¿Tiro en el pie? Paro arrocero termina con acuerdo que debilita el poder de gremios y fortalece al Estado como regulador
GMTV Productora Internacional 
Redacción ECONOMIA Y CAMPO
Tras casi dos semanas de bloqueos y tensión en las principales vías del país, el Comité Nacional deL Paro Arrocero firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional que no solo puso fin a las protestas, sino que cambió de fondo las reglas del juego en el sector. El balance final deja una paradoja difícil de ignorar: el paro que pretendía presionar al Estado terminó debilitando el poder histórico de los gremios arroceros y abriendo paso al control directo del precio por parte del Gobierno.
Para muchos expertos del agro, este episodio representa un punto de quiebre. Por primera vez en décadas, el Ejecutivo —a través del Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio— intervendrá la fórmula de precios del arroz “paddy verde”, una de las principales demandas históricas de los pequeños productores, muchas veces sometidos a los márgenes de ganancia de molinos y comercializadores.
La medida busca garantizar precios justos para los cultivadores, pero también expone el funcionamiento opaco de un modelo que ha beneficiado a los intermediarios, bajo el amparo de gremios poderosos como Fedearroz. La creación de una comisión técnica para auditar caídas de precio, el fortalecimiento de fondos públicos de apoyo y hasta controles a centros de acopio y molinos hacen parte de una ofensiva regulatoria sin precedentes.
¿Un paro contraproducente?
Lo que parecía una muestra de fuerza del sector terminó siendo un acto de exposición. Las protestas revelaron fisuras internas, una dirigencia gremial cuestionada por su desconexión con los productores de base, y una creciente presión social por reformar el sistema arrocero colombiano, que durante años ha operado como un coto cerrado con escasa vigilancia estatal.
Varios analistas advierten que el paro fue, en realidad, un “tiro en el pie” para los arroceros, pues le permitió al Gobierno justificar una intervención que llevaba tiempo en el tintero. La decisión de someter el precio del arroz al régimen de libertad regulada representa una ruptura frente a la lógica de autorregulación gremial que había predominado, y marca un precedente para otros sectores agroindustriales con comportamientos oligopólicos.
Soberanía alimentaria vs. poder corporativo
La narrativa del gobierno Petro se impone: fortalecer la soberanía alimentaria no es posible sin desmontar los monopolios internos. El acuerdo no solo restablece la movilidad en el país, sino que reconfigura la relación de poder entre el Estado, los productores y las federaciones agroindustriales.
A corto plazo, los pequeños arroceros pueden verse beneficiados por un nuevo marco de regulación. A mediano plazo, la presión sobre gremios como Fedearroz y sobre los eslabones de transformación del arroz será aún mayor, especialmente si se identifican abusos o maniobras especulativas en los centros de acopio.
El mensaje está claro: el campo no puede seguir dependiendo de intermediarios que deciden precios a puerta cerrada.
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