuelve pública. En procesos de cooperación internacional —entre fiscalías, agencias y tribunales— existen acuerdos de confidencialidad, material protegido por investigaciones en curso y testigos cuya identidad se preserva por seguridad. Además, en casos de extradición y sentencias cumplidas, puede existir documentación sellada por justicia extranjera o condiciones legales (acuerdos de cooperación, testimonios en sede internacional) que impiden la divulgación inmediata de nombres. Esto crea una frontera entre lo que el excapo dice en privado a fiscales y lo que la sociedad ve en titulares.
La JEP, la justicia transicional y la tensión entre verdad y castigo
Cuando actores como Mancuso se acercan a mecanismos de justicia transicional —o la JEP en el caso colombiano— surgen procedimientos y limitaciones: el propósito es verdad y reparación, no necesariamente el escarnio público inmediato ni la exposición mediática masiva. La JEP y otras instancias han recibido declaraciones relacionadas con los vínculos paramilitares y la cooperación con la fuerza pública; pero ese material debe tramitarse conforme a reglas procesales, protección de víctimas y garantías de defensa. A decir verdad, el tránsito por estos cauces suele ser lento y técnico, y su resultado no siempre coincide con lo que la opinión pública demanda como “mostrar la lista y proceder”.
Prescripciones, vacíos probatorios y decisiones judiciales
No todos los hechos denunciados son perseguibles penalmente en el presente: hay delitos cuya acción penal prescribe; hay acusaciones de corrupción política que chocan con pruebas indirectas; y hay órdenes de captura que se vuelven imposibles de ejecutar por vacíos legales o por la pérdida de cadena de custodia en pruebas de décadas atrás. El caso Carlos Lehder ilustra la complejidad: tras procesos y movimientos judiciales internacionales su regreso derivó en arresto temporal y luego en decisión judicial que consideró la prescripción de una condena antigua. Es decir: incluso cuando aparece el presunto implicado, la justicia puede encontrar que legalmente no puede imponer nuevas sanciones.
Capacidad institucional, captura y revictimización
Hay un diagnóstico que no puede soslayarse: las instituciones encargadas de investigar y perseguir estas redes han sido, históricamente, permeables a presiones políticas y económicas. El término “captura del Estado” no es hipérbole cuando se revisan nombramientos, redes de protección y casos archivados por presunta mala praxis. Informes periodísticos y auditorías han señalado bienes desaparecidos, investigaciones por desaparición de pruebas y procesos sin avance. Por ejemplo, la Unidad para las Víctimas alertó sobre cientos de bienes entregados por excombatientes que no aparecen en registros, una muestra del desorden y la posibilidad real de ocultamiento o apropiación. Ese caldo favorece el silencio: si la fiscalía, la procuraduría o los tribunales están debilitados o sujetos a interferencias, las denuncias que surjan de los retornados corren el riesgo de “enfriarse”.
Intimidación y el miedo a declarar
¿Quién va a denunciar a un empresario, a un juez o a un uniformado cuando hacerlo puede significar el cierre de una carrera, amenazas o represalias? Las fuentes humanas en Colombia siguen pagando un precio alto por hablar. La protección de testigos y la garantía real de no retaliación son todavía insuficientes, tanto por capacidad como por cultura institucional. Por esto, varias de las “listas” que podrían existir se transforman en testimonios contados sólo a fiscales o magistrados, sin traducción inmediata a órdenes públicas de captura.
Utilidad política del silencio
Paradojalmente, el silencio puede ser útil para actores poderosos: el rumor de las listas, la promesa de revelar nombres, funciona como presión y a la vez como una herramienta de negociación. El excapo que ofrece “soplar” a sus antiguos beneficiarios mantiene poder incluso desde la cárcel; el Estado, por su parte, puede preferir procesos controlados que no desestabilicen frentes políticos. En este escenario, la transparencia se queda como demanda ciudadana y la política negocia en despachos.
¿Están “engavetadas” las denuncias?
No hay una sola respuesta. En algunos casos, sí hay denuncias y pesquisas inconclusas que parecen detenerse en departamentos judiciales o en trámite; en otros, las informaciones se procesan en la JEP o en acuerdos internacionales con reserva. Pero sería ingenuo negar que existe un patrón de lentitud, falta de priorización y, en ocasiones, inexplicables tropiezos administrativos que generan la sensación de cajones cerrados. Los ciudadanos, las víctimas y la academia perciben con razón que el Estado no ha logrado convertir la confesión en grandes barridas de responsabilidad política y económica.
Qué debería exigirse —y qué medida práctica puede acelerar la verdad
La sociedad colombiana no necesita más titulares de regresos ni gestos simbólicos; necesita una agenda concreta:
Transparencia proactiva: las autoridades deben publicar cronogramas y estados procesales de las informaciones recibidas de extraditados y deportados, salvaguardando lo estrictamente necesario por seguridad. La opacidad alimenta la teoría de la impunidad.
Prioridad investigativa: crear unidades especializadas, integradas con cooperación internacional, que aceleren la labor sobre las redes de lavado de activos y los nexos político-económicos. No basta con definir “listas”: hay que convertir nombres en pruebas admisibles.
Protección real a testigos y víctimas: fortalecer y financiar programas de protección con protocolos claros, para que denunciar no sea una sentencia de miedo.
Auditorías sobre bienes y restitución: la desaparición o sustracción de bienes entregados por excombatientes es una afrenta a las víctimas; su rastreo y recuperación debe ser prioritario.
Sanción institucional a la captura: investigar y sancionar cualquier señal de obstrucción judicial o complicidad de servidores públicos con redes criminales. Sin esto, la confianza seguirá erosionada.
Cierre: ¿hay esperanza o sólo ruido?
El ventilador prometido por los capos no se apagó por arte de magia; se topó con un país donde la justicia, la política y la economía se cruzan en laberintos antiguos. La vuelta de Mancuso, de Ochoa o la breve aparición de Lehder tienen más potencial simbólico que práctico si no se traducen en políticas que obliguen a la transparencia y la acción. La demanda social es legítima: no se trata de crímenes del pasado que deban ser exorcizados por espectáculo, sino de responsabilidades que configuran el presente del país. Si el Estado quiere disipar la sensación de impunidad, no bastará con recibir a los extraditados en aeropuertos o con declaraciones en tribunales internacionales. Hará falta valentía institucional para abrir las ventanas, prender los extractores y dejar que el aire —el análisis, la investigación y la sanción— corra hasta donde tenga que llegar. Hasta que eso ocurra, la frase “las listas no aparecen” seguirá siendo un resumen triste y cotidiano de la democracia en Colombia.
