
Unidad Investigativa
Villavicencio, Meta — Lo que para muchos habitantes del departamento parecía una obra segura y transformadora para la movilidad de Villavicencio, hoy es motivo de indignación ciudadana y graves señalamientos de corrupción. En una reunión realizada en la capital del Meta entre líderes comunitarios, representantes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se destapó un escándalo que involucra a tres administraciones departamentales consecutivas por el presunto manejo irregular de recursos del Sistema General de Regalías destinados a la construcción de dobles calzadas de acceso a la ciudad.
Según las denuncias recibidas por el delegado del DNP, Carlos Manrique, y por el director nacional de la ANI, los gobiernos de Marcela Amaya (2016-2019), Juan Guillermo Zuluaga (2020-2023) y la actual mandataria Rafaela Cortés Zambrano (2024-2027) habrían comprometido, desviado o desaparecido cuantiosas sumas que debían financiar estas obras estratégicas para el desarrollo vial y económico de la región.
Una obra que nunca llegó
Los recursos provenientes de regalías petroleras tenían como destino la construcción de las dobles calzadas en las entradas principales de Villavicencio, una necesidad urgente debido al alto flujo vehicular y al deterioro de la infraestructura actual. Sin embargo, pese a que el dinero fue aprobado y asignado en diferentes vigencias, las obras nunca se ejecutaron.
Lo que hoy se encuentra en terreno es apenas un esbozo de proyectos inconclusos, estudios preliminares y contratos cuestionados, mientras la ciudadanía sigue enfrentando congestiones, accidentes y retrasos en la movilidad.
Tres administraciones, un mismo patrón
La denuncia ciudadana apunta a un patrón repetitivo: cada administración anunciaba la reactivación del proyecto, realizaba actos públicos para prometer su avance y, al final, los recursos desaparecían sin justificación técnica ni financiera clara.
De acuerdo con los líderes comunitarios, la falta de informes de ejecución, las constantes modificaciones presupuestales y el cambio arbitrario de los objetos contractuales dejaron el camino abierto para el presunto desvío de fondos.
El papel de los entes de control
Ante el cúmulo de quejas y documentos presentados, Carlos Manrique aseguró que el DNP remitirá el caso a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría para que investiguen y determinen responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales.
El director de la ANI respaldó esta decisión y agregó que es inadmisible que, después de tres administraciones, la obra no tenga avances físicos significativos.
Ciudadanía cansada de promesas
Los asistentes a la reunión exigieron acciones inmediatas y señalaron que no permitirán que las investigaciones queden archivadas, como ha sucedido con otros casos de presunta corrupción en el departamento. También reclamaron que los recursos de regalías sean blindados contra el uso político y personal por parte de alcaldes y gobernadores.
Lo que está en juego no es solo una obra vial, sino la credibilidad de las instituciones y el derecho de los metenses a recibir inversiones reales en infraestructura.
El Meta, productor de petróleo y generador de millonarias regalías, sigue siendo ejemplo de cómo la falta de transparencia y control puede condenar a una región a la parálisis y al atraso.