Viaje en entredicho: alcaldes colombianos, supuestas invitaciones y la sombra de documentos falsos
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Redacción Política y Relaciones Internacionales
Bogotá. — El fallido intento de un grupo de alcaldes colombianos de viajar a Washington ha abierto una tormenta política y diplomática. Las supuestas invitaciones provenientes del embajador de Estados Unidos en Colombia y de congresistas republicanos resultaron ser, al menos en apariencia, “documentos fantasmas”. Ante la falta de certificaciones, el gobierno de Gustavo Petro frenó la salida de los mandatarios y advirtió que ningún alcalde puede representar a Colombia ni firmar acuerdos internacionales sin autorización expresa del Estado.
El episodio, que en principio parecía un simple malentendido logístico, terminó derivando en un debate más profundo: el uso de recursos públicos para fines personales, la tentación de los gobiernos locales de buscar visibilidad internacional y el riesgo de que la suplantación diplomática erosione la confianza entre Bogotá y Washington.
La línea roja de la representación oficial
En Colombia, el marco legal es claro: solo el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, está facultado para representar al país en asuntos internacionales. Ni alcaldes ni gobernadores pueden firmar acuerdos, comprometer recursos o actuar como delegados diplomáticos sin certificaciones oficiales expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por ello, las cartas que tenían en su poder los mandatarios —con supuestas firmas de congresistas estadounidenses y del embajador en Bogotá— generaron sospechas desde el inicio. Ningún trámite de aval internacional pasó por la Cancillería, y tampoco se pidió autorización a la Presidencia.
“La Constitución es explícita: los entes territoriales no tienen capacidad de suscribir compromisos internacionales. Un viaje de esta naturaleza sin respaldo oficial es, en el mejor de los casos, un error administrativo; en el peor, un intento de fraude diplomático”, explicó un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores consultado para este artículo.
El silencio de Washington
A diferencia de otros incidentes diplomáticos en los que las embajadas suelen emitir comunicados inmediatos, la representación de Estados Unidos en Bogotá no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho el Congreso estadounidense, pese a que las cartas de invitación incluían los nombres de legisladores republicanos y, en algunos casos, del secretario de Estado Marco Rubio.
Ese silencio ha dado oxígeno a la hipótesis de la suplantación. Si ni la Embajada ni el Capitolio reconocen las invitaciones, lo más probable es que se trate de documentos falsos diseñados para justificar un viaje personal con apariencia de misión oficial.
En Washington, fuentes diplomáticas señalan que el Departamento de Estado está recopilando información antes de emitir una declaración, para evitar comprometerse en un caso que involucra presunta falsificación de su propio sello institucional.
Viajes con recursos públicos
El punto más delicado para los alcaldes es el uso de fondos municipales. Según información preliminar, varios de los pasajes aéreos y viáticos fueron tramitados con cargo al presupuesto de las alcaldías, bajo el rubro de “misiones oficiales en el exterior”.
Si se confirma que los viajes se intentaron realizar con documentos apócrifos, los mandatarios podrían enfrentar cargos por peculado por apropiación, además de falsedad en documento público. La Procuraduría ya abrió indagación disciplinaria y la Fiscalía evalúa la apertura de una investigación formal.
“Estamos hablando de un doble problema: la posible falsificación de invitaciones diplomáticas y la utilización de recursos públicos para financiar viajes que no tienen carácter oficial”, advirtió un funcionario de la Contraloría General.
La narrativa de la “certificación”
Otro elemento que salió a la luz fue la justificación pública que dieron algunos de los alcaldes antes de emprender el viaje. Según sus propias declaraciones, la delegación planeaba solicitar a congresistas republicanos y a la Embajada de Estados Unidos una especie de “certificación” de apoyo a las políticas de seguridad y cooperación local.
La idea respondía al temor de que, en un escenario de tensiones bilaterales, Washington —y en particular la administración del expresidente Donald Trump— pudiera “descertificar” a Colombia en materia de lucha antidrogas, lo que afectaría directamente a la llegada de recursos internacionales.
Sin embargo, tanto la Embajada de Estados Unidos en Bogotá como el Ministerio del Interior colombiano desmintieron de manera categórica que existiera un proceso de certificación solicitado por alcaldes, o que las invitaciones tuvieran relación alguna con ese trámite.
“Ni el Congreso de Estados Unidos emite certificaciones a alcaldes extranjeros, ni la Embajada avala gestiones unilaterales de mandatarios locales”, indicó una fuente diplomática en Bogotá. El Ministerio del Interior, por su parte, señaló que los únicos interlocutores para este tipo de procesos son el Gobierno Nacional y la Cancillería, nunca las administraciones municipales.
El episodio reveló, además, la confusión y el uso político de un concepto —la certificación anual en materia de drogas que evalúa el Departamento de Estado— que aplica únicamente a gobiernos nacionales y no a autoridades locales.
Aunque ninguno ha hablado en detalle tras la suspensión de los viajes, analistas creen que los alcaldes perseguían principalmente visibilidad política. En un país donde la proyección internacional se traduce en capital simbólico, aparecer en fotos con congresistas estadounidenses puede servir como plataforma para futuras campañas.
Otros sostienen que detrás del viaje había intentos de establecer contactos económicos privados con empresarios en EE. UU., más que acuerdos institucionales. Y no faltan quienes lo interpretan como un desafío indirecto al presidente Petro, en momentos de tensiones con Washington sobre la lucha contra las drogas y la política energética.
Marco Rubio en el centro
El hecho de que el nombre de Marco Rubio, senador republicano por Florida y actual secretario de Estado, supuestamente apareciera en las cartas, añade complejidad al caso. Rubio es una de las voces más críticas frente a los gobiernos de izquierda en la región, incluido el de Petro.
Desde su oficina se desmintió cualquier vínculo con los alcaldes y se calificó de “fraude inaceptable” el uso de su nombre. Aunque la declaración no fue oficial del Departamento de Estado, la mención a Rubio refuerza la idea de que alguien en Colombia intentó aprovechar el peso simbólico de figuras republicanas para legitimar un viaje sin base legal.
Un síntoma de desconfianza
El trasfondo de este episodio va más allá de unas cartas falsas. Revela la creciente desconexión entre autoridades locales y el Gobierno Nacional, así como la percepción de que es posible “saltar” los canales diplomáticos para obtener beneficios políticos inmediatos.
En Washington, el caso es leído como un síntoma de la fragmentación institucional colombiana, donde mandatarios locales buscan agendas propias sin coordinación con la Cancillería. Para Petro, es una oportunidad de reafirmar que el monopolio de la política exterior sigue en manos del Ejecutivo.
Conclusión: credibilidad en juego
El viaje nunca se concretó, pero sus efectos ya son visibles. Los alcaldes quedaron bajo sospecha, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron expedientes, y la relación con Washington carga ahora con un nuevo episodio de desconfianza.
La lección es clara: sin certificaciones oficiales, ningún mandatario local puede representar a Colombia en el exterior ni comprometer a sus municipios en acuerdos internacionales. Ignorar esta norma no solo abre la puerta a sanciones penales y disciplinarias, sino que erosiona la credibilidad de la institucionalidad colombiana ante sus principales aliados.
En diplomacia, la confianza es un activo tan valioso como frágil. Y en este caso, unos documentos dudosos bastaron para ponerla en entredicho
