#UribeCulpable. Álvaro Uribe y la estrategia judicial para desmontar su detención: un magistrado se declara impedido mientras crece la tensión legal
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Por Redacción Judicial – Unidad Investigativa Especial
Bogotá, Colombia – La batalla judicial del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando el magistrado Ramiro Riaño del Tribunal Superior de Bogotá se declaró impedido para revisar la tutela interpuesta por la defensa del exmandatario, que busca anular la decisión de detención domiciliaria dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia.
La acción de tutela alega que se vulneraron los derechos fundamentales de Uribe durante la decisión judicial que lo vinculó como responsable de presunto soborno de testigos y fraude procesal, y que derivo en una histórica condena contra uno de los líderes políticos más influyentes de las últimas décadas en Colombia.
En su pronunciamiento, el magistrado Riaño expuso que concurren dos causales de impedimento: una por vínculos familiares que podrían representar un interés directo o indirecto en el proceso, y otra por haber tenido relación previa con una de las partes o haber emitido concepto sobre el caso. El anuncio obliga a la Sala Penal del Tribunal a designar un nuevo magistrado para evaluar el recurso, mientras Uribe permanece bajo detención domiciliaria.
La defensa judicial como estrategia política
Desde que se reactivó el proceso judicial en su contra, la defensa de Uribe ha desplegado una ofensiva legal múltiple para desacreditar la validez del fallo de la Juez 44 Penal del Circuito. No solo ha cuestionado la imparcialidad de la togada, sino que ha intentado por diferentes vías —tutelas, recusaciones y recursos extraordinarios— detener el avance del juicio antes de que se dicte una condena formal.
Fuentes cercanas al proceso afirman que los abogados del expresidente han buscado anular la decisión argumentando falta de competencia, presunta violación al debido proceso y ausencia de imparcialidad judicial. Incluso se ha sugerido que el uso de la tutela como “mecanismo de defensa paralela” podría terminar ante la Corte Constitucional, si el caso escala a esa instancia.
No es la primera vez que se intenta frenar la actuación de los jueces que han asumido el proceso. En fases anteriores, las recusaciones contra fiscales, jueces y magistrados se han convertido en una herramienta recurrente para dilatar o deslegitimar las decisiones judiciales.
Un proceso que incomoda a las élites
El caso Uribe, por su naturaleza y protagonista, no es solo un expediente judicial, sino un fenómeno político, mediático y social. Por primera vez en la historia reciente de Colombia, un expresidente enfrenta una medida de aseguramiento dictada por una jueza de la República, y podría ser condenado penalmente por delitos que implican manipulación del aparato judicial del Estado.
La jueza Heredia, en una decisión de más de 300 páginas, consideró que existen elementos probatorios sólidos que vinculan a Uribe con una red para influenciar testigos, mediante pagos o promesas, con el fin de desvirtuar las acusaciones en su contra. La medida de aseguramiento fue ratificada pese a la presión mediática y política, y representa una señal de independencia judicial poco común en un sistema históricamente permeado por la política.
Un futuro incierto y una batalla en varios frentes
La declaración de impedimento del magistrado Riaño no cambia, de momento, el curso del proceso, pero retrasa nuevamente la resolución de la tutela con la que Uribe intenta evadir la detención domiciliaria. Mientras tanto, su defensa sigue apelando a la narrativa de persecución judicial, y ha insinuado que el proceso forma parte de una vendetta política impulsada por sectores afines al actual gobierno.
Analistas constitucionales advierten que los recursos legales presentados por Uribe buscan no solo su liberación, sino la deslegitimación estructural del fallo y de la jueza que lo emitió. “Hay una estrategia jurídica que opera en varios niveles: jurídico, político, mediático y simbólico. No se trata solo de ganar el caso, sino de erosionar la credibilidad del sistema si este falla en contra del expresidente”, señaló un exmagistrado de la Corte Suprema consultado bajo reserva.
Por ahora, el país espera la decisión de la Sala Penal del Tribunal sobre quién será el nuevo magistrado encargado de estudiar la tutela. Mientras tanto, Uribe permanece en su finca bajo vigilancia, en un caso que marca un hito jurídico sin precedentes y cuya resolución podría redefinir los límites de la justicia frente al poder político en Colombia.
