Tutelas a dos velocidades: los fallos que duermen el “sueño de los justos” y los que vuelan como un Ferrari
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Por Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
En Colombia, la tutela es reconocida como la joya de la corona en materia de derechos fundamentales: un mecanismo ágil y expedito para proteger a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Sin embargo, tras más de tres décadas de su creación, el sistema que alguna vez fue aplaudido como un escudo democrático hoy enfrenta un dilema que erosiona la confianza ciudadana: la justicia no se aplica con el mismo ritmo ni con la misma vara para todos.
Miles de tutelas permanecen engavetadas en las entidades que deben ejecutarlas, especialmente cuando implican desembolsos millonarios en favor de sindicatos, pensionados, asociaciones de víctimas o trabajadores del Estado. Al mismo tiempo, hay fallos que se tramitan a una velocidad sorprendente cuando los beneficiarios son figuras del poder político o económico, desde expresidentes hasta contratistas condenados por corrupción.
El resultado es un panorama donde las tutelas parecen funcionar a dos velocidades: la de los ciudadanos de a pie, que avanzan a paso de tortuga; y la de los poderosos, que corren con la rapidez de un Ferrari en la Fórmula 1.
Tutelas congeladas: el argumento del presupuesto
Uno de los sectores más afectados por la falta de ejecución son los pensionados y los empleados públicos que ganan demandas colectivas. Sindicatos de maestros, agremiaciones de trabajadores de la salud y asociaciones de servidores de justicia han visto cómo, pese a obtener sentencias favorables en tribunales, el Estado simplemente se niega a cumplir.
El argumento más repetido es la “falta de disponibilidad presupuestal”. Ministerios, gobernaciones y alcaldías alegan que no hay recursos para pagar retroactivos, bonos o reajustes salariales ordenados por jueces. Pero ese mismo pretexto no aparece cuando se trata de otros fallos más convenientes para las élites.
Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que, entre 2020 y 2024, más del 60% de las tutelas que obligaban a pagos colectivos superiores a los 50.000 millones de pesos siguen sin ejecutarse. Para los afectados, esta situación equivale a una burla: ganan en los estrados judiciales, pero pierden en el laberinto burocrático.
“Es como si nos premiaran con un cheque sin fondos”, dice a este medio un representante de Fecode que pidió reserva de su nombre. “El fallo existe, está en firme, pero cuando vamos a cobrar nos dicen que toca esperar porque el presupuesto ya se cerró. Y ese esperar puede durar años”.
Los fallos exprés: Uribe, Tapia y Ramírez
El contraste se vuelve escandaloso cuando se observan casos de personajes poderosos. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha recibido decisiones judiciales que se ejecutan en cuestión de días. Su reciente tutela, resuelta en tiempo récord, es apenas un ejemplo de cómo el aparato judicial se mueve con celeridad cuando el beneficiario es una figura con peso político.
Lo mismo ocurre con personajes como Emilio Tapia, protagonista del “carrusel de la contratación”, o Ciro Ramírez, senador investigado por corrupción. En estos casos, las órdenes judiciales parecen tener prioridad absoluta. Despachos enteros se movilizan, los trámites se desbloquean en cuestión de horas, y las resoluciones se cumplen como si la justicia fuera un servicio VIP.
Para las víctimas de este doble rasero, el mensaje es claro: la justicia en Colombia no es igual para todos. Mientras los ciudadanos deben resignarse a que su tutela duerma el sueño de los justos, quienes tienen poder político o conexiones reciben un trato privilegiado.
Una justicia con cronómetro selectivo
Expertos en derecho constitucional reconocen que el problema no está en la tutela en sí misma, sino en su ejecución. “La acción de tutela es ágil para fallar, pero lenta para cumplir, y esa lentitud no es uniforme: depende de quién sea el beneficiario”, explica un exmagistrado de la Corte Constitucional consultado por este portal.
En teoría, la Corte ha dicho que los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato, y que la falta de ejecución puede derivar en sanciones disciplinarias o incluso penales contra los funcionarios renuentes. En la práctica, esas sanciones rara vez ocurren.
