Secuestro de 4 militares en el Cauca agudiza la crisis de seguridad en el suroccidente de Colombia
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La Tercera División denunció que la ciudadanía habría sido instrumentalizada para evitar captura de presunto líder disidente en el cañón del Micay
Redacción Orden Publico
Cuatro militares del Ejército Nacional —un oficial y tres soldados— fueron secuestrados este sábado en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca, en la región conocida como el cañón del Micay. Los hechos ocurrieron durante una operación militar destinada a capturar a un presunto integrante de la disidencia ‘Carlos Patiño’ de las FARC.
Según información preliminar proporcionada por el Comando General de las Fuerzas Militares, durante el desarrollo del operativo la tropa fue rodeada por un grupo de civiles en lo que las autoridades califican como una “asonada organizada”, que culminó con la retención de los uniformados.
“El Ejército Nacional rechaza este hecho que atenta contra los derechos fundamentales de nuestros soldados y hace un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para garantizar su pronta liberación”, declaró el general Luis Emilio Cardozo, comandante de la Tercera División del Ejército en el suroccidente del país.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó: “No permitiremos que este tipo de acciones, promovidas por estructuras criminales que instrumentalizan a la población civil, socaven los esfuerzos por estabilizar la región del Micay. Estamos trabajando con todas las capacidades del Estado para asegurar la liberación de nuestros hombres”.
Consecuencias humanitarias para la población civil
El secuestro de los cuatro militares profundiza la situación de inestabilidad que vive el Cauca, una región históricamente golpeada por el conflicto armado y por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico. La presencia de grupos disidentes de las FARC, sumada al accionar de bandas criminales, ha generado en los últimos meses un aumento en los enfrentamientos, desplazamientos forzados y amenazas contra comunidades rurales e indígenas.
“La instrumentalización de la población civil por parte de las disidencias armadas coloca en riesgo la seguridad de comunidades enteras y debilita aún más el tejido social”, advirtió en un comunicado la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado un incremento de casos similares en la región, donde las llamadas “asonadas” son empleadas por estructuras criminales para obstruir la acción del Estado y proteger a cabecillas del narcotráfico y de grupos armados ilegales.
Contexto: una región marcada por el conflicto
El cañón del Micay, una estratégica zona montañosa del Cauca, ha sido por décadas un bastión para diversos grupos armados, debido a su geografía y su importancia como corredor del narcotráfico. En los últimos tres años se han registrado al menos siete incidentes similares en los municipios de Argelia, El Tambo y Balboa, en los que tropas del Ejército han sido atacadas o retenidas por comunidades movilizadas bajo presión de estructuras armadas ilegales.
A nivel internacional, este nuevo episodio vuelve a poner en el centro de la atención la fragilidad del proceso de paz en Colombia y los desafíos que enfrentan las autoridades en regiones donde el control territorial sigue en disputa.
En opinión del analista en seguridad regional, Carlos A. Gómez, “la falta de una estrategia integral para el control efectivo de zonas como el Micay sigue permitiendo que las disidencias y el narcotráfico se fortalezcan, con gravísimas consecuencias para los derechos de la población civil”.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha impulsado una política de “paz total”, enfrenta con este caso una nueva prueba de su capacidad para reducir la violencia y consolidar la presencia estatal en estas regiones en disputa.
El país y la comunidad internacional siguen a la expectativa de la evolución de esta situación crítica.
