#VickyYLaFiscalía. ¿Periodismo o favor judicial?: La filtración de chats de Nicolás Petro y el rol cuestionado de Vicky Dávila
GMTV Productora Internacional 
Redacción Judicial – GMTV Productora Internacional
La divulgación de conversaciones privadas entre Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, y su exesposa Day Vásquez, por parte de la periodista y hoy precandidata presidencial Vicky Dávila, ha desatado un intenso debate legal y ético sobre la cadena de custodia de pruebas en manos de la Fiscalía General de la Nación. El hecho plantea preguntas de fondo sobre la independencia judicial, el uso político de información reservada y los vínculos entre ciertos sectores del periodismo y el poder judicial.
Una filtración con sabor a privilegio
El 3 de agosto, Vicky Dávila publicó a través de sus redes sociales una serie de chats extraídos del celular de Day Vásquez. Según sus propias palabras, se trataba de conversaciones “hasta ahora secretas”, extraídas del expediente judicial que cursa contra Nicolás Petro por presuntos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los mensajes datan de 2021 y 2022, y describen supuestas fiestas privadas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, con alusiones a licor, mujeres, y la presencia de personajes como el actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
Sin embargo, las implicaciones van mucho más allá del morbo político. La publicación ha encendido las alarmas en círculos judiciales debido a que los archivos revelados formaban parte del material probatorio bajo reserva legal. Así lo confirmó la propia Day Vásquez, quien afirmó en su cuenta de X (antes Twitter): “Los chats que han sido publicados en el día de hoy por Vicky Dávila se encuentran en poder de la Fiscalía desde el día uno”. Esto abre una preocupante hipótesis: ¿accedió Dávila de forma irregular a un expediente reservado?, ¿hubo un “favor” judicial para beneficiar políticamente a la precandidata?
Cadena de custodia rota: ¿Delito o simple descuido?
En derecho penal, la cadena de custodia es el procedimiento que garantiza que las evidencias no sean manipuladas desde su recolección hasta su presentación en juicio. Si los chats publicados por Dávila salieron directamente de los archivos de la Fiscalía, sin autorización legal, se habría vulnerado esta cadena, con posibles consecuencias graves: desde la nulidad de pruebas hasta sanciones disciplinarias o penales para los funcionarios involucrados.
En ese contexto, el papel de Vicky Dávila se vuelve central. Si recibió los archivos por canales irregulares —por ejemplo, a través de fiscales cercanos a su entorno político o periodístico—, podría ser investigada por delitos como violación ilícita de comunicaciones, abuso de información privilegiada o encubrimiento por favorecimiento. Todo dependerá de si la Fiscalía decide abrir una indagación formal, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Vínculos en la sombra: ¿Quién le entregó el material?
No es la primera vez que el periodismo de Dávila se ve involucrado en polémicas por el acceso anticipado a expedientes judiciales. Su cercanía con altos funcionarios del ente acusador ha sido tema de conversación en múltiples círculos políticos, aunque nunca comprobada formalmente. Sin embargo, en este caso en particular, el nivel de detalle y la cronología exacta de los chats publicados por ella sugieren que no se trata de una filtración común, sino de un acceso directo al expediente madre contra Nicolás Petro, bajo resguardo de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.
Sectores del derecho ya han comenzado a preguntar: ¿Hubo complicidad interna para manipular el caso Petro y favorecer a una figura política en campaña? ¿Se está utilizando la justicia como arma electoral?
Implicaciones para los implicados
Si se comprueba que hubo ruptura de la cadena de custodia, la defensa de Nicolás Petro podría solicitar la exclusión de los chats del proceso penal por haberse contaminado. Esto debilitaría uno de los pilares de la acusación fiscal y, por extensión, generaría un boomerang judicial que podría terminar afectando la credibilidad del caso.
Por otro lado, los mensajes publicados, si bien comprometedores desde un punto de vista ético o político, no constituyen evidencia directa de un delito cometido por el presidente Petro. El uso de su nombre en conversaciones privadas y los rumores sobre su vida personal podrían terminar siendo más un distractor electoral que una pieza judicial sólida.
