Robo a mano armada en finca de Airbnb en Melgar: la cara oculta de la inseguridad en destinos turísticos
GMTV Productora Internacional 
Redacción Regionales
Melgar, municipio tradicionalmente asociado al descanso, las piscinas y la vida de fin de semana de miles de familias bogotanas, se convirtió nuevamente en escenario de un hecho que pone bajo la lupa la seguridad de los destinos turísticos y la responsabilidad de las plataformas digitales de alojamiento. El pasado 14 de septiembre, un grupo de 13 jóvenes fue víctima de un robo a mano armada en una finca alquilada a través de Airbnb, en un hecho que deja pérdidas millonarias, graves cuestionamientos sobre la vigilancia privada y una sensación de indefensión que trasciende las fronteras del Tolima.
El caso, narrado en detalle por uno de los afectados, Óscar Riaño, se suma a la creciente lista de denuncias que circulan en redes sociales sobre estafas, robos y deficiencias en alojamientos ofrecidos en plataformas digitales. Lo ocurrido en esta finca de Melgar no solo es un problema de inseguridad ciudadana, sino un síntoma de la debilidad de los controles en un sector turístico que crece sin un marco regulatorio acorde con los riesgos que enfrenta.
Una villa de descanso convertida en escenario de terror
El grupo de jóvenes había llegado el viernes 12 de septiembre para pasar un fin de semana tranquilo. Desde el inicio, advirtieron inconsistencias entre lo ofrecido en la plataforma y lo que encontraron en la finca: el portón principal podía abrirse con facilidad desde afuera y el ingreso de supuestos encargados se hacía sin control alguno.
De hecho, horas antes del robo, una persona que decía ser parte del equipo de cuidadores ingresó con la excusa de revisar la piscina. Ese detalle, que en su momento parecía una visita rutinaria, hoy es una pieza clave para entender cómo se configuró un escenario de vulnerabilidad absoluta.
El hurto ocurrió hacia las 2:30 de la madrugada del domingo. Mientras la mayoría dormía, dos hombres armados ingresaron y permanecieron al menos 20 minutos dentro de la finca. Sacaron computadores, celulares de alta gama y consolas de DJ, elementos que en conjunto superan los decenas de millones de pesos en pérdidas.
Óscar, quien se dirigía a la cocina en ese momento, se encontró de frente con los asaltantes: uno salió de detrás de la nevera y lo enfrentó con un arma, mientras otro apareció poco después con un cuchillo. Ante la amenaza, los jóvenes se refugiaron en las habitaciones, gritando para pedir ayuda, pero sin respuesta alguna de la portería del conjunto ni de los vecinos.
La cadena de fallas: portería, arrendador y autoridades
El episodio expone una cadena de negligencias que deja mal paradas tanto a la seguridad privada como a las autoridades. Según los testimonios, cuando una de las jóvenes corrió a la portería a pedir ayuda, los vigilantes respondieron que no habían visto nada y que nadie había salido por la puerta principal.
La Policía, avisada minutos después, tardó en llegar y, al hacerlo, se encontró con que la misma portería del condominio no les permitía el ingreso inmediato. Un absurdo que, en la práctica, jugó a favor de los delincuentes.
El arrendador, por su parte, no solo tardó media hora en contestar las llamadas de auxilio, sino que terminó responsabilizando a los huéspedes: “Estaban borrachos, dejaron las puertas abiertas”, les dijo, negando incluso que se tratara de un robo a mano armada, pese a los videos que lo demuestran.
La plataforma Airbnb, contactada por los jóvenes, tampoco dio una respuesta inmediata ni asumió responsabilidad. Hasta ahora, el grupo de afectados sigue a la espera de una contestación formal, aunque ellos mismos reconocen que las probabilidades de recuperar los bienes son mínimas.
Airbnb y los vacíos regulatorios
El hecho vuelve a plantear la pregunta: ¿qué tan seguras son las propiedades que se alquilan a través de plataformas digitales? Airbnb, que opera en Colombia desde hace más de una década, se presenta como un espacio confiable para conectar anfitriones y huéspedes. Sin embargo, casos como este revelan que la supervisión es casi inexistente.
No hay protocolos claros sobre la seguridad de los inmuebles, la capacitación de los anfitriones ni la verificación de los sistemas de vigilancia de los conjuntos residenciales donde suelen estar ubicadas las villas. Al final, el huésped queda expuesto, confiando en una promesa de seguridad que no se cumple.
Melgar: destino turístico bajo presión
Este caso no es aislado. En Melgar, como en otros municipios turísticos de Cundinamarca y Tolima, han aumentado las denuncias de hurtos, estafas en arriendos falsos y fallas en la seguridad de conjuntos privados. La combinación de alta afluencia de turistas, controles débiles y la proliferación de plataformas digitales crea un caldo de cultivo perfecto para que bandas locales identifiquen blancos fáciles.
El modelo de turismo masivo, con decenas de fincas convertidas en alojamientos temporales, ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Y la vigilancia privada, en teoría garante de la tranquilidad de los visitantes, termina siendo un eslabón débil por la falta de protocolos estrictos y por la resistencia, incluso, a coordinarse con la Policía.
Un campanazo de alerta
Lo ocurrido en esta finca de Airbnb en Melgar no es solo una anécdota más en la lista de robos de temporada. Es un campanazo de alerta que debería encender las alarmas en varios frentes:
Plataformas digitales: deben asumir responsabilidad sobre la seguridad en las propiedades que publican y establecer mecanismos de respuesta inmediata para sus usuarios.
Arrendadores: no basta con entregar las llaves; tienen que garantizar condiciones reales de seguridad.
Autoridades locales y nacionales: urge revisar la regulación de la vigilancia privada y la coordinación con la Policía en zonas turísticas.
Turistas: es necesario que los visitantes estén informados de los riesgos y exijan condiciones claras de seguridad antes de alquilar.
En un país donde la inseguridad ya es parte de la agenda diaria, Melgar no puede darse el lujo de perder su atractivo turístico por hechos que pudieron evitarse. Lo que hoy le ocurrió a 13 jóvenes en una villa podría repetirse mañana con cualquier familia que busque, ingenuamente, un fin de semana de descanso.
Adenda: responsabilidad institucional y tensiones políticas en Tolima
El reciente robo en Melgar no solo expone fallas en la seguridad local, sino también una preocupante desarticulación entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales. En un contexto donde la Gobernación del Tolima y varias alcaldías se han declarado en oposición al gobierno central, los vacíos de coordinación se traducen en vulnerabilidad ciudadana. La falta de recursos, el retraso en los convenios de seguridad y la ausencia de respuesta oportuna por parte de la Policía Nacional configuran un escenario de negligencia institucional.
Expertos en gobernanza territorial advierten que la oposición política no puede justificar el abandono de funciones constitucionales. La seguridad es un derecho fundamental, y su garantía debe estar por encima de disputas partidistas. En Tolima, esta tensión ha generado bloqueos presupuestales, desprotección de líderes sociales y una creciente desconfianza ciudadana.
El caso de Melgar exige una revisión urgente de los protocolos de articulación entre niveles de gobierno, así como mecanismos de protección para autoridades locales que enfrentan represalias por su postura política. La ciudadanía no puede seguir pagando el precio de una polarización que debilita el Estado y fortalece la impunidad.
