#UribeCulpable. Oposición desata ofensiva política tras sentencia contra Álvaro Uribe: entre la desinformación y el intento de impunidad
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Las airadas reacciones de sectores uribistas, incluidos los hijos del expresidente y congresistas con investigaciones pendientes, apuntan a desacreditar el proceso judicial que podría llevar a Uribe Vélez a la cárcel. ¿Estrategia de defensa o cortina de humo?
Redacción Investigativa
Bogotá, Colombia
La histórica condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno de testigos ha desatado una tormenta política sin precedentes en Colombia. A la espera de que la justicia ratifique el fallo y la sentencia de la Jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá quien determino detención domiciliaria, la oposición liderada por sectores uribistas ha lanzado una ofensiva mediática y política contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando sin pruebas una supuesta “persecución política”.
Los trinos iracundos de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del exmandatario, así como las declaraciones de congresistas como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín , han intentado posicionar una narrativa de victimización. En redes sociales, insinúan sin evidencias que la justicia ha sido instrumentalizada por el Ejecutivo, desconociendo que el proceso contra Uribe fue abierto en 2018 por la Corte Suprema, mucho antes del actual gobierno, y que ha sido tramitado por la Fiscalía y jueces ordinarios sin intervención directa del poder presidencial.
“La estrategia parece orientada a erosionar la confianza pública en el poder judicial y a blindar políticamente al expresidente ante una condena que sentó un precedente histórico en la región”, afirma el constitucionalista Rodrigo Uprimny, consultado por este medio. “Lo que estamos viendo no es una defensa jurídica, sino una ofensiva emocional, mediática y política, que busca enturbiar el proceso con desinformación”.
Un libreto conocido: polarizar para sobrevivir
El recurso de la “persecución política” no es nuevo en el uribismo. Ya en 2008, cuando se revelaron los nexos de varios congresistas afines a Uribe con grupos paramilitares —lo que se conoció como la “parapolítica”—, la reacción fue similar: culpar a la justicia, a la prensa y a la oposición. Hoy, ese libreto se repite, pero en un contexto más adverso para el expresidente, quien ya no goza de fuero ni de la inmunidad que lo blindaba como senador.
Esta vez, el proceso que llevó a su condena parte de hechos documentados y admitidos: su equipo de abogados contrató a un ex paramilitar —Carlos Enrique Vélez— para que cambiara su testimonio, y ofreció beneficios a varios testigos para favorecer su versión en un litigio contra el senador Iván Cepeda. Aunque la defensa de Uribe ha insistido en que actuó de buena fe, los audios, testimonios y peritajes presentados por la Fiscalía configuran un patrón sistemático de manipulación.
“Lo que condena a Uribe no son sus ideas políticas, sino su conducta procesal”, sostiene una fuente de la Fiscalía que pidió la reserva de su nombre. “Estamos hablando de una maniobra deliberada para obstruir la justicia”.
Los tentáculos políticos del uribismo: ¿autodefensa o sabotaje institucional?
Más allá de las declaraciones públicas, preocupa la acción coordinada de congresistas cercanos al expresidente, muchos de ellos con investigaciones abiertas o cuestionamientos éticos. En los últimos días, algunos han sugerido que el fallo contra Uribe es parte de una conspiración de la “izquierda internacional” y han promovido propuestas tan extremas como convocar una constituyente para “reformar” la justicia.
Entre los más activos está el senador antioqueño Andrés Guerra, quien calificó el fallo como “un golpe de Estado judicial”, y la representante Margarita Restrepo, quien comparó a Uribe con Nelson Mandela. Ninguno ha presentado pruebas de las acusaciones que hacen contra la jueza o la Fiscalía.
El riesgo de estas declaraciones va más allá del debate político. Según el analista León Valencia, “este tipo de discursos alimentan el clima de odio y minan la legitimidad de las instituciones democráticas. Si cada vez que un líder poderoso es condenado se responde con desinformación y amenazas veladas, se rompe el equilibrio institucional”.
¿Y el presidente Petro?
Mientras la oposición lo acusa de influir en la justicia, el presidente Gustavo Petro ha optado por una postura prudente. En un breve comunicado, se limitó a señalar que “la justicia debe actuar con autonomía e independencia, sin presiones de ningún poder”.
Sin embargo, la derecha lo acusa de “celebrar” la condena y de “alentar el odio de clases” contra Uribe. Una narrativa peligrosa que, para muchos observadores, revela más bien el temor de un sector que empieza a perder su hegemonía histórica sobre el Estado y la opinión pública.
Lo que viene
En las próximas semanas, la defensa de Uribe presentará tutelas y posiblemente acuda a organismos internacionales. No obstante, ya la segunda instancia ratifico la condena y la casa por cárcel , lo que hace presumir que Colombia podría entrar en una nueva etapa de tensión institucional.
Lo que está en juego no es solo el futuro de un expresidente, sino la credibilidad del sistema judicial y la capacidad del país para juzgar incluso a los más poderosos.
Adenda: Vicky Dávila, María Andrea Nieto y otros opinadores disfrazados de periodistas han difundido informes sin rigor ni pruebas válidas para vincular al presidente Petro y su familia con hechos ilegales. Estas “investigaciones” no solo carecen de sustento judicial, sino que podrían configurar delitos como calumnia, injuria y obstrucción a la justicia si se demuestra intención dolosa. El uso mediático de pruebas manipuladas o falsas no es libertad de prensa, sino desinformación con fines políticos. La justicia podría actuar de oficio si se comprueba que contribuyeron a fabricar montajes judiciales.
Contribuyeron en esta nota:
Equipo de análisis político y judicial – Unidad de Investigación
