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Guatemala desata condena internacional por intento de judicializar a exfuncionarios de la CICIG
Redacción Mundo
CIUDAD DE GUATEMALA / BOGOTÁ / NUEVA YORK – La decisión del Ministerio Público de Guatemala de emitir órdenes de captura contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de ese país, ha intensificado una crisis diplomática regional y ha suscitado duras críticas desde organismos multilaterales y gobiernos aliados en la lucha anticorrupción.
Ambos exfuncionarios fueron altos miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo auspiciado por la ONU que operó en el país entre 2007 y 2019. Las acusaciones —que incluyen asociación ilícita, tráfico de influencias y obstrucción de justicia— se relacionan con investigaciones en el marco del caso Odebrecht. Sin embargo, expertos y diplomáticos coinciden en que los cargos se enmarcan en un patrón más amplio de criminalización de operadores de justicia que colaboraron con la CICIG.
Inmunidades ignoradas
El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, recordó que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad funcional permanente, tal como lo establece el acuerdo internacional que dio origen a la CICIG. Esta prerrogativa —aplicable incluso tras el cese de funciones— ha sido ratificada por la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU y es considerada vinculante bajo el derecho internacional.
La falta de fundamento legal fue también señalada por el Gobierno de Colombia, que ha calificado la orden de captura como una retaliación política. Además, la Interpol no ha emitido ninguna circular roja ni validado el requerimiento judicial, lo que limita severamente su ejecución fuera del territorio guatemalteco.
Riesgos de aislamiento y sanciones
Diplomáticos europeos y estadounidenses, consultados por medios internacionales, han advertido que Guatemala se expone a represalias multilaterales si persiste en violar los principios de inmunidad diplomática y cooperación internacional. Estas podrían incluir:
Suspensión de asistencia judicial y técnica en programas financiados por agencias como USAID y la Unión Europea, especialmente en áreas de fortalecimiento institucional.
Restricciones de visados y sanciones individuales contra fiscales o jueces involucrados en la persecución de operadores de justicia anticorrupción, siguiendo mecanismos similares al Acta Magnitsky Global.
Revisión de acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, en los que Guatemala es socio clave para Estados Unidos y países de Centroamérica.
Además, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado una regresión autoritaria en Guatemala, advirtiendo que esta nueva ofensiva judicial profundiza el desmantelamiento de la independencia judicial iniciado tras el cierre de la CICIG.
¿Una señal para futuros órganos internacionales?
Para expertos en justicia internacional, el caso podría sentar un precedente negativo para futuras misiones anticorrupción en países en desarrollo, al mostrar cómo los Estados pueden intentar judicializar retroactivamente el trabajo de funcionarios internacionales tras el desmonte de mecanismos supervisores.
El caso será seguido de cerca por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por los relatores especiales sobre independencia judicial y defensores de derechos humanos, quienes podrían emitir pronunciamientos en las próximas semanas.