El dilema entre periodismo, política y justicia
La controversia vuelve a poner sobre la mesa el complejo rol del periodismo político en Colombia. ¿Hasta dónde puede llegar una periodista para “informar” sin vulnerar garantías procesales? ¿Es ético que una precandidata presidencial utilice piezas de un expediente reservado para atacar a sus contrincantes? Y más aún: ¿quién vigila a quienes tienen acceso privilegiado a la información judicial?
Por ahora, ni la Fiscalía ni la Procuraduría han emitido pronunciamientos sobre posibles investigaciones internas para esclarecer cómo salió ese material confidencial. Tampoco se ha aclarado si Day Vásquez autorizó, directa o indirectamente, la publicación de sus comunicaciones privadas. En medio de ese limbo jurídico y ético, el caso comienza a tomar ribetes de escándalo de Estado.
¿Y la justicia?
A medida que se acercan las elecciones de 2026, este episodio deja una advertencia: la instrumentalización de la justicia para fines políticos amenaza no solo el debido proceso de los investigados, sino la legitimidad del Estado de derecho. Y en medio de todo, la figura de Vicky Dávila queda bajo la lupa. Si se comprueba que hubo un favor político disfrazado de primicia periodística, no solo podría perder credibilidad como comunicadora: también podría enfrentar consecuencias penales.
Análisis experto: ¿Ruptura de cadena de custodia o uso legítimo de fuentes?
Para entender las implicaciones legales del caso Vicky Dávila y la publicación de los chats de Nicolás Petro, consultamos a tres especialistas en derecho penal, ética del periodismo y administración de justicia. Sus respuestas trazan un panorama preocupante: si se comprueba que hubo filtración irregular de pruebas, el daño no sería solo al caso Petro, sino a la institucionalidad misma de la Fiscalía.
“Estamos ante una posible violación del artículo 269 del Código Penal”: Dra. Patricia Rincón, penalista y exfiscal delegada ante el Tribunal Superior:
“La cadena de custodia es sagrada en derecho penal. Si una evidencia reservada —como estos chats extraídos de un celular incautado— es divulgada sin autorización judicial ni consentimiento del titular, se incurre en violación ilícita de comunicaciones o, incluso, en fraude procesal. Además, si la persona que accede al expediente lo hace gracias a su relación con funcionarios, podría estar incurriendo en tráfico de influencias o abuso de confianza calificado”.
Rincón sugiere que la Fiscalía debería abrir una “actuación disciplinaria interna” para establecer si alguien del ente acusador entregó de manera irregular ese material.
“Esto no es una investigación periodística, es activismo electoral con información privilegiada” Carlos Andrés Lozano, docente de periodismo judicial en la Universidad del Rosario:
“El problema con la publicación de Dávila no es solo ético. Ella no presentó un contexto, ni explicó cómo obtuvo los chats. Tampoco contrastó fuentes ni dio espacio a los aludidos. En el mejor de los casos, esto es un uso político de una filtración; en el peor, una maniobra coordinada entre actores judiciales y mediáticos para golpear al presidente desde el interior del aparato de justicia”.
Lozano enfatiza que la protección del periodismo independiente “no ampara el uso de pruebas reservadas si se incurre en delitos para obtenerlas”.
“Si hay ruptura de la cadena, todo el expediente puede quedar en entredicho” Julián Páez, experto en teoría de la prueba y asesor jurídico:
“Cuando una prueba es filtrada sin control, se rompe la cadena de custodia. Esto no solo tiene consecuencias disciplinarias para los funcionarios, sino que puede invalidar esa evidencia dentro del proceso. Si la defensa de Nicolás Petro demuestra que los archivos fueron manipulados o divulgados sin control judicial, podría solicitar que se excluyan. El riesgo es que eso arrastre buena parte del caso”.
Páez sostiene que este tipo de episodios son “una bomba de tiempo” para la Fiscalía, porque si se confirma la filtración, se abriría la puerta para que otros imputados reclamen “nulidades por contaminación probatoria”.
En consecuencia, Este escándalo trasciende el morbo político. Se trata de una pugna peligrosa entre el periodismo político, el sistema judicial y las aspiraciones electorales de ciertos actores que, con acceso privilegiado, estarían socavando el debido proceso y la confianza pública. El silencio de la Fiscalía hasta ahora solo agrava la sospecha.