Mientras tanto, sectores enteros de la sociedad acumulan frustraciones. Víctimas de desplazamiento forzado, comunidades indígenas que lograron fallos a favor de su territorio, o sindicatos que pelean por salarios justos, todos coinciden en lo mismo: los papeles están firmados, pero nadie cumple.
Los silencios incómodos de la Corte
La Corte Constitucional, máximo guardián de la tutela, ha evitado pronunciarse con contundencia frente a esta desigualdad en la ejecución. Algunos magistrados han pedido “pedagogía institucional” y “mayor disciplina de cumplimiento”, pero no se ha visto un plan concreto para garantizar que las entidades obedezcan los fallos sin distinción.
El contraste con los fallos que favorecen a poderosos personajes ha alimentado la percepción de que la Corte actúa con prudencia selectiva: firme cuando se trata de ciudadanos comunes, cautelosa cuando están en juego intereses políticos de gran calado.
Historias que duelen
María Teresa, viuda de un policía asesinado en el Caquetá, ganó una tutela para que el Estado reconociera su pensión de sobreviviente. El fallo salió en 2021, pero tres años después, aún no recibe un peso. “Me dicen que espere al próximo presupuesto, que no hay plata. Pero cuando veo que a políticos condenados les cumplen tutelas en cuestión de días, siento que me toman el pelo”, asegura.
En contraste, un fallo que ordenó garantías de seguridad para un exgobernador procesado por corrupción fue ejecutado en menos de una semana.
“Es un doble rasero indignante. Parece que en este país hay tutelas de primera y de segunda categoría”, dice Juan Carlos Ospina, abogado de víctimas de corrupción administrativa en Córdoba.
El trasfondo político
La manipulación en la ejecución de tutelas también tiene un trasfondo político. Entidades estatales prefieren dilatar los fallos colectivos porque su cumplimiento puede desestabilizar presupuestos enteros. Cumplir con una orden de pagar retroactivos a miles de maestros o trabajadores judiciales puede significar recortar programas, retrasar proyectos o generar un hueco fiscal.
En cambio, las tutelas individuales de políticos poderosos no comprometen grandes erogaciones: representan apenas unos cuantos movimientos administrativos, pero generan un enorme beneficio político. Cumplirlas de inmediato resulta más conveniente.
¿Una reforma a la vista?
El Congreso ha planteado en varias ocasiones la necesidad de reformar el sistema de tutelas, pero las propuestas terminan empantanadas. Algunos sectores hablan de crear un organismo autónomo de ejecución de tutelas, que se dedique exclusivamente a verificar que los fallos se cumplan en tiempos razonables y sin discriminación.
Otros, sin embargo, advierten que una reforma podría abrir la puerta para debilitar la tutela como herramienta ciudadana. “El riesgo es que terminen restringiendo un derecho fundamental en vez de garantizar su cumplimiento”, señala la abogada constitucionalista Diana Vélez.
Una justicia que pierde legitimidad
Lo cierto es que el país enfrenta una crisis de legitimidad judicial. La tutela, que nació como la herramienta más democrática para defender derechos, hoy está atrapada en una red de burocracia, corrupción y favoritismos políticos.
El ciudadano común percibe que la justicia no se aplica igual para todos. Y cuando un mecanismo pensado para proteger a los más vulnerables termina beneficiando a los más poderosos, el descrédito es inevitable.
En resumen : Las tutelas en Colombia se han convertido en un espejo de las desigualdades del país. Mientras miles de fallos colectivos duermen en los escritorios de entidades públicas, los casos de figuras políticas y contratistas corruptos se ejecutan con velocidad de Ferrari.
La pregunta que queda abierta es si el Estado tendrá la capacidad —y la voluntad— de garantizar que las tutelas se cumplan con el mismo rigor para todos. Porque mientras eso no ocurra, la tutela seguirá siendo, para muchos ciudadanos, un derecho en el papel, pero un espejismo en la práctica.
